Enrique Díaz-Infante
Un espacio de análisis sobre temas de inclusión financiera, seguridad social y de finanzas públicas con un enfoque de movilidad social y político-electoral.

Reforma Eléctrica y Democracia

04-05-2022 10:58

La unidad mostrada por la Oposición en la votación de la Reforma Eléctrica y la fortaleza del INE para organizar la revocación de mandato, deja optimismo democrático. Sin embargo, la falta de lealtad de Morena y aliados para con la democracia, deja preocupación con miras al 2024.

Abril fue un mes marcado por la Reforma Eléctrica y por los ataques a la democracia del país.

El papel de los Diputados en la votación de la Reforma Eléctrica y el del INE en la consulta de revocación de mandato dejaron un buen sabor de boca en cuanto a que hay oposición y árbitro electoral. También lo dejaron los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia que respetaron el Estado de Derecho al votar por la incostitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, la falta de vocación democrática de Morena y del Gobierno, que recurrieron a prácticas anti-democráticas para avanzar sus intereses en la consulta popular y para descarrilar la votación de la Reforma Eléctrica, dejan preocupación. También lo dejan sus amenazas penales en contra de los opositores.

Estos lances autoritarios inquietan desde una perspectiva de movilidad social, considerando que la democracia es premisa de ésta, al facilitar la libre elección de las personas sobre las políticas para su desarrollo.

En un hecho inédito en la vida democrática del país, casi a la medianoche del pasado domingo 17 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, se votó la iniciativa de reforma constitucional del Presidente de la República en materia de energía eléctrica.  El resultado de la votación, contrario a los intereses del Titular del Ejecutivo, representó su primera gran derrota política en lo que va del sexenio. En medio de una dura confrontación, y salvando una serie de argucias legislativas por parte de los legisladores de la coalición gobernante, la oposición votó en contra de las reformas del Ejecutivo. Así, 223 diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano impidieron que el bloque de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo lograra las dos terceras partes de los votos requeridos por el artículo 135 de la Constitución, para aprobar en la Cámara Baja una reforma a la Constitución. Los partidos que apoyan al partido en el gobierno obtuvieron 275 votos. Al carecer de los votos requeridos la iniciativa presidencial fue retirada.

Fue bueno para el país el que no se hubiera aprobado esta reforma constitucional. De haber pasado la aduana de la Cámara de Diputados, esta iniciativa de cambio institucional pudiera haber ganado fuerza popular y la presión para algunos de los Senadores de oposición -especialmente para los priístas- hubiera sido fuerte y quizás hubieran votado a favor de ésta. Al menos esa parecía ser la apuesta del Presidente López Obrador. Esto, hubiera tenido consecuencias económicas y sociales negativas para todos. Para el consumidor y el sector productivo, por el mayor precio de la energía sucia producida por CFE; para el medio ambiente, en razón de la mayor contaminación que se tendría al producirse con más energía fósil. También la habría tenido en materia de crecimiento para el país al dañar aún más la confianza de los particulares -nacionales y extranjeros- para invertir en México. Asimismo, las finanzas de CFE se hubieran debilitado –con cargo al contribuyente- al imponerle a la paraestatal la obligación de generar un porcentaje de energía para la cual financieramente está imposibilitada dado su asfixiante pasivo pensionario que actualmente ya absorbe el 10% de su gasto total anual.

Ahora, ante la frustración de no haber logrado avanzar su reforma, el Presidente –contrario a lo que se esperaría uno de un mandatario auténticamente demócrata- se ha dedicado a fustigar a los diputados de oposición que votaron en contra de su reforma, acusándolos de “traidores a la patria”. Los ha amenazado con prisión de 5 a 40 años por haber incurrido supuestamente en dicho delito y ha iniciado una campaña de linchamiento público. En ese mismo sentido, Mario Delgado -el Presidente de Morena- ha propuesto una consulta popular para ver si los 223 diputados que votaron en contra deben ser tratados como “traidores a la patria”. Ante esto, el Diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, en un artículo publicado en Reforma el pasado 22 de abril, ha pedido que se presenten formalmente las denuncias del caso con las pruebas correspondientes que sustenten la comisión del mencionado delito. Más aún, Chertorivski ha acusado a Mario Delgado y a Citlalli Hernández, Presidente y Secretaria General de Morena, respectivamente, de instigar el odio. Así, con formas nada democráticas, el Presidente y su partido están construyendo el discurso nacionalista y de odio que les permita obtener ganancias electorales. De acuerdo con la casa de encuestas Consulta Mitofsky de marzo a abril el Presidente tuvo una ganancia de 3 puntos porcentuales en su aprobación, para ubicarse en 62%.   

El Estado de Derecho, puntal de una Democracia Constitucional, en abril se vio un tanto en entredicho por la desaseada votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia en la sesión del 7 de abril en la que se resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el 33% de los senadores en contra del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). La acción de inconstitucionalidad fue votada a favor de la declaración por siete de los once ministros requeridos para tales efectos conforme a los dispuesto en el artículo 105 de la Constitución. Sin embargo, por la forma poco ortodoxa en que el Presidente de la Suprema Corte -el Ministro Zaldivar- organizó y contó los votos (sobre argumentos y no sobre artículos), el resultado de la votación fue confuso y no garantizó la certidumbre esperada. En razón de esto, si bien la mayoría de los Ministros estuvo por la invalidez de la LIE, ésta no fue declarada inconstitucional, con lo que los más de 200 amparos interpuestos contra ésta seguirán su curso.  

Ahora, el Presidente de la República y el Director de Comisión Federal de Electricidad -Manuel Barlett- en la frustración de la derrota legislativa, han arremetido contra las compañías inversionistas que operan con esquemas de auto-abasto de electricidad y contra sus administradores. Han amenazado con presentar denuncias penales contra los directivos de las compañías españolas que producen energía renovable. A decir de María O´Grady en un artículo publicado en The Wall Street Journal, lo que está haciendo el gobierno es extorsionar a los inversionistas para obligarlos a negociar un nuevo acuerdo eléctrico con el gobierno. Independientemente del resultado de estas cuestionables estrategias de negociación, lo que es un hecho es que seguramente ya están afectando el ánimo de los empresarios para invertir en el sector y en el país en general, con lo que se está desaprovechando la oportunidad de atraer inversión extranjera directa en la coyuntura de la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos y con esto se está afectando el crecimiento de la economía y por ende la movilidad social.

Por otro lado, el ejercicio de revocación de mandato -celebrado el domingo 10 de abril- fue muy cuestionable desde una perspectiva democrática y no le sirvió al Presidente –como pretendía- para reafirmar su fuerza electoral y así, intimidar a la oposición en el Congreso para que aprobaran su reforma eléctrica. Usando todas las mañas electorales de acarreo, clientelismo e intimidación a los beneficiarios de sus programas asistencialistas, votaron en la consulta tan sólo 16.5 millones de electores (18% de los casi 92 millones de personas registradas en el padrón de electores). El 90% de ellos -15 millones- lo hicieron a favor de su continuación en el encargo. No obstante esto, la consulta evidenció un poder disminuido por parte de López Obrador, quien obtuvo sólo la mitad de los 30 millones de votos con los que ganó las elecciones del 2018. Este resultado lo evidenció disminuido en su fuerza electoral.

En cambio, mostró a un Instituto Nacional Electoral (INE) y a un Tribunal del Poder Judicial de la Federación (Trife) fortalecidos. El INE fue objeto constante de los ataques presidenciales y de recortes presupuestales. No obstante esto, realizó exitosamente la consulta y demostró ser un árbitro confiable y con capacidad para organizar con credibilidad cualquier elección, incluida la de 2024. El Trife cumplió con su función al dictaminar la invalidez de la Consulta por no haberse alcanzado el 40% de participación de los electores inscritos en la lista nominal para ser vinculatoria, tal y como establece el artículo 58 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. También cumplió al discutir y hacer del conocimiento público el rosario de irregularidades en que incurrieron varios funcionarios públicos y del partido en el Gobierno, al promover indebidamente lo que acertadamente calificó la Magistrada Janine Otálora como un “acto fallido de democracia por responsabilidad de actores políticos”.

En suma, que la unidad mostrada por la Oposición en la votación de la Reforma Eléctrica Presidencial, la fortaleza del INE para organizar el ejercicio de revocación de mandato y del Trife para declarar su invalidez conforme a derecho, deja optimismo democrático. Sin embargo, la falta de lealtad de Morena y aliados para con la democracia, exhibida en su actuación ilegal en la consulta popular, en sus ataques al INE y a la oposición (acusando a estos últimos de traidores a la patria y amenazándoles con denunciarlos penalmente), deja preocupación con miras a las elecciones que tendrán lugar de aquí al 2024. También, la actuación jurídicamente cuestionable del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y de aquellos ministros que -sin argumentos legales convincentes- se negaron a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, deja inquietud sobre su compromiso con el Estado de Derecho, elemento esencial de la democracia constitucional y del desarrollo con movilidad social.

 

*Investigador del CEEY

Twitter: @ediazinfante

enrique.diazinfante@ceey.org.mx

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el periódico Reforma y en Arena Pública.
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