La crisis alimentaria que impulsará mayor pobreza en México
Las afectaciones a la disponibilidad de alimentos es un asunto para tomarse muy en serio en México.
La escasez de alimentos, especialmente para las poblaciones que viven en mayor pobreza de ingresos, se ha agravado por un fuerte incremento en los precios causado por la invasión rusa en Ucrania, el alza de los energéticos, la pandemia que ha distorsionado las cadenas de suministro, los efectos del cambio climático en los cultivos, el creciente proteccionismo de los países productores y la especulación financiera. Factores que multiplicarán la pobreza alimentaria en el mundo y, por supuesto, entre la población mexicana, de no tomar medidas al respecto.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el pasado 18 de mayo que se avecina una escasez mundial de alimentos que podría durar años. The Economist abordó el asunto, en su más reciente edición, bajo el título "La catástrofe alimentaria que se avecina".
En su texto principal la revista británica advierte que, "la respuesta derivada de la preocupación de los políticos podría empeorar la situación. Desde que comenzó la guerra, 23 países, desde Kazajstán hasta Kuwait, han declarado severas restricciones a las exportaciones de alimentos que cubren el 10% de las calorías comercializadas a nivel mundial. Más de una quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes están restringidas. Si el comercio se detiene, se producirá la hambruna".
En México, los efectos del encarecimiento en los alimentos básicos se resienten con fuerza. El país es uno en los que más se han incrementado los precios de los alimentos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por encima de sus socios, Canadá y Estados Unidos.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas en México se incrementaron 12.3% en los últimos 12 meses, a la primera quincena de mayo, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Algunos productos como el aceite, las tortillas o el pan han sufridos incrementos severos.
Entre 2019 y 2021 el costo promedio de la canasta alimentaria en la zona urbana se elevó 15.4%, mientras que en la zona rural el costo subió 18.5%, según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Estos datos se habrían incrementado aún más en el primer trimestre de este año con una inflación desbocada.
Dado que la menor disponibilidad de alimentos, y su encarecimiento, afecta a los mas pobres -quienes gastan una gran parte de su ingresos en obtenerlos- el nivel de bienestar en México se deterioraría aún más en este año. De acuerdo con datos del Coneval al cuarto trimestre de 2021, el 40.3% de la población mexicana se encontraba en pobreza laboral -dado que su ingreso no alcanza a cubrir el costo de la canasta alimentaria-, después de que en 2019 este porcentaje era de 38.9%. Es de esperarse que el nivel de pobreza en el país se extienda aún más en este y los próximos años.
De allí que expertos en políticas sobre la desigualdad y la pobreza, como Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, han planteado que ante la inflación desbocada en alimentos, el gobierno debería otorgar apoyos monetarios extraordinarios a la población de menores ingresos, a fin de ayudar "a moderar la elevación de la pobreza", que se espera sea inminente.
Rendimiento de cultivos se reducirá 20% en México en 2040
Pero no solo la guerra, la pandemia y la multiplicación del proteccionismo entre las naciones productoras, son los causantes de las graves distorsiones en la oferta de alimentos limitando su disponibilidad y encareciendo sus precios. También lo es el cambio climático.
Con el aumento de la temperatura, de 1.5 a 2°C, el riesgo de pérdida simultánea de la cosecha de maíz se estima en un 40%, de acuerdo con el reporte Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo de las Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático.
En México, “los costos acumulados durante este siglo serían comparables a perder entre el 50% y hasta más de cuatro o cinco veces el producto interno bruto actual”, dijo Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, durante una conferencia virtual a medios.
Estima que la reducción en el rendimiento de los cultivos será de cinco a 20% en las próximas dos décadas, y de hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y entidades. Destaca que “los estados con mayor aptitud actualmente para maíz de temporal podrían perder, a finales de siglo, entre un 30 y un 40% en rendimientos”.
Sin el desarrollo de medidas que ayuden a mitigar el aumento de la temperatura, la agricultura, uno de los principales sectores exportadores de la región de América Latina y el Caribe se verá duramente afectada. “La baja en los rendimientos de trigo, soja, maíz y arroz puede significar un duro golpe económico y amenazar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la región”, según el informe Consolidando la Recuperación : Aprovechando las Oportunidades del Crecimiento Verde publicado el mes pasado por el Banco Mundial (BM).
El informe agrega que “las exportaciones de la región pueden verse reducidas debido a la adopción paulatina por parte de la Unión Europea (UE) de los Mecanismos de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que impondría un arancel sobre los bienes intensivos en carbono o que tengan otros efectos perjudiciales para el medio ambiente”.
AL responsable del 14% de los cultivos del mundo
En los territorios rurales de América Latina y el Caribe se producen alimentos para más de 800 millones de personas y se siembra el 14% de los cultivos del mundo, según las Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2021-2022, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
No obstante, los procesos de producción agrícola son responsables del 46% de los gases de efecto invernadero en la región.
Los principales cultivos de la región son café, cacao, plátano y caña de azúcar, según la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), red latinoamericana de productores co-dueña del sistema Fairtrade International.
Los estragos del cambio climático ya se hacen presentes. Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, redujo un 3.8 % su previsión de cosecha de granos para 2022 hasta las 261,6 millones de toneladas por “problemas climáticos" vinculados a la falta de lluvias. Así mismo, India ha restringido las exportaciones de trigo por la subida de precios derivada de la guerra y la baja productividad marcada por la fuerte ola de calor.
“Una de las principales ventajas de ALC es su alto nivel de capital natural. Posee más de un cuarto de la superficie forestada del mundo, uno de los niveles más altos de recursos de agua dulce renovable y alrededor de la mitad de la biodiversidad del mundo. Administrar estos recursos es crucial para desacelerar el cambio climático a nivel global, y también para que la región mantenga su posición dominante en productos agropecuarios y alimentarios”, señala el informe del BM.
Por lo que se necesita adoptar sistemas tecnológicos que amortiguen el impacto de la región sobre el clima y la ayuden a adaptarse, mientras aprovecha sus ventajas naturales para crecer, por ejemplo, la agricultura climáticamente inteligente. No obstante, para ello se requieren de “inversiones significativas para desarrollar la capacidad de innovación de las personas, empresas y organizaciones”.
Y para acelerar esta adopción de tecnologías bajas en carbono, “los gobiernos deberán comprometerse por medio de políticas creíbles, llevar a cabo o apoyar inversiones complementarias en infraestructura, e innovar en términos de mecanismos de financiamiento y de reducción de riesgos. Se necesitan marcos normativos robustos —de cumplimiento efectivo— en los sectores del agua, energía, agropecuario y forestal”, concluye.
