Políticas públicas privadas: el caso de las pensiones
En diversas declaraciones, el hombre más rico de México ha propuesto extender la edad de retiro hasta los 75 años, argumentando que una mayor esperanza de vida y los cambios en el mercado laboral lo hacen necesario. Propone fomentar el empleo continuo como la "mejor pensión" posible y sugiere reestructurar las pensiones universales, destinando esos fondos exclusivamente a combatir la pobreza extrema. Aunque sus premisas son ciertas y su preocupación por la sostenibilidad fiscal de las pensiones es razonable, de ellas no se desprende necesariamente lo recomendado.
Desde hace cerca de una década, Carlos Slim ha apuntado que la esperanza de vida aumentó considerablemente desde la creación de los sistemas de pensiones y que en el mercado de trabajo los requerimientos de esfuerzo físico han disminuido notablemente. Ambas cuestiones son ciertas. Desde la creación del primer sistema de pensiones público en México, en 1925, la esperanza de vida se incrementó de 30 a 75 años, mientras que la proporción de empleo en el sector primario, donde las labores agrícolas y mineras requieren mayor desgaste físico, se redujo de 70% a 10%.
Por lo anterior, el multimillonario propone que la edad de jubilación pase de los 65 a los 75 años. Sin embargo, el que las personas vivan más y el trabajo sea menos demandante no implica que las personas deban trabajar más. En principio, tras la edad actual de retiro, las personas podrían trabajar más si así lo desean, pero una vida más larga no las obliga a un mayor esfuerzo de trabajo. El ingeniero Slim es libre de trabajar o no dada su fortuna de más de 100 mil millones de pesos, pero la mayoría no tendría esa libertad mientras espera diez años más para pensionarse.
Slim liga la necesidad de extender la edad de jubilación a las presiones para hacer el sistema pensionario financieramente sostenible. La mayor esperanza de vida aumenta el tiempo de pago de las pensiones, pero también permite que aumente la proporción de adultos mayores pensionables. A finales de los años setenta, cuando la esperanza de vida era de 65 años, el gasto público en pensiones era alrededor de 1% del PIB, mientras que para 2025, con una esperanza de vida de 75 años, este gasto se ha incrementado a casi 6%.
Sin duda, el gasto público en pensiones requiere un gran esfuerzo financiero, pero ello no implica que deba de salir de más años de trabajo. El financiamiento de las pensiones actuales y futuras podría provenir de una reforma fiscal que afectara particularmente a los más ricos. Disminuir las exenciones de impuestos, aumentar la tasa máxima del impuesto sobre la renta y establecer un impuesto a la riqueza podrían avanzar mucho en hacer las pensiones sostenibles. A partir de esa base podría examinarse la extensión necesaria de la edad de retiro, no antes.
Finalmente, Carlos Slim propone reorientar la llamada Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a los más pobres en lugar de mantener su carácter universal, pues es irracional otorgar pensiones no contributivas sin considerar la posición económica de las personas mientras existe pobreza extrema. Esto tiene cierta base al recordar que alrededor del 10% de la población recibe la Pensión del Bienestar mientras la pobreza extrema afecta a poco más de 5%, y no todos los adultos mayores en pobreza extrema reciben la Pensión del Bienestar.
El problema con la propuesta de Slim es que pasa por alto que la mayor distancia económica en México no se encuentra entre los pensionados y las personas en pobreza extrema. Mientras el 1% más rico del país obtiene más de un tercio del ingreso total del país, quienes se encuentran en pobreza extrema captan 2% de dicho ingreso. Si algún ingreso requiere ser reorientado con urgencia para combatir la pobreza extrema no es el de los pensionados, ni siquiera el de aquellos que reciben pensiones contributivas, sino el de los más ricos.
La propuesta de incrementar la edad de retiro, trabajar más para pagar las pensiones contributivas y reorientar las pensiones no contributivas para combatir la pobreza extrema tiene sentido desde la perspectiva privada. Desde un enfoque de política pública, plantear una reforma fiscal progresiva, que incluya un impuesto a la riqueza, parecería ser el prerrequisito para ajustar la edad de retiro y la universalidad de las pensiones no contributivas. En todo caso, la política social planteada desde lo privado debe alimentar el debate público, pero nunca impulsarse sin pasar por él.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
