Enrique Díaz-Infante
Un espacio de análisis sobre temas de inclusión financiera, seguridad social y de finanzas públicas con un enfoque de movilidad social y político-electoral.

Mal balance democrático

05-12-2021 18:23

Será todo un reto restablecer los contrapesos de la democracia y regresar al poder civil aquellas actividades que indebidamente, durante estos 3 años, fueron encomendadas a los militares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del tercer año de gobierno (Foto: LopezObrador.org.mx)
El presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del tercer año de gobierno (Foto: LopezObrador.org.mx)

El pasado primero de diciembre, el Gobierno del Presidente López Obrador cumplió sus primeros tres años y el balance del mismo –pese a gozar el Presidente de una razonable aprobación (58% según encuesta del diario Reforma publicada ese día) es bastante malo desde una perspectiva democrática.

Durante este tiempo, el país ha sufrido un retroceso preocupante de la democracia/liberal, premisa de la movilidad social.1 A partir de su llegada al poder en 2018, México ha dado pasos acelerados al restablecimiento del sistema Presidencialista-autoritario propio del PRI/Gobierno del siglo pasado. Peor aún, esta reedición del autoritarismo, ha venido acompañada de inéditos y marcados rasgos militaristas, ausentes en la edición de los años dorados del Presidencialismo.

El Presidencialismo del siglo pasado era una forma de gobierno autoritaria que se caracterizaba por la concentración del poder en la figura del Titular del Ejecutivo, quien controlaba todos los hilos de la fachada democrática.

Dominaba sobre el poder legislativo a través de los diputados y senadores del PRI, entonces partido político dominante. Con su apoyo, podía designar y remover a su antojo ministros de la suprema corte y así subyugaba al poder judicial. También controlaba la economía vía –entre otros mecanismos- el manejo del Banco Central quien carecía de autonomía. Hasta antes de la crisis económica de 1982, también se caracterizaba por controlar gran parte del sector productivo a través de la propiedad de centenas de empresas paraestatales.

En adición al control que ejercía de los poderes formales, el Ejecutivo también manejaba a los gobernadores a través del presupuesto y del partido tricolor, único canal electoral de acceso al poder. Así mismo, dominaba a otros poderes fácticos como el Ejército, el empresariado y los medios de comunicación, vía el otorgamiento de presupuesto, concesiones y publicidad, según el caso. De esta forma, compraba su lealtad. 

Todo ese entramado institucional autoritario –contrario al desarrollo- empezó a desmontarse a golpe de crisis políticas, sociales y económicas. La del 68 y la detonada por el temblor del 85, dieron origen a una incipiente sociedad civil. Las crisis económicas de 1976, 1982 y 1995, fueron también revulsivos del cambio político y pusieron en entredicho la eficacia del Presidencialismo como forma de gobierno.

De ahí que en el terreno electoral se diera -en respuesta a éstas- la reforma de 1977, impulsada desde Gobernación por el secretario Reyes Heroles. Ésta también fue la respuesta del régimen a la pérdida de legitimidad política que tuvo por la ausencia de competidores contrarios a la candidatura de López Portillo en las elecciones de 1976. Esta reforma–entre otras cosas- legalizó el partido comunista y creo los diputados de mayoría proporcional. Con esto, empezó el proceso de apertura política en México.

La reforma electoral de 1996 de Zedillo, ciudadanizó al Instituto Electoral del Poder Ejecutivo lo cual facilitó que el PRI perdiera la mayoría en el Congreso en las elecciones del año siguiente. Todo esto dejó listo el camino para que se diera la alternancia en la Presidencia de la República en el 2000, con la llegada de Vicente Fox al poder. Este hecho marcó la culminación de la transición democrática.

En lo institucional, la desconcentración del poder se fue dando a lo largo de los años 90´s cuando el banco central ganó autonomía y el poder judicial se reformó en 1995 para ganar independencia del Ejecutivo. En la designación y remoción de los ministros se estableció que era necesaria la participación de dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo (el Senado). También, se le blindó salarial y presupuestalmente a ese poder de las presiones del Ejecutivo.

La creación de organismos autónomos en materia de derechos humanos, con Salinas de Gortari, y del Instituto para garantizar el acceso a la información (el INAI, por sus siglas) con Fox, ayudaron a generar estructuras institucionales que cimentaron el cambio institucional hacia uno propio de una democracia/liberal.

La liberación económica que se experimentó a partir de los 80s favoreció la dispersión del poder. El otorgamiento de la autonomía al Banco Central por parte de Salinas en abril de 1994, fue el gran cambio institucional que -junto con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (enero de 1994)- transformó la economía hacia una globalizada y más predecible.

A la par de este proceso, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, y más radicalmente durante el de Salinas de Gortari, se implementó un programa de privatización de empresas paraestatales como parte del ajuste estructural para disminuir el elevado déficit fiscal y sacar al país de la quiebra que sufrió en 1982.

Todos estos cambios para establecer la democracia como forma de gobierno y para hacer la economía más predecible, se han ido revirtiendo paulatinamente a lo largo de estos primeros tres años de gobierno de López Obrador, con posibles impactos negativos en materia de desarrollo.

El poder se ha ido reconcentrado en la figura del Presidente, quien nuevamente, como en antaño, controla el poder legislativo a través de los legisladores de su partido y de sus aliados. Pero ahora, además, gobierna con la lealtad de los militares, a quienes ha empoderado en forma inédita y por demás peligrosa. A los verde/olivo los ha metido en una infinidad de tareas que, en democracia, correspondería realizar a los civiles.

Los militares construyen el aeropuerto de Santa Lucía, el de Tulum, Palenque y Chetumal, también un tramo del Tren Maya. Todos estos proyectos les generan gran cantidad de recursos y, cuando estén terminados, los van a operar para de ahí financiar sus pensiones. También construyen 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, controlan aduanas, distribuyen vacunas, entre otras muchas actividades que realizan y que nada tienen que ver con su función constitucional de defensa del territorio, de la soberanía nacional y de garantizar la seguridad interior

Por si fuera poco, en días recientes el Presidente López Obrador dio pasos peligrosos para acelerar el restablecimiento del Presidencialismo/autoritario del PRI del siglo pasado, pero ahora con atributos militaristas. El sábado 20 de noviembre, en el evento de celebración del aniversario de la Revolución, el Secretario de la Defensa declaró la unidad del Ejército en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, no al del Estado. Y cuando llegue otro Presidente ¿le seguirán siendo leales al nuevo mandatario si éste no abraza dicho proyecto?

El lunes 22 se publicó el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se consideran de interés público y seguridad nacional, para el desarrollo nacional casi todas las obras del sexenio –desarrolladas mayoritariamente por el Ejército- con lo que pretende reservar por 5 años la información de las mismas. Todo un retroceso en materia de transparencia, condición necesaria en democracia para que los ciudadanos decidan con conocimiento de causa.

Por último, y por si todo lo anterior no fuera suficiente para preocuparnos de las señales inequívocas de regresión al autoritarismo, el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja para suceder a Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México es ilegal. El pasado 2 de diciembre el Senado aprobó con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones su nombramiento. Esto pese a que la designada no cumple con los requisitos de ley establecidos en el artículo 39, fracción II de la Ley de Banco de México: “Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.” Esto es una franca violación al Estado de Derecho y debilita la autonomía del banco central mandatada en el artículo 28 Constitucional. Es decir, su designación será violatoria del Estado de Derecho, premisa de cualquier Democracia/Liberal.

En razón de lo anterior, desde una perspectiva política, y tomando a la Democracia Liberal como referencia del sistema de gobierno deseable a alcanzar, el balance de estos primeros tres años de gobierno es malo. El poder se ha reconcentrado en la figura del Presidente y el poder militar ha avanzado en forma inédita.

Hacia adelante, será todo un reto restablecer los contrapesos de la democracia y regresar al poder civil aquellas actividades que indebidamente, durante estos tres años, han sido encomendadas a los militares. El legado histórico del Presidente López Obrador ya ha quedado marcado en su primer trienio, como uno de retroceso en materia de democracia y desarrollo. Las perspectivas de mejora al respecto, no lucen positivas con este gobierno.

 

*Investigador del CEEY

Twitter: @ediazinfante

enrique.diazinfante@ceey.org.mx


[1] En teoría la democracia disminuye la desigualdad porque cambia el balance de poder a través de una mejor distribución del gasto en favor de la salud y la educación. Dicho gasto es aprobado en el Congreso por los representantes populares de la mayoría. Al ejercerse el gasto de esta manera se promueve la movilidad social.

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el periódico Reforma y en Arena Pública.
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