Un espacio de análisis sobre temas de inclusión financiera, seguridad social y de finanzas públicas con un enfoque de movilidad social y político-electoral.

Infraestructura: Crecimiento y Poder

23-12-2019 09:27

El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura será un mecanismo para facilitar el desarrollo de obras, pero también lo será de control y poder.

Empresarios durante la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 26 de Noviembre (Foto:LopezObrador.org.mx)
Empresarios durante la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 26 de Noviembre (Foto:LopezObrador.org.mx)

El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura (Acuerdo) (http://bit.ly/2PCgGP6) lanzado el pasado 26 de noviembre por la iniciativa privada y el gobierno es una ambiciosa iniciativa para detonar inversión y crecimiento a partir, principalmente, de asociaciones público-privadas (APPs).

Dada la naturaleza y forma como se estructurarán estos proyectos de infraestructura, está por verse que tanto impacto realmente tendrán en el crecimiento de la economía. Lo que si va quedando claro es que será una potente herramienta de AMLO en su intento por redefinir el poder en México.

Según se desprende del texto de la presentación del Acuerdo, el mismo pretende ser “una herramienta para facilitar y acelerar la implementación de proyectos de infraestructura en telecomunicaciones y transportes (trenes, carreteras, aeropuertos) salud, agua, turismo y energía, entre otros para generar crecimiento y desarrollo del país”.

En una primera etapa serán 147 proyectos los que se ejecutarán por un monto de casi 43 mil millones de dólares. La intención –se señala- es desarrollar hasta 1,600 proyectos y lograr la meta de crecimiento del 4% del PIB establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

De entre las premisas del Acuerdo están la de construir la infraestructura con inversión privada y que ésta “no genere nueva deuda”. Al efecto, se crea un mecanismo colectivo/decisorio para incorporar nuevos proyectos y agilizar su ejecución a través de contar en el mismo con la participación del Presidente de la República. Él seleccionará personalmente los proyectos que se desarrollarán. Participarán también en dicho mecanismo, algunos organismos gremiales del sector privado –no todos. De entre estos destaca la presencia de aquellos que representan a las grandes empresas (CCE, CMN y ABM) y algunos organismos gremiales que agrupan PYMES (CONCAMIN y CONCANACO).

De lo anterior de deducen varias cosas.

La participación del Presidente será para asegurarse que las decisiones de inversión vayan alineadas con sus intereses electorales. El Acuerdo es un mecanismo de premios y castigos que le sirve a AMLO para recomponer el poder a partir de la economía de cuates, pero –diría AMLO- “ahora con mis cuates.” Por lo mismo, a la COPARMEX, que fue muy activa oponiéndose a la realización del Aeropuerto de Santa Lucía y lo es manifestándose en contra del modelo de concentración de poder del Presidente, no se le considera para participar en el Acuerdo.

Preocupa también que el Acuerdo no parece responder a un plan maestro de infraestructura. Si no hay una planeación adecuada de las 147 obras anunciadas y de las que vengan, conforme a un plan donde se establezca idoneidad de las obras y su priorización, el mismo pudiera convertirse en un manantial de elefantes blancos y de deuda cuyo pago cubrirán las futuras administraciones y generaciones. Por lo mismo, esperamos que el Plan Nacional de Infraestructura, haga las veces de Plan Maestro.

Estos proyectos van a implicar el aumento de deuda pública, independientemente de que se niegue y no se le denomine y registre como tal. En estos proyectos APP, generalmente la fuente de repago, directa o implícitamente, es a cargo del Estado. Esto permite generar certeza a los inversionistas de que habrá utilidad y por lo mismo hace los proyectos atractivos y bancables.

En dichos proyectos hay un acreedor (contratista/operador) y un deudor, que generalmente es el gobierno, ya sea federal o local. La fuente de repago es el cobro de un peaje, una renta o la obligación de compra de algún bien o servicio por parte del Estado. El pago correspondiente generalmente se garantiza con algún fideicomiso. Estas obligaciones de pago se perfeccionan en el tiempo. Por todas estas características, tal y como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia en su resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 163/2007, las mismas se consideran deuda pública. 

Además, las APPs –si bien son un instrumento positivo de desarrollo de infraestructura- mal utilizadas, como ha ocurrido en muchos casos (ver caso Puebla en http://bit.ly/34IuOe2), pueden ser fuente de sobrecostos de obra, que seguramente sirven para financiar campañas políticas y riquezas personales. Y es que estos proyectos suelen generar sobrecostos y son difíciles de fiscalizar por su complejidad contractual (fideicomisos, contratos de construcción, supervisión, operación, mantenimiento, de crédito, garantías, etc) y su naturaleza público/privadas.

En ese sentido, habrá que estar atentos a la planeación, diseño, asignación, construcción, desarrollo, operación y mantenimiento de los proyectos y de los términos y condiciones de los contratos que regulen los mismos.

En suma, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura será un mecanismo para facilitar el desarrollo de obras, pero también lo será de control y poder. Mal instrumentado, pudiera además acabar siendo una fuente de corrupción, de deuda pública oculta, con alto impacto negativo en las finanzas públicas y en las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. Habrá que estar muy atentos. 

 

* Investigador del CEEY

Twitter: @ediazinfante

enrique.diazinfante@ceey.org.mx

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por LSE. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el Periódico Reforma y en Arena Pública.
ÚLTIMAS ENTRADAS
ARCHIVO HISTÓRICO
<< Diciembre 2019 >>
D L M M J V S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Infraestructura: Crecimiento y Poder
24
25
26
27
28
29
30
31