Pobreza legislativa
En la agonía del CONEVAL, antes encargado oficialmente de medir la pobreza y evaluar la política social, la nueva institución encargada constitucionalmente de medirla, el INEGI, no pudo hacerlo, y aquella no facultada para ello, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, si lo hizo.
Esta es la consecuencia del vacío legal que dejó el Poder Legislativo, al cual le sigue un defectuoso marco jurídico que debilita tanto la medición de la pobreza como la evaluación de la política social.
En noviembre de 2024 se aprobó la reforma constitucional que eliminaba varios órganos autónomos, incluyendo al CONEVAL. Con ello, el gobierno se convirtió en juez y parte en diversos asuntos públicos sin un apreciable ahorro de recursos. La reforma transfirió la medición y la evaluación que hacía el CONEVAL a otro ente autónomo, el INEGI. Pese a ello, la ley secundaria que detallaría el cambio no se elaboró en el plazo establecido de tres meses tras la publicación de la reforma.
En medio del limbo legislativo, el 29 de mayo pasado apareció la información que permitía hacer la medición de la pobreza laboral (proporción hogares para los que su ingreso por trabajo no les permite comprar la canasta mínima de alimentos). Así, el INEGI no pudo medir esta pobreza al carecer de facultades específicas, y por primera vez el CONEVAL la omitió al encontrarse prácticamente desmantelado. En este vacío comenzaron a danzar cifras no oficiales que desorientan o se prestan al engaño.
Sin facultades para medir la pobreza, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) hizo sus propias estimaciones y las difundió. Aunque tuvo la precaución de advertir que sus cifras no eran oficiales olvidó mencionar que incurría en un conflicto de interés, pues sus propias políticas son en cierta forma evaluadas por aquello que midió. Afortunadamente, los cálculos independientes de la organización de la sociedad civil México Cómo Vamos verificaron las del organismo público.
La titular del Ejecutivo difundió las cifras de la Conasami en su conferencia matutina, pero las atribuyó erróneamente al INEGI. Al enredo, la presidenta Sheinbaum agregó días después cálculos de pobreza del Banco Mundial que tampoco son oficiales, son más limitadas que las del CONEVAL y mezclan datos con proyecciones. Aunque cada actor tiene su responsabilidad en estos excesos o equívocos, el caldo de cultivo para ello lo proporcionó la tardanza del Legislativo en definir las nuevas leyes.
El vacío legal terminó el 23 de junio con la transferencia de la totalidad de las facultades del Coneval al INEGI, lo que conduce a otros problemas. Por una parte, se debilita la confianza en la medición de la pobreza al eliminar un mecanismo institucional de análisis de los datos del INEGI. Por otra, se debilita al propio INEGI al forzar en su misión de generación de datos la evaluación de la política social, mezclando labores que se inclinan a lo factual por un lado y a lo valorativo por otro.
Pese a su capacidad técnica, el INEGI ha tenido fallos en la generación de sus datos. Esto ocurrió claramente en 2016, cuando modificó el procedimiento de levantamiento del ingreso de los hogares y obtuvo cifras incomparables con las anteriores. El Coneval detectó el problema y ayudó a mitigarlo fungiendo como un monitor confiable del INEGI. Esta función institucional ha sido abandonada en el nuevo marco jurídico, lo que plantea una vulnerabilidad en la medición de la pobreza.
Por otra parte, históricamente, el INEGI ha sido cuidadoso en no incorporar en su reporte de datos valoraciones que pertenecen a la política pública. Ahora, se le pide que maneje un marco normativo para emitir juicios sobre la política social. Sin duda esto requiere pericia técnica, pero de una naturaleza diferente a la usual en el instituto. Si no se crea la respectiva área especializada, con los recursos adecuados, la evaluación de la política social y el propio INEGI sufrirán para lograr sus objetivos.
Qué bien que el Legislativo a dejado de ser remiso en las tareas que abrieron la puerta al oportunismo estadístico, pero que mal que eso no le alcanzó para evitar el empobrecimiento de la medición y la evaluación de la pobreza.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
