Hacienda se hace "pato" con las pensiones

El jueves 7 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado para responder a una nota de Charlene Domínguez publicada en esa misma fecha por el diario Reforma en la que se reporta que el gasto en pensiones y la deuda pública alcanzaron niveles récord en el primer trimestre de 2026.

Lo señalado en la nota periodística está sustentado en un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), titulado “Hacienda en la Mira: Primer Trimestre de 2026” y en otro de Integralia Consultores. Ambos están basados en cifras oficiales reportadas por la propia secretaría en sus Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y en el Informe sobre las Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre del año y sus anexos estadísticos.

La respuesta de Hacienda destaca que el estudio del IMCO que se menciona en la nota contiene información imperfecta y confusa porque se centra en el gasto y porque omite los ingresos y las fuentes de financiamiento y los activos disponibles para hacer frente a las obligaciones de deuda y pensiones.

Además, Hacienda señala que el indicador apropiado sobre la deuda pública es la deuda neta, y no la deuda bruta que destaca el IMCO. A este respecto, hay que señalar a Hacienda que el estudio del IMCO contiene en su primera parte la información relativa a los ingresos públicos, y en su parte final lo concerniente al financiamiento. La verdad es que las conclusiones del IMCO son esencialmente las mismas si se considera la deuda neta o la deuda bruta.

Con todo, la mayoría de los analistas consideran que, con la revisión reciente a la baja del pronóstico de crecimiento de Hacienda de 3% a 2.3%, la deuda y el déficit públicos superarán las previsiones de los Criterios de Política Económica para este año y que, en consecuencia, el endeudamiento y déficit públicos serán mayores a lo previsto, al punto que será prácticamente imposible avanzar en la consolidación fiscal durante el presente año. Ahora considere que el Banco de México acaba de dejar entrever que el crecimiento del PIB en 2026 podría ser de alrededor de 1%. 

Economía

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Más aún, la revisión de la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de estable a una perspectiva negativa por parte de Standard and Poor’s atribuye esta revisión a la expectativa de un menor crecimiento económico, a la fuerte contracción que viene mostrando la inversión privada, a las consecuencias negativas que las reformas del marco jurídico y la inseguridad han tenido sobre el clima de negocios, y a la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones del T-MEC en julio.

Sobre el T-MEC, el propio secretario de economía, Marcelo Ebrard, ha adelantado que es casi un hecho que con la revisión del T-MEC difícilmente se eliminaran los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de productos mexicanos. Además, están por verse cuáles serán las notas de las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s. No sería de sorprender que aquí también veamos un deterioro hacia una perspectiva negativa en las calificaciones de la deuda soberana, o por lo menos un diagnóstico similar al de Standard and Poor’s.

Retomando los argumentos de Hacienda a la nota de Reforma, la secretaría alega en su comunicado varios puntos que merecen ser revisados.

• Con relación a las pensiones contributivas no pueden analizarse sin considerar su respaldo derivado de las aportaciones a la seguridad social, las reservas y mecanismos financieros diseñados para cubrir obligaciones presentes y futuras. En lo particular señala que en el primer trimestre de 2026 las contribuciones a la seguridad social ascendieron a 178 mil millones de pesos, mientras que las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social se ubicaron en 543.2 mil millones de pesos. A este respecto, conviene puntualizar que el gasto en pensiones del IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX rondan en una cifra cercana al medio billón de esos anuales. 

  Por lo que hace a las pensiones de las generaciones Afore-IMSS y Afore-ISSSTE, Hacienda hace referencia al monto de los recursos administrados por las Afores que ascienden a 8.3 billones de pesos, equivalentes a 24% del PIB, y que estima que superen 30% del PIB hacia 2030.

  El problema es que Hacienda omite varios aspectos estructurales del Sistema de Ahorro para el Retiro que sí representan una carga creciente para las finanzas públicas. Uno de ellos es la aportación del Gobierno Federal mediante la llamada cuota social, fortalecida con la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020.

  Esa misma reforma también elevó el monto promedio de las pensiones garantizadas, al vincularlas al salario base de cotización, la edad de retiro y el número de semanas cotizadas. Todo ello, además, pese a que el requisito de semanas se redujo de 1,250 a 750 en 2021 y aumentará gradualmente hasta 1,000 semanas en 2030.

  A esto se suma que la reforma contempla que los trabajadores con ingresos inferiores al salario promedio de cotización del IMSS reciban un complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de que puedan retirarse con una pensión equivalente al 100% de su salario promedio de cotización.

• Por lo que hace a las pensiones no contributivas -las pensiones para el bienestar de los adultos mayores-, Hacienda insiste en que tienen una naturaleza distinta, al tratarse de un derecho ya establecido en el Artículo 4 constitucional y dirigido a adultos mayores y grupos vulnerables que, en muchos casos, ya no están en condiciones de trabajar o nunca tuvieron acceso a una pensión contributiva.

  La dependencia atribuye esta situación a una estructura laboral heredada marcada por alta informalidad, precariedad salarial, trayectorias laborales interrumpidas y normas sociales que históricamente no reconocieron ni remuneraron el trabajo doméstico y de cuidados, realizado principalmente por mujeres.

  También sostiene que estos programas deben evaluarse por su dimensión social. Entre 2018 y 2024, destaca, la pobreza extrema entre adultos mayores cayó de 8.8% a 3.8%, mientras que la pobreza general en este grupo disminuyó de 43.2% a 23.6%, equivalente a 1.3 millones de personas menos. Bajo esa lógica, argumenta que analizar únicamente el gasto aislado ignora su función redistributiva, su contribución para reducir vulnerabilidades y su papel en fortalecer el ingreso de los hogares con menor capacidad de generar recursos laborales.

  El problema es que, más allá del discurso social, la pregunta de fondo sigue siendo si este modelo es sostenible para las finanzas públicas en el largo plazo.

Reforma reporta que, según la consultora Integralia, con base en información de la propia Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2017 el gasto en pensiones no contributivas fue de 14 mil 479 millones a pesos de 2026, y para el primer trimestre de este año se disparó a 195 mil 199 millones de pesos. Lo anterior es resultado principalmente del aumento de estas pensiones de un monto bimestral de 3,100 pesos bimestrales a 6,400 pesos por bimestre y, en menor medida, de un mayor número de beneficiarios.

A este respecto, Hacienda sostiene que, debido a la transición demográfica y al cambio de régimen pensionario, la presión de las pensiones contributivas comenzará a disminuir hacia 2042. En el fondo, lo que intenta explicar es que para entonces prácticamente habrán desaparecido los trabajadores con derecho al antiguo régimen de la Ley 73 y, además, la población del país tenderá a reducirse en términos absolutos, lo que implicaría un menor número de pensiones por pagar. 

• Primero, las pensiones de la Ley 73 no son pensiones contributivas. 
• Segundo, hacia 2050 la población de adultos mayores (65 años o más) se habrá duplicado hasta alcanzar 25 millones de personas, mientras que la proporción de población en edad laboral (15 a 64 años) disminuirá significativamente frente al número de jubilados. En términos técnicos, la razón de dependencia de adultos mayores se duplicará. Y si se considera además la caída sostenida en la tasa de natalidad -especialmente porque las mujeres tienen cada vez menos hijos-, la presión será todavía mayor: aumentará también la razón de dependencia total, que incluye tanto a menores de 15 años como a mayores de 65.

En resumidas cuentas, los argumentos de Hacienda en su respuesta al estudio del IMCO citado por Reforma son, por decir lo menos, un despropósito y un absurdo. Resulta francamente preocupante que se minimicen los retos que enfrentan las finanzas públicas en términos del crecimiento del gasto en pensiones. Hacienda tiene que entender que ignorar un problema no lo hace desaparecer y que el futuro no se puede construir con base en mentiras.