Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
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Riesgos evidentes, oportunidades ocultas

25-03-2015 10:54

Por Junior Alfredo Martínez Investigador Senior en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

La narrativa de México como país, que habitualmente subyace en el discurso gubernamental, ha cambiado de forma radical en los últimos dos años. Transitamos de un proceso reformador vertiginoso, lleno de grandes promesas, hacia un escenario de baja intensidad y expectativas limitadas donde los hechos han, prácticamente, postrado al gobierno reformista de Enrique Peña Nieto.

La retórica vigente ya no descansa en publicitar los beneficios de la reformas estructurales, en muchos casos vendidos como atajos hacia la felicidad, sino en sortear la marea y esquivar las acusaciones de la opinión pública sobre el clima de inseguridad prevaleciente y la escasa autoridad moral para combatir la corrupción. En su lugar, México enfrenta durante el año una mezcla de coyunturas que podríamos clasificar en tres categorías: riesgos electorales, riesgos de seguridad pública y riesgos económicos.

Los riesgos electorales son evidentes, por ejemplo, se encuentra sobre la mesa la posibilidad de anular las elecciones en Guerrero. De acuerdo con la legislación electoral en dicho estado, de no instalarse el 20% de las secciones, se podría anular la elección a Gobernador y convocar a elecciones extraordinarias. Anular la elección en Guerrero es un escenario real, dado la existencia de actores sociales y grupos políticos que abiertamente han amenazado con descarrilar el proceso.

Tan sólo desestabilizar la elección en los distritos de Tlapa y Chilpancingo sería suficiente para la causal referida. Sobra decir que el primero, es sede del Movimiento Popular Guerrerense, grupo que se ha manifestado en contra del proceso electoral hasta que se presenten con vida los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; mientras que en el segundo, tiene su campamento la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), involucrada en la clausura de las oficinas del INE y la toma de unidades móviles propiedad del instituto.

Una elección pacífica en Guerrero es la gran oportunidad para estabilizar una región golpeada por la violencia y la incompetencia de sus autoridades. Es fundamental que el Estado mexicano haga uso de todas sus atribuciones para garantizar en Guerrero el derecho de los ciudadanos al voto; de no ser así, se generaría un grave antecedente para la democracia mexicana: le habremos conferido el derecho de veto a los violentos.

Los riesgos de la seguridad en México se han convertido, en los últimos cinco años, en una agenda permanente para la opinión pública. La discusión sobre la seguridad pública en México llegó para quedarse porque la naturaleza de la estrategia del Estado no ha sido clara. Aún y cuando el nivel máximo de ejecuciones vinculadas a la delincuencia fue alcanzado en 2011 (según datos del especialista Eduardo Guerrero) y a pesar de que la violencia ha disminuido en ciudades tradicionalmente asediadas por el crimen (como Monterrey y Ciudad Juárez), resulta aventurado esbozar avances.

La importante disminución en la violencia asociada al crimen que presentan ciertos estados (como Durango, Jalisco, Colima, Nuevo León y Querétaro) contrasta seriamente con la situación vigente en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Baja California y Guanajuato, que presentan incrementos en la violencia en un rango del 13 al 20% anual. En este contexto, el Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso una iniciativa de gran calado para reordenar los cuerpos policíacos a nivel nacional a través del esquema de mando único. De entrada, suena razonable pensar que es más sencillo coordinar la seguridad a través de 32 cuerpos policíacos estatales homologados, que a través de 1,800 cuerpos policíacos municipales con capacidades heterogéneas.

Vale la pena señalar que esta medida no formaba parte de los planes iniciales del Ejecutivo, se trata, otra vez, de una reacción empujada más por la coyuntura que por una estrategia de política pública. El debate sobre la pertinencia del mando único exhibe las inclinaciones centralizadoras del Gobierno mexicano, cuando se trata de enfrentar un desafío de política pública.

Son un par de riesgos económicos los que enfrenta México durante 2015. El primero, la inevitable normalización de la política monetaria de Estados Unidos, traducida en un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal con la consecuencia prevista por los analistas para México, que es la volatilidad financiera asociada a la salida de capitales. Sin embargo, la razón de fondo en la decisión de incrementar las tasas de interés es que la economía de Estados Unidos es más sólida y presenta signos de recuperación evidentes.

En este sentido, la depreciación del peso mexicano, monitoreada por una autoridad central con un amplio arsenal de reservas internacionales, es una oportunidad para la consolidación del sector exportador mexicano, cuyo aporte es clave para el crecimiento económico. Actualmente, la participación de México en las importaciones de Estados Unidos es del 12.6%. En opinión del economista Luis de la Calle, si logramos aumentar esa participación al 15% a través de, por ejemplo, el sector automotriz, los efectos en el crecimiento económico serían relevantes.

El segundo riesgo reside en la drástica caída de los precios internacionales del petróleo, que en el caso de la mezcla mexicana de exportación ha reducido su precio un 40% en los últimos seis meses. Ante este escenario, la SHCP ha reaccionado con dos medidas fundamentales: un ajuste al gasto público por poco más de 124 mil millones de pesos y la necesidad de implementar un Presupuesto Base Cero. Cualquiera pensaría que, de entrada, las consecuencias para las finanzas públicas son adversas.

Sin embargo, una reflexión más atinada nos advierte que se trata de una ventana de oportunidad para reducir el gasto público (que en la última década ha crecido 6% como proporción del PIB) y para racionalizar el gasto corriente (que representa el 74% del gasto programable). Además, la implementación del Presupuesto Base Cero, de ser exitosa, permitiría una revisión detallada de todos los rubros de gasto duplicados y la eliminación de aquellos programas que no cumplan con criterios mínimos de rentabilidad social.

Finalmente, un escenario de menores ingresos petroleros obligaría al Gobierno mexicano a incrementar sus capacidades de recaudación de ingresos tributarios y a reducir el déficit público, que en los últimos dos años prácticamente se triplicó y que, de continuar así, nos habría llevado a cerrar el sexenio con una deuda pública como proporción del PIB cercana al 50%. La supervivencia de la narrativa de México como país dependerá de la capacidad que tenga el Gobierno mexicano para traducir los riesgos que enfrenta en 2015 en oportunidades reales de cambio.

 

Twitter: @ethoslabmx

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