Un espacio de análisis sobre temas de inclusión financiera, seguridad social y de finanzas públicas con un enfoque de movilidad social y político-electoral.

Mala y Peligrosa Política

02-02-2020 21:25

La política pública de construcción de más sucursales del Banco del Bienestar, será muy costosa, ineficiente y un tipo de competencia desleal para la banca y otros intermediarios no bancarios.

Rabindranath Salazar, director general del Banco del Bienestar, encabeza la develación de placa junto a los Secretarios de Hacienda, Economía, SADER Y Función Pública el 30 de octubre pasado (Foto: Banco del Bienestar)
Rabindranath Salazar, director general del Banco del Bienestar, encabeza la develación de placa junto a los Secretarios de Hacienda, Economía, SADER Y Función Pública el 30 de octubre pasado (Foto: Banco del Bienestar)

La iniciativa presidencial de construir, con el apoyo del Ejército, 13 mil sucursales del Banco del Bienestar, es una mala política pública desde el punto de vista de inclusión financiera, competencia económica y de finanzas públicas. También es peligrosa para la democracia.

En sus conferencias mañaneras del 22 de noviembre y 3 de diciembre del año pasado y las del 6 y 8 de enero de este año, el Presidente de la Republica reveló progresivamente los detalles de su proyecto para construir 13 mil sucursales del Banco del Bienestar. A decir del Presidente, el objetivo de esta iniciativa es facilitar que los beneficiarios de sus programas sociales puedan cobrar los recursos que reciben, vía tarjetas. Las instalaciones bancarias serán construidas por el Ejército. En una primera etapa edificará -en un plazo de 2 años- 2,700 sucursales. El resto se harán en el largo plazo.

El gobierno considera que el costo de edificación del primer bloque de sucursales será de 10 mil millones de pesos. Los recursos para la construcción –dice el Jefe del Ejecutivo- provendrán de ahorros generados en 2019. Los de su operación anual –que la 4T calcula serán de 6 mil millones de pesos- provendrán del “pago de una comisión por dispersión.”

El presidente tiene razón cuando dice que existe un déficit por parte de los particulares en la inclusión financiera. De acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria, sólo el 73.4% de los municipios tienen acceso a servicios financieros. Además, el avance de esta política ha sido lento. Esto, considerando que en 2014 ese porcentaje era de 69.7%. Sin embargo, el que exista una necesidad de mayor y más rápida inclusión financiera no significa que se debe descartar lo hecho hasta ahora, ni tampoco implica que la solución óptima sea la de construir más sucursales.

Sería más eficiente y sostenible en el tiempo, apostarle a consolidar la figura de los corresponsales bancarios para lograr una mayor inclusión financiera por parte de la banca. También lo sería el buscar con fondeo y cambios regulatorios el fortalecimiento de intermediarios no bancarios tales como las Cajas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS o cooperativas) y las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS). Todo lo anterior acompañado de mayor educación financiera y más uso de tecnología.

La política pública de construcción de más sucursales del Banco del Bienestar, será muy costosa, ineficiente y un tipo de competencia desleal para la banca y otros intermediarios no bancarios. Esta acción pública tipo Echeverrista, más bien huele a una necesidad política del Presidente y de Morena de tener operadores que atiendan a sus clientelas electorales en las zonas rurales y de comprar la lealtad del Ejército.

Los supuestos ahorros para construir las sucursales, no está claro de dónde provendrán. Se ha dicho que vendrán de las pensiones del IMSS o de las utilidades de la Banca de Desarrollo de las que participan sus trabajadores. Los recursos pensionarios son de los trabajadores y su reposición la acabaremos pagando todos los mexicanos. Las utilidades de la banca, pudieran ser consideradas como derechos adquiridos de los trabajadores. Por lo mismo, se prevé que la validez legal de la eliminación de estos derechos, sea peleada jurisdiccionalmente en Tribunales por los empleados bancarios afectados.

Que la construcción de las sucursales sea hecha por el Ejército tampoco se justifica y representa un riesgo para la democracia. La función de los militares es velar por la seguridad nacional, no construir sucursales bancarias. Además, esta encomienda la puede realizar la industria de la construcción en forma más eficiente, con mayor generación de empleos locales, crecimiento y seguramente a menor costo.

Así, ésta tarea se estará sumando a muchas otras que no corresponden al Ejército y que AMLO les ha encomendado en este sexenio. Por lo mismo, uno se pregunta si con tanto dinero y poder que están ganando los verde-olivo, luego será posible regresarlos a los cuarteles.

Por todo lo anterior, considero que esta iniciativa de AMLO es mala y peligrosa.

* Investigador del CEEY

Twitter: @ediazinfante

enrique.diazinfante@ceey.org.mx

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por LSE. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el Periódico Reforma y en Arena Pública.
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