La calificadora no se equivocó

El pasado 12 de mayo, S&P Global Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva sobre la deuda soberana de México. Al día siguiente extendió ese ajuste a Pemex, CFE y doce instituciones financieras —Banamex, BBVA, Banorte, HSBC, Scotiabank, entre otras. Moody’s tiene a la calificación soberana en perspectiva negativa desde noviembre de 2024. Fitch es la única de las tres grandes calificadoras que la mantiene en perspectiva estable. La presidenta Sheinbaum respondió que la calificadora “se equivocó” y que le van a “dar la vuelta.” Esa respuesta merece un análisis serio, no una réplica política.

La perspectiva negativa no es una baja de calificación. Es una advertencia formal: las agencias la emiten antes de actuar, y una vez instalada, rara vez se sostiene por tiempo prolongado. El debate público se ha centrado en si los números de S&P son exactos. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es otra: ¿cuánto le cuesta a un país perder el grado de inversión, y cuánto tarda en recuperarlo?

El diagnóstico de S&P y Moody’s tiene tres argumentos. Primero: la deuda pública creció en 4.7 puntos del PIB en apenas dos años. Segundo: el déficit fiscal cerró 2025 en 4.9% del PIB, muy por encima del rango histórico de 2 a 3% registrado entre 2019 y 2023. Tercero: el crecimiento económico llegó apenas a 0.8% en 2025, el ritmo más lento desde 2021, y las proyecciones para 2026 no superan el 1%. Detrás de todo esto, Pemex: una empresa que proyecta un flujo de caja libre negativo de 7,000 millones de dólares anuales hasta 2029 y que ya destina más recursos al pago de intereses de su deuda que a inversión productiva. El costo financiero de México como porcentaje de los ingresos ya duplica la mediana de países con calificación equivalente. Básicamente está diciendo que México mantiene la estabilidad macro, pero cada vez menos espacio fiscal. 

El grado de inversión no se pierde de golpe. Se pierde en etapas. Las agencias cambian primero la perspectiva —una señal de advertencia—, luego bajan la calificación. Para que México lo pierda formalmente, dos de las tres deben clasificar su deuda como especulativa. Hoy, S&P tiene a México en BBB y Moody’s en Baa2, dos escalones por encima del grado especulativo, aunque con perspectiva negativa. Fitch está en BBB–, el último escalón del grado de inversión, con perspectiva estable. Moody’s podría recortar a Baa3 —el último peldaño— en el primer semestre de 2026. La disyuntiva en esa calificadora ya no es si mantener la perspectiva negativa, sino entre dejar la nota en Baa2 con perspectiva estable o bajarla un escalón. Si efectivamente tanto S&P y Moody’s mueven sus calificaciones, igualarían la calificación de Fitch y México estaría al borde de perder el grado de inversión en el siguiente movimiento. Esto implica que, por el momento, todo en orden. 

La pregunta incómoda es qué ocurre si se pierde el grado de inversión. Brasil perdió el grado de inversión en septiembre de 2015, cuando S&P lo recortó, y Fitch lo siguió en diciembre. Las razones sonaban familiares: déficit desbordado, crecimiento negativo —la economía cayó 3.7% ese año—, empresa estatal petrolera en crisis, credibilidad fiscal erosionada. El costo fue inmediato: el pago de intereses saltó de 4.3% a 6.2% del PIB en un solo año; la inversión pública se desplomó de 2.8% del PIB en 2014 a 1.5% en 2017. Diez años después, Brasil sigue sin recuperar el sello de buen pagador. Moody’s apenas lo subió a un escalón por debajo del grado de inversión en 2024; S&P lo mantiene dos escalones abajo. En octubre pasado, el ministro de Hacienda Fernando Haddad declaró que aspiran a recuperarlo —quizás para 2026— si se sostiene el marco fiscal. Once años después de haberlo perdido.

Finanzas

Los mercados se mantienen escépticos sobre México; riesgo país sigue alto

Nada de esto implica que México y Brasil sean el mismo caso, ni que la rebaja sea inevitable. México tiene reservas internacionales sólidas, un banco central autónomo con credibilidad ganada, y una posición externa más robusta que la brasileña en 2015. La consolidación fiscal avanzó en 2025, aunque más lento de lo esperado. Esos son activos reales, no menores. Lo que está en disputa no es si México tiene fortalezas sino si el ritmo actual de ajuste fiscal es suficiente cuando las agencias ya pusieron el reloj en cuenta regresiva.

Perder el grado de inversión no es una anotación contable. La secuencia es predecible y rápida: primero se deprecia el tipo de cambio —los fondos institucionales que solo pueden tener deuda con investment grade liquidan posiciones de forma automática, sin esperar análisis ni reuniones de comité—; luego suben los costos de financiamiento para el gobierno, pero también para las empresas mexicanas que se fondean en mercados internacionales. El crédito se encarece, la inversión cae, y el ajuste lo absorbe quien menos puede: el empleo, el salario real, el gasto público que ya de por sí está comprimido. Brasil vivió ese trayecto en plena era de liquidez global —tasas en mínimos históricos, apetito voraz por activos emergentes— y aun así tardó una década en volver. Hoy ese entorno no existe. Las condiciones financieras globales son otras, el apetito por riesgo es más selectivo y los márgenes de error, menores. 

La calificadora no se equivocó, solamente dijo en voz alta lo que muchos analistas vienen advirtiendo sobre la trayectoria fiscal de México. Desestimar esa señal no la cancela — la estrategia del avestruz no funciona en los mercados de deuda. México puede seguir existiendo sin grado de inversión, como Brasil lo ha demostrado durante una década. Pero existir no es lo mismo que crecer, atraer inversión o financiar gasto social sin pagar un sobreprecio por ello. Las consecuencias son más profundas y largas de lo que sugiere la narrativa del "no pasa nada". La pregunta no es si podemos sobrevivir sin el sello. Es a qué costo, y quién lo paga.