La IA en el Congreso: mucho ruido, poca ley
Hay un dato que resume el momento legislativo mexicano: desde 2020 hasta el 18 febrero 2026, se han presentado 182 iniciativas sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) y ninguna se ha convertido en ley. No es falta de interés, sino falta de arquitectura.
La IA dejó de ser, hace tiempo, un tema exclusivo de tecnólogos. Hoy atraviesa consultorios médicos, aulas, juzgados, instituciones financieras, procesos industriales y plataformas digitales. Afecta derechos, modelos de negocio y capacidades estatales.
En la actual Legislatura (LXVI), todos los grupos parlamentarios (Morena, PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano), han presentado iniciativas. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en noviembre el Centro Público de Formación en IA en Tláhuac, el más grande de América Latina, con el objetivo de certificar 25 mil especialistas en 2026. El Senado ha realizado seis conversatorios para construir un marco normativo nacional. El tema está en la agenda política nacional. En donde no está, es en el Diario Oficial de la Federación.
Agenda política
El principal obstáculo no es técnico, sino estructural. Para expedir una Ley General de IA, el Congreso requiere de facultades expresas en el Artículo 73 constitucional. Sin esa base, cualquier ley general sería jurídicamente vulnerable.
La buena noticia es que hay plena conciencia de esto. En la agenda legislativa del período febrero-abril de 2026, los principales grupos parlamentarios tienen en cartera iniciativas para reformarlo, y en el Senado existe incluso una iniciativa de ciberseguridad firmada por legisladores de todas las bancadas. Es el mayor consenso multipartidista en torno a un tema tecnológico en el Congreso mexicano. Cuando todos los partidos empujan en la misma dirección, la pregunta ya no es si habrá reforma, sino si se aprovechará para construir una regulación estratégica o simplemente declarativa.
La experiencia comparada muestra que el orden importa. El AI Act de la Unión Europea adoptó un enfoque basado en riesgo: prohíbe usos inaceptables, impone obligaciones reforzadas a sistemas de alto riesgo y exige transparencia en IA generativa. No empezó penalizando conductas aisladas; empezó definiendo principios, categorías y competencias. México aún no define ese marco conceptual, y cuenta con una asimetría institucional legislativa en la que vale la pena detenerse.
El Senado cuenta con una comisión especializada en IA. La Cámara de Diputados no tiene nada equivalente. Toda la carga técnica de las iniciativas sobre IA en San Lázaro recae en la Comisión de Justicia, que hoy acumula 30 iniciativas pendientes solo en esta legislatura. Una comisión diseñada para procesar reformas al Código Penal y que carga con el grueso del debate regulatorio de la tecnología más disruptiva del siglo. El desajuste institucional no podría ser más gráfico.
Lo que se regula y lo que se evita
Más de 50 iniciativas abordan delitos vinculados a IA. Es comprensible: el legislador responde al escándalo visible. Pero una regulación basada en el miedo produce normas reactivas. El contenido de las iniciativas revela tanto como su cantidad. El tema dominante es la justicia: deepfakes, violación a la intimidad mediante IA generativa, fraudes digitales.
Una regulación que únicamente castiga y que prohíbe usos sin habilitar condiciones, deja sin respuesta las preguntas de fondo: ¿quién puede usar IA para tomar decisiones que no afecten a los ciudadanos? ¿En qué condiciones de transparencia? ¿Cómo se equilibra la innovación con la protección de derechos fundamentales?
La agenda de este período legislativo muestra señales de maduración. El grupo parlamentario del PAN impulsa en el Senado la obligación de las plataformas de declarar cuándo un contenido ha sido generado por IA. Morena, por su parte, propone que el uso de IA en el gobierno se rija por la transparencia y la supervisión humana, y que las decisiones automatizadas sean impugnables. Son iniciativas que van más allá del catálogo penal.
El debate está evolucionando, pero debemos tener cuidado con la lógica del reloj, característica del proceso legislativo mexicano. ¿A qué nos referimos? Cuando una legislatura concluye, todas las iniciativas no dictaminadas se desechan en bloque, sin explicación técnica. El 91.8% de las iniciativas de IA en legislaturas previas, fue desechado al concluir el periodo. Si la LXVI Legislatura no dictamina antes de agosto de 2027, las 114 pendientes desaparecerán.
En conclusión, podemos decir que nos encontramos ante un escenario donde existe voluntad política de todos los partidos, consenso sobre la reforma al 73 constitucional, y una comisión especializada en el Senado. Lo que falta no son propuestas, ni intenciones. Lo que falta es convertir esas 182 propuestas dispersas en una arquitectura normativa coherente, con visión de largo plazo, con participación de la industria y la academia, y con la urgencia que merece una tecnología que no va a esperar a que termine la legislatura.
La pregunta ya no es si México regulará la IA. La pregunta es si vamos a escribir esa ley nosotros o si copiaremos la que ya escribieron otros, en tanto se siguen acumulando iniciativas.
*Con la colaboración de Daniel Cruz, coordinador de vinculación legislativa del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología (CLET).
Claudia Jiménez
Politóloga e Internacionalista en temas de cooperación internacional y derechos humanos en América Latina, con 20 años de experiencia en consultorías nacionales y gobierno.
Profesora universitaria y conferencista. Desarrolladora de cursos y proyectos de tecnología y ética para la academia y empresas. Catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, y de Estudios Humanísticos y Educación del Tecnológico de Monterrey. Pionera en Inteligencia Artificial en educación.
