Por qué invertir en investigación es clave para combatir la pobreza
En el debate público hay una intuición que suena razonable, incluso moral: en un país con pobreza persistente, gastar en ciencia —y más aún en el espacio— es un lujo. La disyuntiva parece evidente: o se financian cohetes o se atienden carencias. En mi opinión, esta es una intuición equivocada.
El pasado 8 de abril, al comentar las imágenes de la misión Artemis II, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la pregunta en esos términos: ¿tiene sentido dedicar recursos a estos proyectos cuando millones viven en pobreza? La duda no es nueva. Desde que John F. Kennedy prometió llevar al hombre a la Luna, la tensión entre ambición tecnológica y urgencia social reaparece cíclicamente.
La respuesta es que la disyuntiva es falsa. Invertir en investigación no es un lujo frente a la pobreza; es parte de la forma en que se sale de ella. Parte de la confusión proviene de una imagen engañosa: que el dinero “se va al espacio”. En realidad, en el corto plazo, se queda en la Tierra. Paga salarios, financia universidades, activa proveedores. En el largo plazo, produce conocimiento. Este conocimiento tiene una propiedad que incomoda en la discusión política: no se agota; sino que se acumula.
La NASA lleva décadas documentando los efectos de ese proceso. Del programa Apollo surgieron miles de aplicaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana: desde sensores de imagen hasta avances médicos como los implantes cocleares para auxiliar en la audición. Puede que estas aplicaciones no hayan sido una consecuencia directa, pero este tipo de inversiones termina generando beneficios que aparecen en lugares inesperados y se acumulan con el tiempo.
Mirado con el lente convencional, el argumento contrario parece sensato. Si una economía combina capital y trabajo para producir, cada peso tiene un costo de oportunidad inmediato. Lo que se destina a investigación deja de financiar otra cosa. Bajo esa lógica, la ciencia —sobre todo la básica— parece un lujo en contextos de escasez.
Ese lente, sin embargo, es incompleto. Junto a la producción de bienes existe la producción de ideas. Sus insumos son distintos —investigación, aprendizaje acumulado, tiempo— y su producto no se mide en unidades físicas, sino en progreso tecnológico. Es ese progreso el que, con el tiempo, altera la frontera de posibilidades de producción, ya que permite producir más con los mismos recursos y abre sectores enteros que antes no existían.
La evidencia comparada apunta a un patrón más matizado. Las economías que han reducido la pobreza de manera sostenida no son necesariamente las que más redistribuyen en el corto plazo, sino aquellas que logran elevar su capacidad productiva de forma persistente. Corea del Sur, Singapur, Irlanda o China siguieron trayectorias distintas, pero comparten un rasgo: combinaron inversión en educación, apertura al capital y adopción tecnológica con instituciones que, en distintos grados, facilitaron la movilidad económica.
Esto no implica desestimar una policía de desarrollo basada en transferencias. Funcionan como red de protección y amortiguan choques. Pero no son, por sí solas, una estrategia de salida. Una transferencia se consume una vez. Una innovación, cuando funciona, se replica durante años. El punto es menos ideológico de lo que suele plantearse. Es una cuestión de dinámica. Sin crecimiento de la productividad, el espacio para mejorar niveles de vida se estrecha.
Hay, además, una dimensión incómoda en el uso del gasto público que suele quedar fuera del debate. El problema no es financiar ciencia de frontera. Esa que empuja los límites más allá de lo que sabemos. El problema es sostener, de forma recurrente, actividades que no generan valor y que exigen recursos cada año. Empresas públicas deficitarias, proyectos sin retorno económico claro, subsidios que terminan beneficiando más a quien más consume. Ese gasto no solo no produce rendimientos; compite directamente con inversiones que sí podrían hacerlo.
Plantear la discusión como “espacio o pobreza” simplifica en exceso un dilema que en realidad es distinto: cómo asignar recursos entre usos que construyen capacidad y usos que la erosionan. La primera categoría —educación, investigación, infraestructura de calidad— expande el conjunto de opciones futuras. La segunda lo reduce.
Nada de esto elimina la incomodidad ética de la pobreza. La hace, si acaso, más exigente. Obliga a distinguir entre políticas que alivian y políticas que transforman y a aceptar que, en ocasiones, las segundas no son las más visibles ni las más inmediatas.
Las imágenes de la Luna no son, por sí mismas, una política social. Pero son un recordatorio de algo más amplio: que el progreso económico no surge de distribuir mejor un pastel fijo, sino de hacerlo crecer. Cuando ese crecimiento es sostenido, depende menos de decisiones de corto plazo que de la acumulación persistente de conocimiento.
Lo verdaderamente costoso —y regresivo— no es invertir en ideas. Es gastar en aquello que no cambia nada y comprometer, con ello, la capacidad de cambiar algo en el futuro.