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Controversia CONEVAL-INEGI

28-07-2016 17:38

CONEVAL emitió su postura sobre el cambio del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 del INEGI. Esto dio inicio al debate entre estas instituciones.

Por Alicia Santana

Investigadora Senior Área de Desarrollo Social y Económico

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

 

 

Hace unos días el CONEVAL emitió su posicionamiento con respecto a la modificación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 con el que el INEGI capta el ingreso de los hogares. De acuerdo con el CONEVAL, los cambios advierten un crecimiento del 11% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y del 33.6% en el ingreso de los hogares más pobres en un solo año. Esto marcó el inicio de un debate entre estas dos instituciones.

Por un lado, el CONEVAL manifestó su extrañeza por no haber sido consultado para llevar a cabo estos cambios, no sólo porque la normatividad vigente Ley General de Desarrollo Social establece que toda modificación en los instrumentos estadísticos encuestas o censos que afecten las estimaciones de pobreza deberán ser consultados al CONEVAL, sino también porque estos cambios interrumpen la evolución histórica de las mediciones de pobreza que CONEVAL ha presentado desde 2008.

A su vez, el INEGI explicó que la razón de esta modificación es la de mejorar la forma en la que se recaba la información referente al ingreso, ya que hay evidencia de que existe un problema de sub reporte en la declaración de ingresos por parte de los encuestados, lo que genera una asimetría entre los ingresos reportados por las encuestas de ingresos de los hogares y su contrapartida en Cuentas Nacionales.

Si bien, es cierto que es necesario mejorar el levantamiento de la información para tener mejores estimaciones en los indicadores sociales y económicos, extrañan varios aspectos sobre la forma en que se llevaron a cabo estos cambios. Por un lado, la mejora en el protocolo de levantamiento de la información solo se hace a una parte de los encuestados –hogares donde se respondiera que obtenían mil pesos o menos por familia–, por otro lado se hace evidente la falta de una efectiva coordinación entre las instituciones responsables de llevar a cabo la importante tarea de estimar la pobreza. Más aún cuando las estimaciones generadas de esta problemática sirven para el diseño e implementación de decisiones gubernamentales en torno a las políticas y acciones para mejorar el bienestar social.

El desacierto del INEGI en no comunicar la modificación de sus procesos preocupa, ya que abona a la opacidad, confunde y emite señales negativas a la ciudadanía poniendo en duda el trabajo y prestigio de muchos años. También es motivo de preocupación que un tema tan sensible e importante como el combatir la pobreza se pueda politizar.

Todo esto debería servir de experiencia para que en lo sucesivo las partes involucradas se apeguen a cabalidad a los ordenamientos jurídicos, actúen de manera transparente y aseguren que la vinculación interinstitucional sea coordinada y simétrica, cuidando que la comunicación social sea oportuna y asertiva.  

 

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