Situaciones emergentes como la que se presenta con el Covid-19 afectarán la economía de los hogares, principalmente de familias en situación vulnerable.
Por ello es importante que cuenten con instrumentos que les permitan enfrentar esas contingencias. La inclusión financiera y su uso adecuado ayuda a las personas a lidiar con este tipo de problemas, no menores.
El miércoles 11 de marzo se presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera. Esta estrategia del gobierno plantea como objetivos fomentar no sólo la inserción de población excluida de esos servicios, sino también un mejor uso de ellos para su beneficio, desarrollar capacidades financieras y mejorar la salud financiera de individuos y hogares, así como empoderar a los usuarios.
Sin duda es el programa de inclusión financiera más comprensivo y ambicioso que hemos tenido; también es un programa muy completo si se compara con estrategias análogas en otros países.
Esta estrategia del gobierno fue trabajo de muchas instancias involucradas en el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Principalmente una labor conjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en particular su área de inclusión financiera, de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de la Secretaría de Hacienda, y varias áreas de Banco de México. Varios de estos equipos son de especialistas relativamente jóvenes. Pero estando yo en el tema desde hace tiempo, me queda claro que este programa de política ha podido aprovechar bien aprendizajes, conocimientos, y experiencias acumulados en muchos años.
Al decir que es un programa comprensivo, me refiero a los objetivos que cubre: acceso e inclusión al sistema financiero, infraestructura del sistema, promoción de uso de pagos digitales, fortalecer las capacidades financieras de la población, fortalecer acceso a herramientas de información y mecanismos de protección al usuario, favorecer inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores y población rural.
El documento que presenta la política (que se puede acceder aquí) presenta una sección con un diagnóstico general sobre el estado de la inclusión financiera; la CNBV recientemente ha desarrollado, no sólo información, sino también análisis y conocimiento sistemático sobre el estado de la cuestión. La sección que presenta la política describe los objetivos de inclusión y las líneas de acción, estas últimas incluyen las áreas de gobierno encargadas.
Cabe señalar que el programa fue ampliamente consultado con stakeholders y expertos. Juntaron muchos especialistas, antes de que el espanto nos alejara de las reuniones grupales. Como ejercicio de transparencia, en el documento se reseñaron los trabajos en esas mesas de consulta.
Hay elementos particularmente interesantes de la estrategia y que podríamos considerar, diferenciadores. Uno de ellos es el énfasis en eliminar o reducir brechas, por ejemplo, de género, urbano-rural, así como de grupos vulnerables como los adultos mayores.
En el caso de género, hay brechas notorias en la inclusión financiera de las mujeres, lo cual definitivamente es un reflejo de otras brechas de género (como el control de los activos financieros del hogar). Esto lo documenta un estudio del CEEY sobre inclusión financiera de la mujer, el cual está por salir pronto. Algunos pensamos que la inclusión financiera ayudará a reducir esas brechas de género, ya veremos.
Otro elemento transversal en la estrategia es considerar la salud financiera de los hogares, lo cual había sido muy discutido entre especialistas del medio, pero no abordado directamente por la política pública, como ahora se hace. También enfatiza la alfabetización y capacidades financieras (conocidas como educación finaciera), al grado que el Secretario de Educación estuvo ahí en la presentación.
En los próximos años, la implementación de las líneas de acción requerirá de mucha ciencia y definitivamente de más arte.
Una estrategia así enfrenta un escenario de riesgos en su implementación. El mismo documento describe el mapa de riesgos. Algunos son riesgos asociados a la incertidumbre regulatoria y problemas en la gestión pública, no menores en la actual administración. Un riesgo relevante es la no apropiación o “falta de adopción, compromiso o un insuficiente involucramiento de los actores relevantes”; no es de extrañarse que la agencia de los usuarios y de las instituciones financieras le vaya a dar giros no esperados.
En el evento de lanzamiento de esta política tuve la oportunidad de felicitar a sus protagonistas. Hay que reconocer cuando las cosas salen así de bien. También aproveché para hacer mi mensaje de marras. Una enseñanza de la historia es que un proceso de inclusión financiera de la población requiere que las personas tengan confianza en el sistema financiero.
La confianza es un pilar básico para el funcionamiento de todo el ecosistema financiero. Una estrategia de política pública puede ayudar a que esa confianza se afiance, pero construir la confianza de los usuarios es una responsabilidad fiduciaria de los participantes: bancos, aseguradoras, afores, fondos, y otros intermediarios.
Asimismo, el gobierno tiene un rol central para fortalecer (o debilitar) la confianza, no sólo como regulador del sistema, sino como un agente que incide sobre el valor de los activos financieros.
La confianza es lo más difícil de construir y es lo más frágil.
