La discusión en torno a las leyes secundaria de la Ley de Telecomunicaciones es sólo un ejemplo de la resistencia que podrían enfrentar en el terreno legal las reformas estructurales que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ello, la controversia constitucional en la que participa el gobierno federal, a propósito de la resolución de un Juez 32 de lo Civil del Distrito Federal toma una dimensión mayor en el control de daños. Ahora son las telecomunicaciones pero viene el sector de la energía y no será la primera vez que en los juzgados civiles se busquen bloquear las acciones en el marco de legislaciones largamente esperadas.
