La Pobreza del INEGI

Hace cerca de un año el INEGI fue conminado a transparentar su medición de la pobreza por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. También, algunos investigadores y académicos le solicitaron explicar una posible sobreestimación del ingreso de los hogares que distorsionaría la magnitud de la reducción del número de personas pobres. Hasta el momento, el INEGI ha guardado silencio sobre lo fundamental de estos señalamientos. Esto no se debe a la incapacidad técnica del instituto, ni debe atribuirse al talante personal de sus funcionarios. El problema es más grave: en materia de medición de la pobreza ha desaparecido un contrapeso clave para la rendición de cuentas.

El Consorcio por la Medición y la Evidencia, que reúne al CEEY, el IMCO, México Evalúa, el EQUIDE, México ¿Cómo Vamos?, el CIEP y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reconoció una menor pobreza, pero advirtió que los cambios en los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) rompieron en 2024 la comparabilidad donde más importa. En salud, con los criterios anteriores la carencia sería de 44.1%; con el nuevo criterio del INEGI baja a 34.2%, diez puntos que dependen de cómo se pregunta y no necesariamente de la realidad. En agua el contraste es mayor: la carencia reportada cae de 7.1% a 3.5% en dos años, cuando con la metodología previa rondaría 16.3%.

Por otra parte, diversos investigadores, entre ellos Gerardo Leyva (Nexos), han documentado que, entre 2018 y 2024, la ENIGH reporta un aumento del ingreso por persona de 24.2%, mientras que las Cuentas Nacionales del propio INEGI registran apenas 5.8%. Incluso si la encuesta hubiera tenido una mejora en captación, la participación del ingreso de la ENIGH en cuentas nacionales, estable durante décadas, dio un salto de 4.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2024. Este fenómeno merece ser analizado: buena parte del alza del ingreso de los hogares podría venir de una mejor medición, no de un ingreso mayor. La pregunta es: ¿cuánto de la caída es realidad y cuánto es medición?

El INEGI conservó la metodología del CONEVAL y publicó, junto con los resultados, una nota que documenta los cambios en el cuestionario de la ENIGH 2024. Pero conservar la metodología no es lo mismo que mantener los insumos con que se estima. La metodología es la 'receta' para llegar a la cifra de pobreza; los insumos son la 'calidad de los ingredientes'. Explicar qué cambió, además, tampoco es responder qué tanto de la caída en las carencias de salud y de agua se debe al cambio: el instituto nunca comparó las preguntas antigua y nueva, ni abordó la sobreestimación del ingreso. Sobre lo esencial, el silencio persiste.

Conviene ser justo, porque el diagnóstico fácil sería también el equivocado. El INEGI es de las agencias estadísticas más sólidas de la región; sus funcionarios son profesionales, no propagandistas. Es más: difundió cifras incómodas, al reportar que las personas sin acceso a la salud pasaron de 20.1 a 44.5 millones entre 2018 y 2024. El problema es que un órgano externo, el CONEVAL, solía revisar los datos que proporcionaba el INEGI y emitía una opinión, explícita o implícitamente, al respecto. Esta opinión podía ser tan simple como una nota técnica, o tan complicada como una negativa a usar directamente los datos del INEGI, como ocurrió con la ENIGH 2016. 

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Este problema no se resuelve recordando que el INEGI es autónomo o que el CONEVAL nunca lo fue del todo: la virtud del arreglo previo no era la autonomía de cada uno, sino la separación entre ellos; el INEGI producía el dato; el CONEVAL, con independencia técnica, medía la pobreza. La reforma de simplificación orgánica, publicada en diciembre de 2024 y consumada en junio de 2025, extinguió al CONEVAL y trasladó sus funciones al INEGI. Con ello la misma institución produce el dato, mide la pobreza y evalúa la política que la reduce: es a la vez autor, árbitro y calificador de su propia obra, algo que podría atenuarse con un comité técnico con integrantes externos que acompañara la difusión de los datos del INEGI.

La dirección en evaluación y medición creada en diciembre de 2025 no repara la falla: su informe lo aprueba la Junta de Gobierno del INEGI, un evaluador interno que no reproduce el incentivo de un tercero obligado a escrutar el resultado. El contrapeso no se debilitó: se eliminó. Por eso la cifra de pobreza que hoy publica el INEGI puede ser, a la vez, más baja y menos confiable: no porque el instituto se equivoque, sino porque nadie está en posición de confrontar sus decisiones técnicas. La pobreza que se mide disminuyó, pero la que creció es otra: la pobreza institucional de un país que, por ahorrarse un verificador, se quedó sin quién revise con cuidado y transparente de forma externa los datos con que se mide la pobreza.

La conclusión incómoda es que ya no hay respuestas ni supervisión adicional que esperar. Una institución que es juez y parte no tiene incentivo para documentar por qué su propio resultado podría estar inflado, ni para sujetarse al escrutinio formal externo. El silencio no es descuido, sino la conducta racional de quien ya no rinde cuentas a un ente autónomo. La tarea del Consorcio y de los investigadores independientes es, entonces, seguir señalando los problemas de la pobreza del INEGI, la que mide y la de otro tipo.