Tolerar o investigar, esa es la cuestión
Los Estados Unidos han señalado formalmente a prominentes políticos del régimen de contubernio con el crimen organizado. Más allá de sus consecuencias políticas y diplomáticas, la exposición de casos de corrupción de alto perfil no representa en sí misma un golpe económico para el país. Sin embargo, la forma en que esta se maneje sí puede serlo: la defensa política a ultranza de los implicados puede tener un gran costo que podría evitarse con una investigación interna relativamente imparcial. Las autoridades del país tienen la posibilidad de desmarcarse de la corrupción partidista heredada o sumirse definitivamente en ella.
El gobernador Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, es el personaje más prominente de una lista de políticos y funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de actividades ligadas al crimen organizado. La petición de extradición del exgobernador es parte de la estrategia del vecino del norte no sólo para combatir el el delito que traspasa sus fronteras, sino también para la de negociación diplomática y económica con México. El gobierno de Trump quiere más acciones mexicanas contra los carteles que operan en nuestro país y una mejor posición para renegociar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
En el futuro próximo, los casos de corrupción señalados pueden derivar en amenazas de intervención directa de los Estados Unidos en territorio nacional si no se procede contra los cabecillas políticos del crimen organizado, y en un endurecimiento sin precedentes de las condiciones para acceder al mercado estadounidense por parte de las exportaciones mexicanas. Sin embargo, no es necesario esperar acciones como estas para temer un efecto económico importante de la alta visibilidad que el gobierno de Trump le ha dado a la narcopolítica mexicana. La simple percepción de una mayor corrupción puede tener costos económicos.
Diversos estudios muestran que una mayor corrupción percibida, medida, por ejemplo, con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se asocia a un menor desempeño económico. De acuerdo a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el hecho de que México se encuentre con una percepción de transparencia notablemente por debajo del promedio internacional le cuesta alrededor entre 0.4% y 0.8% de crecimiento de su PIB. Este problema no es una cuestión reciente, pero se agravó en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
En el año 2000, México tenía un nivel de transparencia de 33 puntos, donde 100 puntos es la total ausencia de corrupción y cero la mayor corrupción posible, la cual mejoró a 34 puntos para 2012. Para 2018 esta calificación se había deteriorado a 28 puntos, y para el término del sexenio de López Obrador había caído a 26. En la presente administración, apenas ha mejorado un punto la percepción de corrupción. De esta forma, aunque no puede atribuirse el bajo desempeño en materia de combate a la corrupción a un gobierno en particular, si puede señalarse que su mayor deterioro es relativamente reciente.
La visibilización de una corrupción amplia y de alto perfil en el gobierno lopezobradorista no significa inevitablemente que la percepción de corrupción aumente. La experiencia de otros países muestra que es más la forma en que se manejan los casos de corrupción que la corrupción misma lo que es determinante. Así, la exposición de la corrupción de la petrolera nacional de Brasil en 2014 y su decidido combate condujo a una baja en la percepción de nacional de corrupción. En cambio, un caso análogo en Venezuela, donde se toleró y protegió políticamente la corrupción, significó un enorme aumento en la percepción de su existencia.
Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la decisión de proteger a los señalados de corrupción o promover su investigación a fondo. Cada posibilidad tiene ventajas y desventajas. Por una parte, puede tolerar la parte más corrosiva de su base partidista, heredada del sexenio anterior, con el pretexto de la soberanía nacional, aunque con un enorme deterioro de su imagen interna e internacional. Por otra, puede intentar ponerse del lado de los ciudadanos, con partido o sin él, y de paso promover un mejor desempeño de la economía nacional, aunque perdiendo el favor político de quienes escalaron posiciones de poder con AMLO.
Todo el país estará observando a dónde se inclina. También los Estados Unidos.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
