El reto de las 40 horas

Si ya el reciente aumento del salario mínimo representa una apuesta atrevida de que no tendrá efectos adversos sobre la economía, el anuncio de la reducción de la jornada laboral a 40 horas significa una carrera contra el tiempo en la que los actores principales parecen ir corriendo hacia atrás. En el futuro, de combinarse los dos factores sin medidas a fondo que mejoren la capacidad productiva de la economía, se consolidará un modelo de redistribución sin crecimiento que terminará siendo insostenible.

El anuncio de un aumento del salario mínimo general del 13% se ha combinado con cifras de desempleo, informalidad e inflación poco favorables. La tasa de desocupación en octubre de 2025, 2.6%, es una décima de punto porcentual mayor que en 2024; la de empleo informal en noviembre del mismo año, 55.7%, es 1.6 puntos porcentuales más alta que en 2024, y la inflación subyacente, la que es más susceptible de control, el pasado noviembre alcanzó 4.43%, superior en 0.85 puntos a la del mismo periodo de 2024, según datos del INEGI.

Se estima que el aumento de los salarios mínimos representará un incremento de poco más del 9% en el ingreso real de los que lo perciben, lo que a su vez elevará en el mismo monto el costo de dicho trabajo para quien lo emplee. Aunque es muy difícil establecer los efectos de tal situación para el mercado de trabajo, dada la heterogeneidad de las empresas, el comportamiento reciente de los indicadores de su posible efecto muestra que hay más riesgo de un aumento en la informalidad laboral que del aumento de la desocupación o de la inflación.

Entramos a un terreno donde los efectos de los aumentos del salario mínimo son bastante inciertos; sin embargo, los de reducir la jornada laboral no lo son tanto. Al pasar de una jornada máxima de 48 horas semanales a una de 40, sin reducción de los salarios, habrá un aumento en los costos de producción de las empresas. Aquellas horas que ya no serán laboradas por un trabajador, por limitaciones legales, tendrán que ser sustituidas, y posiblemente a un costo mayor, a menos de que esto sea compensado por un notable aumento de la productividad.

Actualmente ya muchas actividades tienen una jornada laboral de 40 horas, tantas que el promedio de horas trabajadas por persona ocupada fue de 42 horas a la semana en 2024, según el INEGI. Sin embargo, hay procesos manufactureros que requieren continuidad, y servicios como el comercio, los restaurantes, los hoteles o ciertos servicios médicos, donde la atención no puede interrumpirse los fines de semana. Acortar la jornada laboral tendrá distintos efectos, pero en promedio elevaría los costos laborales del país al menos 5%.

Economía

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Este aumento sería manejable con un aumento modesto de la productividad y más si, como se tiene previsto, la jornada laboral se recorta gradualmente hasta alcanzarse el máximo de 40 horas en 2030. Bastaría un aumento anual de la productividad laboral de 1.2% para contrarrestar el efecto de la jornada laboral más corta. El problema es que desde 2018 la productividad laboral ha disminuido en promedio en vez de aumentar, y raramente ha llegado a superar el 1%. Más aún, la productividad laboral ha permanecido prácticamente estancada en los últimos 30 años.

Desafortunadamente, el bajo gasto público ligado al capital humano, como el de salud y educación, y la incertidumbre legal por los recientes cambios en el Poder Judicial y la ley de amparo, en lugar de promover la inversión privada que eleva la productividad la están desanimando. En vez de inversión pública y certidumbre jurídica para aumentar el tamaño del pastel a distribuir, el oficialismo está empeñado en agotar las posibilidades de redistribuir sin que haya crecimiento económico, lo cual es insostenible.

Si en el pasado lejano el bajo crecimiento con una mediocre redistribución dieron paso a un cambio de régimen, en el futuro el nulo crecimiento con una agresiva redistribución puede dar un resultado similar.