Se entiende la desesperación ante la inflación, de regreso tras décadas de aumentos moderados en los precios. En Estados Unidos, en naciones europeas, se acerca a un nivel de dos dígitos, lo que habría sido impensable hace apenas un año. En México está en 7.5%, y eso por el enorme subsidio a la gasolina, de lo contrario es probable que estuviera por arriba del 9% anual.
Es uno de los pocos fenómenos económicos que solo tiene efectos negativos, sin nada que compense. Y empieza ya a consumir, y en forma apreciable, el poder adquisitivo de la población.
Es comprensible que el presidente López Obrador quiera reducirla y haya solicitado un plan para hacerlo, que presentará esta semana. Pero las buenas intenciones son insuficientes. Sus asesores económicos, destacadamente el titular de Hacienda, la Gobernadora del Banco de México (se supone que ambos de su confianza) debieron tratar de explicarle las realidades de la vida, como es la inutilidad de combatir la inflación buscando acuerdos con productores y vendedores.
El recordado Pacto
En semanas recientes se ha hablado mucho del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un programa extremadamente exitoso contra la inflación. Iniciado por la administración de Miguel de la Madrid en diciembre de 1987, logró reducir la inflación de niveles de 150% anual a menos de 20% en poco más de un año. ¿Por qué no reeditarlo? Suena atractivo: López Obrador convocando a empresarios y sindicatos, y acordando una serie de acciones para frenar el aumento en los precios.
Pero el México de 2022 es muy distinto al de 1987. Ya no está el líder obrero que representaba con fuerza a los trabajadores: Fidel Velázquez. Esa clase de liderazgos casi monolíticos simplemente ya no existen. Pero además el Gobierno Federal hizo un fuerte ajuste a las finanzas públicas, aumentando ingresos (subiendo el precio de las gasolinas y electricidad, algo inaceptable para AMLO) y recortando el gasto público.
Además, el peso estaba en un régimen cambiario administrado. El gobierno primero lo devaluó para tener un colchón de subvaluación y después congeló la paridad peso-dólar. Esto ayudo a “importar” la inflación mucho más baja de Estados Unidos. Pero actualmente dicha inflación es superior a la de México (el gobierno de Biden no subsidia la gasolina), y actualmente en niveles no registrados en 40 años.
Pero el peso ya no tiene un régimen cambiario, sino que está en libre flotación desde diciembre de 1994. El PSE y los pactos que le sucedieron, hasta inicios del sexenio de Ernesto Zedillo, fueron un experimento audaz, y exitoso, pero que no puede replicarse en el México actual.
Ni Arroz ni Aceite Bienestar
Tampoco puede repetirse la jugada obradorista de hacer una empresa estatal como hizo con Gas Bienestar. La empresa ya existe, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y es una imitación limitada de lo que fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Comprar y subsidiar alimentos básicos en cantidades masivas, que realmente hicieran una diferencia a millones, implicaría un costo fiscal extraordinario.
Por ello la alternativa de buscar “acuerdos” con ciertos productores y distribuidores. Es improbable que funcione, pero permitiría al inquilino de Palacio argumentar que está haciendo algo. Con suerte, será una medida cosmética e irrelevante. De otra forma, puede provocar escasez y hasta mercado negro de ciertos productos.
A ello hay que agregar los peculiares exhortos presidenciales a los campesinos de que se pongan a sembrar maíz y frijol, para el autoconsumo. Es una idea fija que AMLO reitera con cierta frecuencia: “producir lo que consumimos”. La está tratando de llevar a la práctica con la gasolina, con desastrosas consecuencias. Carece de los recursos para hacer lo mismo con alimentos.
El trabajo del Banxico
El combate a la inflación es por dos vías: aumentar la oferta o reducir la demanda. La primera requiere tiempo, mientras que la segunda es rápida pero dolorosa. Para aumentar realmente la oferta de bienes y servicios, incluyendo alimentos, el Gobierno Federal podía enfocarse en reducir la inseguridad que afecta a transportistas, por ejemplo, en el robo de camiones de carga. Eso no sucederá. Podría reducir el gasto público para reducir la demanda. Tampoco es previsible que ocurra.
Queda el Banco de México y la política monetaria. Esto es, aumentar las tasas de interés, lo que reduce el consumo y la inversión, aparte de desacelerar la economía (y apreciar al peso). Una medicina amarga, pero realmente la única disponible; el resto de las acciones que pueda tomar el Gobierno Federal son paliativos de poco impacto o meros adornos con una fuerte dosis de demagogia.
