Paquete Económico 2026 para la improductividad
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que se aprobó la madrugada del jueves 6 de noviembre es un mal presupuesto que no generará crecimiento inclusivo con movilidad social ni ayudará a que mejore la productividad de la economía.
No prioriza el gasto público eficiente en capital humano y físico y sí, en cambio, privilegia el gasto corriente para pago de pensiones y costo financiero. Ese perfil de gasto, en el mejor de los casos, sirve para mantener en el corto plazo la estabilidad económica, evitar una crisis y ganar la próxima elección, pero no para desarrollar al país.
El crecimiento inclusivo con movilidad social se logra cuando se invierte en la formación de capacidades educativas y de salud de las personas para así favorecer su integración y funcionamiento en el mercado laboral, tal y como recomiendan las tesis de Amartya Sen (Ver “Desarrollo y Libertad, 1998 https://shorturl.at/0ft6r). El aumento de la productividad -es decir, de la capacidad de producir más, mejor y al mismo o menor costo- se logra incentivando la creación y sobrevivencia de empresas formales, innovadoras y eficientes en las que el trabajador se pueda incorporar y desarrollar. Y como bien señala Santiago Levy, en su libro “Esfuerzos Mal Recompensados, la elusiva búsqueda de la prosperidad en México, 2018”, la mayor productividad de un país permite el impulso de su crecimiento.
Pero el Paquete Económico 2026 (PEF) avanza en la dirección contraria para el logro de estos objetivos de productividad y desarrollo. Fomenta la sobrevivencia -sin cambios- de empresas extractivas como PEMEX y CFE, que consumen una cantidad incremental de recursos públicos para el pago de su deuda directa, pensionaria y para otorgar subsidios a la energía. Todo lo cual, además, afecta la calificación de deuda del país. Son empresas monopólicas extractoras de rentas y bienestar del consumidor. Son el tipo de empresas que critican Acemoglou & Robinson, premios Nobel de Economía 2025 en su libro “¿Por qué fallan las Naciones?”.
Para tener instituciones más inclusivas, México debería rediseñar las que tiene para que garanticen a las personas un acceso equitativo a educación y salud de calidad, en un ambiente de libertades políticas y de acceso a la justicia. Pero el gasto en educación pública es de apenas 3.2% del PIB; un monto por debajo del promedio que destinan los países de la OCDE (4.3% del PIB) y del 8% establecido en la Ley General de Educación. En salud pública es de apenas 2.6% del PIB siendo que el gasto debiera ser -de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)- de al menos 6% del PIB. (Ver CIEP 2026 https://shorturl.at/JtRJ9) Y sin inversión suficiente en educación y salud de calidad resulta imposible tener el capital humano que detone la productividad.
Otro aspecto que lastima la productividad, es que el PEF prevé seguir regalando la seguridad social (salud y pensiones) a los trabajadores informales a través de programas no contributivos, lo que continuará incentivando la informalidad en el empleo y el enanismo empresarial. Los programas del Bienestar -como la pensión para adultos mayores y la pensión de mujeres del bienestar entre otros- van a consumir alrededor de 3% del PIB (Ver análisis de México Evalúa “ERARIО #PaqueteEconómico 2026” en https://shorturl.at/Pfeny). Todos estos programas sociales, como sostiene Santiago Levy (Idem), fomentan la informalidad y lastiman la productividad.
Y es que la carga de esta seguridad social puede oscilar en alrededor del 25% y 40% del salario nominal del trabajador. Esto, por concepto de servicios médicos del IMSS, aportaciones a la subcuenta de vivienda a través del INFONAVIT, ahorro obligatorio para el retiro vía el Sistema de Ahorro para el Retiro, y la protección social establecida en la Ley Federal del Trabajo en relación a un salario mínimo y una indemnización en caso de despido. Esto representa un costo muy alto y una complejidad administrativa muy fuerte, especialmente para las MIPYMES.
¿Pero para qué seguir pagando esta onerosa carga contributiva tan alta si el régimen fiscal Simplificado de Confianza (RESICO) permite a las empresas cumplir con el fisco en forma mucho más barata y moverlos a la seguridad social informal? A través del RESICO se pagan del 1% al 2.5% sobre los ingresos brutos quienes tienen ingresos inferiores a 3.5 millones de pesos, en lugar del 35% sobre utilidades por ISR que pagan las empresas que superan ese umbral. Así, las empresas caen en el síndrome de Peter Pan: prefieren nunca crecer para no tributar más con las consecuencias negativas que esto tiene para la productividad de las empresas y el crecimiento del país.
Pero el enanismo empresarial, y por ende la menor productividad, se incentiva también por el terrorismo fiscal del que actualmente es víctima el sector MIPYME formal (https://shorturl.at/XXHmB). La Reforma Fiscal 2026 no resuelve el problema estructural de la baja recaudación y -esencialmente- lo que hace es apretar a los contribuyentes cautivos aumentando tasas y estableciendo contribuciones por recargos. Y si bien busca aumentar marginalmente los ingresos vía mayores impuestos a plataformas digitales y a juegos y sorteos, esto no aborda directamente a la mayoría de la población que labora en la economía informal. No se cobra algún nuevo impuesto o se establece algún régimen masivo de cobro tributario que afecte a su base electoral, salvo por el aumento de los impuestos a las bebidas con alto contenido calórico que se aprobó.
Esto es entendible, pues los incentivos electorales de Morena y aliados esencialmente están alineados con los de su base de votantes que mayoritariamente trabaja en la informalidad. Su voto duro está compuesto principalmente por sectores populares con bajos ingresos, menor nivel educativo formal y alta dependencia de programas sociales. Apoyar a este segmento socio-económico con políticas asistencialistas y esencialmente no cobrarles impuestos, da altos rendimientos electorales, aunque el hacerlo vaya en detrimento de la productividad y el crecimiento del país.
Por todo lo anterior, es que el Paquete Económico 2026 aprobado es malo. Al ahondar el terrorismo fiscal y no incorporar esencialmente al segmento popular al pago de impuestos, no aumenta la base de contribuyentes. Al continuar en la línea de dar seguridad social gratuita a los informales y de apretar a los contribuyentes cautivos, desincentiva la formalización de empresas y lastima el aumento de la productividad y el crecimiento del PIB.
La pobre recaudación, el mal gasto a favor de PEMEX y CFE, la continuación de programas asistencialistas/electoreros y el mayor pago de deuda pública, seguirá afectando negativamente la formación de capacidades educativas, de salud e infraestructura. Todo esto en detrimento del crecimiento inclusivo con movilidad social.
X: @ediazinfante
Enrique Díaz-Infante
Es académico en la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Es autor del libro “Regulación Financiera y Competencia Económica” y coautor de “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar” del CEEY. Publica regularmente en Arena Pública y en el periódico Reforma.
