El problema radica en el componente no subyacente del índice de precios, que está fuera del control de la política monetaria. Mientras la inflación subyacente ha promediado 3.0 por ciento en los últimos tres años, la no subyacente ha promediado 6.3 por ciento en el mismo periodo.
Señalamos que mientras persiste la política pública de incrementar sistemáticamente los precios de los energéticos y de realizar ajustes descontinuos (y a veces absurdos como la tarifa del Metro en la Ciudad de México) en las tarifas autorizadas por el gobierno por encima de la inflación general, será prácticamente imposible cumplir con un objetivo de inflación puntual de 3 por ciento. Nunca dijimos que estas políticas fueran buenas o malas. Simplemente significa que no podemos juzgar el desempeño de las autoridades monetarias por algo que esta fuera de su control. Por lo mismo, propusimos que se utilice la inflación subyacente como el parámetro para el objetivo de inflación.
La intención era analizar el resultado de la inflación, independientemente de juzgar o no la política de precios. Sin embargo, hubo varias personas que vieron en el artículo una crítica a la política de precios. Recibimos varios tuits en defensa de la estrategia del gobierno de subir el precio de la gasolina gradualmente para eliminar un subsidio mal enfocado y regresivo. En esto estamos totalmente de acuerdo, ya que es difícil defender una política de subsidios que entorpece todavía más la distribución inequitativa del ingreso en el país.
La política de precios es una estrategia fiscal, cuyos fines se concentran en los impactos sociales, distributivos y a veces recaudatorios. En algunas ocasiones, el gobierno plantea una política en defensa del poder adquisitivo de algunos segmentos de la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos los controles de precios tienen impactos nocivos, sin poder cumplir con sus objetivos finales. Por lo mismo, es importante pensar a fondo la estrategia, incluyendo los impactos indirectos que pudieran causar.
Por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal otorga un subsidio significativo al transporte del Sistema Colectivo del Metro. Por un lado, brinda un servicio mucho más barato para los usuarios, que típicamente son de bajos recursos. Aunque alguien con ingresos elevados lo puede utilizar y beneficiarse del subsidio, podemos pensar que el subsidio es aprovechado mayoritariamente por la población objetivo. No obstante, la falta de recursos no le permite al gobierno mantenerlo en condiciones óptimas y en horas picos rebasa su capacidad de usuarios. En general, la política de subsidios de los servicios públicos (agua, electricidad, transporte, etc.) funciona como imán para atraer población de las comunidades rurales y ciudades más pequeños a la capital, creando problemas de pobreza, sobrepoblación y escasez de servicios adecuados.
La política de precios del Metro puede otorgar más beneficios que costos, por lo que difícilmente pudiera cambiar. No obstante, mantener el precio muy bajo por un tiempo prolongado, produce la necesidad de realizar mega-ajustes (60 por ciento de aumento) con consecuencias traumáticas para ciertos segmentos de la población. ¿No sería mejor introducir aumentos pequeños más seguidos y así evitar los mega-ajustes?
Aun así, los controles de precios suelen funcionar mejor con servicios, a diferencia con los bienes, ya que es más fácil discriminar la población objetivo. Los ejemplos más absurdos se ven ahora en Venezuela, donde hay escasez en todo tipo de bienes, desde la leche hasta el papel de baño. En la mayoría de los casos, los controles tienen a lo mucho un impacto temporal, con consecuencias mucho más negativas que positivas. Afortunadamente, los gobiernos mexicanos han evitado utilizar estos extremos.
No obstante, la estrategia utilizada por el gobierno en torno a los precios de la gasolina ha sido diferente. El precio internacional aumentó significativamente en la década anterior. En este caso el gobierno programó aumentos mensuales y aceptó un subsidio temporal con el fin de evitar incrementos desproporcionados en su momento; en otras palabras, es la política opuesta al de la tarifa del Metro. ¿Cuál de los dos extremos es mejor?
