La crisis que no parece crisis: La complacencia (I parte)

En semanas recientes he leído y escuchado con atención a economistas de reconocido prestigio, a quienes admiro y respeto, que encuentran virtudes importantes en el modelo económico y social de la presente administración y de la anterior. Destacan los aumentos al salario mínimo, las transferencias de los programas sociales y la reducción de la desigualdad, al tiempo que subrayan que se ha preservado la estabilidad macroeconómica y financiera.

No ignoran los problemas. Reconocen el escaso crecimiento, la debilidad en la creación de empleo formal, el avance de la informalidad y las crecientes presiones fiscales. Pero parecen concluir que estos desequilibrios son manejables y que México puede transitar algunos años más sin un descalabro económico significativo.

Es posible que tengan razón si por descalabro entendemos exclusivamente una crisis como las que México vivió en el pasado. Estamos acostumbrados a asociar una crisis económica con una devaluación abrupta, inflación desbordada, fuga de capitales, pérdida acelerada de reservas, insolvencia bancaria o incapacidad del gobierno para financiarse. Pero una economía también puede deteriorarse lentamente. Puede crecer poco durante muchos años, perder productividad y acumular vulnerabilidades sin que exista un día preciso en el que podamos decir: “hoy comenzó la crisis”, “ya estalló la crisis”, etc. El peligro está precisamente en confundir la ausencia de un colapso con una situación económica saludable.

El mercado laboral ofrece una primera señal. Según datos de INEGI, en el segundo trimestre de 2026, 55.1% de la población ocupada se encontraba en la informalidad laboral. No se trata de un fenómeno marginal, sino de una característica estructural de la economía mexicana: más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera de empleos que ofrecen plenamente la protección y los beneficios asociados con la formalidad.

La discusión reciente sobre el tipo de cambio muestra otra forma de perder de vista el problema de fondo. La reducción del diferencial entre las tasas de política monetaria de México y Estados Unidos ha llevado a algunos analistas a sostener que Banxico debería reaccionar a los movimientos de la Reserva Federal para evitar una depreciación del peso. Una de las principales virtudes de un régimen de libre flotación consiste precisamente en permitir que la política monetaria se oriente a la estabilidad de precios sin quedar subordinada a un determinado nivel del tipo de cambio.

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A mí me gustaría ver una aumento de la tasa de referencia, pero por otras razones. La pregunta relevante para Banxico no debería ser si el diferencial con Estados Unidos es suficientemente amplio ni si el peso se encuentra en un nivel específico. Lo importante es si la tasa de referencia es congruente con una trayectoria sostenible de convergencia hacia la meta de inflación de 3%. Además, como algunos hemos señalado una y otra vez, Banxico continúa definiendo la meta de inflación con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual, algo que deliberadamente ya habíamos dejado atrás durante la gestión de Guillermo Ortiz como gobernador del banco central una vez que se había consolidado un entorno de inflación baja y estable.

El intervalo de variabilidad se ha convertido en un rango objetivo, y es aquí donde aparece otra manifestación de complacencia macroeconómica. Se ha vuelto relativamente común considerar que una inflación cercana a 4% no representa un problema serio. Parecería que un punto porcentual adicional es poca cosa. Algunos economistas incluso han afirmado que podríamos vivir con una inflación de 5% sin mayor problema. Pero una meta que sistemáticamente no se alcanza corre el riesgo de dejar de ser una verdadera meta. Lo que está en juego no es sólo la diferencia entre 3 y 4%, sino la credibilidad del compromiso de la autoridad monetaria con la estabilidad de precios. 

Por razones semejantes conviene ser cautelosos con las propuestas para inducir una depreciación del peso con el propósito de recuperar competitividad. El tipo de cambio real responde a numerosos factores reales, pero su nivel de equilibrio de largo plazo no responde a factores monetarios. Pretender convertir el nivel del tipo de cambio, ya sea nominal o real, en un objetivo adicional de política terminaría comprometiendo la independencia con la que debe operar la política monetaria.

México ya conoce los riesgos de utilizar el tipo de cambio como ancla nominal o instrumento de competitividad. Respecto de esto último entre 1985 y 1987 se manipuló el tipo de cambio para mantener la competitividad y enfrentar choques externos como la subida de tasas de interés en Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo. Esto fue lo que nos llevó a la inflación alcanzara 157.9% al cierre de este último año. Abundan también otras experiencias en América Latina.

Las finanzas públicas ofrecen otro ejemplo de complacencia macroeconómica. Se argumenta con frecuencia que la deuda mexicana todavía es moderada en comparación con la de muchas economías desarrolladas y que, por tanto, existe margen para. Pero la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de cuánto debe hoy el gobierno. Depende de la trayectoria futura del gasto, de las tasas de interés, del crecimiento económico y de la capacidad para generar superávits primarios.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del reto. Para 2026, Hacienda estimaba requerimientos financieros del sector público equivalentes a 4.1% del PIB y un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público superior a 54% del producto, acompañado de un superávit primario de apenas 0.5% del PIB (Pre-Criterios 2027). La discusión relevante, por tanto, no es cuántos puntos adicionales de deuda podemos acumular antes de alcanzar, por ejemplo, el promedio de la OCDE, sino qué esfuerzo fiscal (medido por el superávit primario) será suficiente para estabilizar esa deuda cuando el costo real de financiarla supera el crecimiento de la economía.

A esta aritmética se agregan presiones estructurales difíciles de ignorar: un gasto creciente en pensiones, transferencias sociales permanentes, las necesidades financieras de Pemex y enormes rezagos en educación, salud, seguridad e infraestructura. Por eso me parece insuficiente hablar solamente de una reforma fiscal. México necesita una verdadera reforma hacendaria, que examine simultáneamente ingresos y gastos. No basta con recaudar más a rajatabla, una verdadera reforma por el lado de los ingresos debe cumplir con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad, más si no se revisa qué gasto se financia, con qué resultados y bajo qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.

El problema del crecimiento es todavía más profundo. La política monetaria puede estimular temporalmente la demanda, pero no puede elevar permanentemente el crecimiento potencial. Lo mismo ocurre con el gasto público. Puede contribuir al crecimiento cuando financia infraestructura rentable, educación, salud o bienes públicos que complementan la inversión privada y el capital humano, pero no todo lo que contablemente se clasifica como inversión aumenta la capacidad productiva.

Durante los últimos años se han depositado grandes expectativas en la relocalización (el “nearshoring”), la inversión extranjera directa (IED), una mayor inversión pública, menores tasas de interés o “nuevas” fuentes de energía. Todos estos factores pueden ayudar, pero ninguno sustituye los determinantes fundamentales del crecimiento: acumulación de capital físico y humano, productividad, innovación e instituciones que favorezcan la inversión.

También conviene interpretar con cautela las cifras de inversión extranjera directa. Un monto elevado de IED no significa automáticamente que exista una transformación productiva. La pregunta importante no es solamente cuánto capital entra al país, sino cuánto se convierte en nuevas plantas, tecnología, infraestructura, cadenas de proveedores, empleos formales y mayor productividad. La relocalización sólo será una verdadera fuente de crecimiento cuando pueda observarse de manera clara en estas variables.

Llegados a este punto conviene abandonar las caricaturas sobre el llamado neoliberalismo. Ese periodo construyó una arquitectura macroeconómica más resistente: libre flotación cambiaria, autonomía del banco central, objetivos de inflación, un sistema financiero mejor capitalizado, líquido y con estándares de regulación internacional (Basilea III), reservas internacionales elevadas, integración comercial con América del Norte, disciplina fiscal y acceso favorable a los mercados internacionales.

Pero el “neoliberalismo” también dejó déficits importantes. El crecimiento del ingreso por habitante fue insuficiente, la informalidad permaneció elevada, la movilidad social fue limitada y los beneficios de la modernización no se distribuyeron de manera suficientemente amplia. La respuesta adecuada era corregir esas deficiencias sin desmontar aquello que sí había funcionado. 

Los aumentos al salario mínimo y una política social más ambiciosa podían formar parte de esa corrección. Precisamente porque México recibió una arquitectura macroeconómica relativamente sólida fue posible ampliar las transferencias sociales sin provocar de inmediato una crisis fiscal, financiera o cambiaria. Esa capacidad de resistencia, sin embargo, no es ilimitada.

México ha demostrado que puede resistir sin colapsar. Pero resistir no es lo mismo que progresar. La estabilidad macroeconómica es indispensable, aunque por sí sola no garantiza crecimiento, productividad ni bienestar. Y aquí comienza la parte más preocupante del argumento: durante los últimos años no sólo hemos dejado sin resolver muchas de las debilidades estructurales de la economía; también se han mermado algunas de las instituciones que hacían posible corregirlas. Hemos tirado al bebé con el agua de la tina de baño.

Esta es la primera cara de la crisis que no parece crisis. En una siguiente entrega abordaremos la otra cara.