La crisis que no parece crisis: La erosión (II parte)

En la primera parte de este artículo (La crisis que no parece crisis: La complacencia) sostuve que la ausencia de una crisis macroeconómica tradicional puede generar una falsa sensación de normalidad. México conserva estabilidad financiera y acceso a los mercados, pero eso no basta para concluir que la economía esté sana. El problema es más profundo: el bajo crecimiento ha coincidido con un deterioro institucional que afecta la inversión y la planeación de largo plazo.

Una economía no funciona únicamente con tasas de interés, déficit e inversión. Necesita derechos protegidos, contratos exigibles, tribunales confiables, reguladores capaces, seguridad jurídica, servidores públicos competentes y contrapesos que reduzcan el riesgo de decisiones arbitrarias. Cuando esas condiciones se deterioran, el efecto rara vez aparece de inmediato en el PIB; se manifiesta en mayor incertidumbre, menor inversión y, finalmente, menor productividad y crecimiento.

En este contexto debe entenderse la reforma del Poder Judicial, que sustituyó buena parte del sistema anterior de selección de ministros, magistrados y jueces por la elección popular y recurrió a mecanismos de insaculación que dieron origen a las conocidas “tómbolas”. Sus defensores sostienen que el nuevo modelo democratiza la justicia. Mi preocupación es que aumente la influencia de consideraciones políticas y reduzca la certidumbre jurídica cuando México debería reforzarla para atraer inversión de largo plazo.

Algo semejante ocurre con la desaparición o transformación de diversos organismos constitucionales autónomos. Puede argumentarse que algunas estructuras eran costosas o duplicaban funciones, pero en materias como competencia, telecomunicaciones, transparencia y evaluación el país necesitaba fortalecer capacidades técnicas e independencia regulatoria, no reducir la distancia entre esas funciones y el poder político. A ello se suma la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Un Estado de derecho fuerte descansa en la capacidad para investigar, procesar y sancionar respetando el debido proceso; recurrir cada vez más a mecanismos automáticos de privación de la libertad puede convertirse en un sustituto de esa capacidad institucional, no en una solución a su debilidad.

Menos visible, pero igualmente importante, ha sido la transformación de los mecanismos de defensa de ciudadanos y empresas frente al Estado. Las sucesivas reformas al juicio de amparo han reducido el alcance de las suspensiones y restringido, en distintas materias, la posibilidad de detener provisionalmente los efectos de actos de autoridad mientras se resuelve su constitucionalidad. Aunque cada modificación puede justificarse aisladamente, su efecto acumulativo revela una tendencia preocupante: reducir la capacidad de los particulares para defenderse oportunamente frente al poder público. Limitar esos instrumentos difícilmente mejora, por sí mismo, la impartición de justicia.

Economía

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La misma preocupación aparece en materia de libertad de expresión. En los últimos años se han impulsado disposiciones e iniciativas que amplían los márgenes para sancionar expresiones en medios y plataformas digitales, algunas de las cuales han debido ser corregidas, retiradas o invalidadas por su amplitud o ambigüedad. Preocupa la recurrencia de propuestas que obligan a defender espacios de crítica, sátira y expresión pública. La libertad de expresión es también un mecanismo de rendición de cuentas frente a la corrupción y los abusos de poder.

Hay, además, un precedente particularmente delicado en materia de pensiones. Una reforma constitucional reciente estableció un límite a determinadas jubilaciones y pensiones de trabajadores y exfuncionarios de entidades públicas, vinculándolo a la remuneración presidencial, y su régimen transitorio pretendía alcanzar también pensiones previamente otorgadas. La medida abrió una controversia sobre retroactividad y derechos adquiridos, y posteriormente se reconocieron contradicciones en los límites establecidos. Más allá del monto de esas pensiones o de los abusos que puedan haber existido, el problema es de seguridad jurídica: corregir privilegios hacia adelante es muy distinto de modificar después de los hechos las condiciones bajo las cuales las personas organizaron durante décadas sus decisiones patrimoniales y de retiro.

Vistos en conjunto, la elección popular de jueces, la reducción de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, las restricciones al amparo, las tensiones alrededor de la libertad de expresión y los intentos por modificar derechos pensionarios ya adquiridos no son episodios inconexos. Forman parte de un proceso de mayor concentración y discrecionalidad del Estado, con consecuencias económicas: cuando las reglas pueden cambiar después de tomadas las decisiones, disminuyen la confianza y los incentivos para invertir.

A estos cambios se agregan problemas que no dependen de una reforma específica pero cuyos efectos económicos son igualmente reales: corrupción e impunidad, deterioro de capacidades técnicas dentro del gobierno, inseguridad, extorsión y expansión del crimen organizado en determinadas regiones y actividades productivas. Una empresa que debe incorporar esos riesgos a sus decisiones enfrenta un costo adicional tan real como un impuesto, un salario o una tasa de interés.

La educación y la salud completan el cuadro. Su deterioro puede tardar años en reflejarse plenamente en las estadísticas de crecimiento, pero termina apareciendo como menor capital humano, menor productividad y menores posibilidades de movilidad social. Las transferencias pueden aliviar necesidades presentes, pero no sustituyen educación y salud de calidad ni empleos productivos. Redistribuir ingreso es importante; construir capacidades para generarlo sostenidamente lo es aún más.

Por eso me parece insuficiente describir la situación actual como una etapa de bajo crecimiento. Lo que podemos estar viviendo es una crisis de erosión. Las crisis económicas tradicionales eran crisis de ruptura: el peso se desplomaba, las reservas desaparecían, la inflación se disparaba y la actividad económica caía abruptamente. Era imposible no reconocerlas. La crisis de erosión es distinta porque puede avanzar durante años mientras los mercados financieros continúan funcionando con relativa normalidad.

Nos acostumbramos entonces a un crecimiento mediocre, a una informalidad que abarca a más de la mitad de los trabajadores, a déficits elevados porque todavía pueden financiarse, a servicios públicos deficientes, a mayor inseguridad y a instituciones progresivamente más débiles. Ninguno de estos deterioros produce el dramatismo de una crisis cambiaria, pero su acumulación puede causar un daño más persistente al crecimiento.

Este es el gran error de la administración anterior y de la actual. Ambas recibieron una economía con enormes deficiencias sociales y crecimiento mediocre, pero también una plataforma macroeconómica e institucional sobre la cual era posible construir. La oportunidad consistía en preservar la estabilidad, fortalecer el Estado de derecho y la competencia e invertir en educación y salud, mientras una política social más ambiciosa corregía las deficiencias del neoliberalismo sin destruir aquello que había funcionado.

En vez de construir sobre esa plataforma, muchas de las reformas adoptadas han debilitado precisamente algunos de sus pilares. Se amplió la redistribución, pero no se generaron las condiciones necesarias para elevar sostenidamente la productividad. Se fortaleció la presencia del Estado, pero al mismo tiempo se redujeron contrapesos, espacios de decisión técnica independiente y mecanismos de defensa frente al propio Estado. Se intentó corregir deficiencias reales del modelo anterior, pero en el proceso se dañaron instituciones cuya función era limitar la discrecionalidad y proporcionar certidumbre.

Por eso el problema no consiste simplemente en que México crezca poco hoy, sino en que hemos debilitado nuestra capacidad para crecer más mañana. Una desaceleración cíclica puede revertirse; reconstruir tribunales confiables, capacidades regulatorias, seguridad, salud, educación y confianza en las reglas exige muchos años. Destruir la confianza institucional es relativamente fácil; reconstruirla, extraordinariamente difícil.

Paradójicamente, la apariencia de una estabilidad macroeconómica complaciente puede ocultar este proceso. Mientras el peso no se desplome, los bancos sigan funcionando y el gobierno conserve acceso al financiamiento, resulta tentador minimizar la gravedad de los problemas. Sin embargo, una economía no necesita quebrarse para deteriorarse: puede invertir e innovar menos, formar peor a sus trabajadores, debilitar sus instituciones y resignarse gradualmente a tasas bajas de crecimiento.

No existe una contradicción inevitable entre estabilidad macroeconómica y menor desigualdad, como tampoco entre una economía de mercado y la política social. La oportunidad histórica era combinar ambos: conservar las instituciones que proporcionaban estabilidad y certidumbre y corregir, al mismo tiempo, las profundas deficiencias sociales del modelo anterior. Esa oportunidad se desaprovechó.

La pregunta relevante ya no es cuánto tiempo puede México seguir evitando una crisis, porque esa formulación supone que la crisis todavía está por venir. La posibilidad más preocupante es que llevemos años dentro de ella sin reconocerla, porque seguimos esperando que tenga la apariencia de 1982, 1987 o 1994. La historia económica de México nos enseñó a reconocer las crisis que llegan de golpe; ahora debemos aprender a identificar las que avanzan poco a poco. La crisis que no parece crisis es aquella que sólo se vuelve evidente cuando buena parte del daño ya está hecho.

Esta es la otra cara de la crisis que está en marcha y que no parece crisis.