Algo que no ha funcionado como se esperaba en la regulación del sistema financiero es el de-risking. En esta nota voy argumentar por qué es oneroso y regresivo.
El de-risking se le conoce al conjunto de medidas que toman los intermediarios financieros para prevenir relaciones y transacciones que se consideran riesgosas en relación a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sea con individuos, empresas, otros intermediarios o bien países, de los cuales se desvinculan (cierran sus cuentas y transacciones, o simplemente se niega el servicio).
La fuente es la regulación para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conocida como PLD.
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En los últimos años esa regulación se ha vuelto más astringente. La normatividad es generada en cada país, pero se basa en estándares internacionales, relativamente homologados. Los estándares internacionales se definen en un grupo llamado la Financial Action Task Force.
En México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene una vicepresidencia para esta función, pero es una tarea que comparte con otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esto no es fortuito, una forma de combatir las actividades ilegales es “seguir el dinero”. Como las finanzas del crimen se han hecho cada vez más complejas, se ha incrementado también la vigilancia. Esta práctica, sin duda, ha permitido detectar muchos ilícitos. Como parte de la vigilancia del sistema financiero, se ha vuelto imprescindible.
De-risking son las medidas tomadas por intermediarios financieros para prevenir relaciones y transacciones riesgosas.
En ese contexto, las multas, sanciones y el daño reputacional pueden representar un alto costo para los intermediarios financieros. Por esa razón, bancos y otros intermediarios regulados se ven obligados (por la normatividad, suele ser) a invertir en procesos de compliance o cumplimiento normativo para PLD, como los llamados costumer due diligence y enhanced due diligence. También están invirtiendo cada vez más en procesos llamados know your customer, conocido KYC, para mayor conocimiento del cliente y sus transacciones.
Si bien son importantes, estos procesos se han vuelto incrementalmente onerosos para las instituciones. Por lo mismo, en la medida que aumenta el nivel de regulación y exigencia, también aumenta la probabilidad de que un cliente o algún tipo de transacciones dejen de ser rentables para el intermediario.
Como se plasmó en el estudio sobre el sistema financiero recientemente publicado por el CEEY, este tipo de requerimientos es relativamente más costoso para intermediarios de menor escala, intermediarios emergentes y aquellos especializados en ciertos segmentos que exigen mayor vigilancia, en parte por la naturaleza de economías de escala de los intermediarios.
La práctica es regresiva, dado que afecta más a individuos con un acceso limitado al sistema financiero. Un ejemplo común es cuando existen requisitos de información muy estrictos para aperturas de cuentas y otros servicios, lo cual desplaza fuera del sistema financiero a los individuos que no pueden cumplir con ese requerimiento normativo. Un caso de hace unos años fue el de intermediarios financieros populares, a los cuales bancos les cerraron sus cuentas (por problemas con estos requisitos), afectando a miles de usuarios de bajo ingreso.
El problema es que mientras más astringente es la regulación, las transacciones acaban saliendo del sistema financiero. Entran a circuitos propios, basados en el efectivo principalmente, con mayor riesgo y costo medio.
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Un caso particular han sido las limitaciones a transacciones bancarias en efectivo. De éstas, la principal motivación ha sido fiscal. Pero el resultado ha sido una salida de esas transacciones del sistema bancario. Por cada transacción que sale del sistema financiero y se va a circuitos de efectivo, hay información valiosa que se pierde; ello va en detrimento del objetivo final de esas medidas (identificar actividad delictiva). Sacar el dinero ilícito del sistema financiero nada ayuda a identificar su modus operandi.
Obviamente está en el mayor interés de los intermediarios desvincularse, antes que arriesgarse a tener una sanción. Pero esa reducción en el riesgo del sistema financiero lleva a consecuencias no esperadas. Una es que los clientes más vulnerables tienen que salir del sistema bancario. Otra, amplían circuitos informales para transacciones financieras. Por algo The Economist llamó a este problema “The great unbanking“.
En cuanto a las transacciones transfronterizas, la efectividad de las medidas es algo por ser probado aún. La Financial Action Task Force se encarga de identificar a los países por su riesgo. Los de alto riesgo están en una lista conocida como greylisting. Una consecuencia para los países que están en esta lista, es la restricción de transacciones financieras con otras economías, limitando la operación de bancos corresponsales.
De acuerdo a un estudio reciente de Collin, Cook y Soramaki, publicado por el Center for Global Development, el greylisting implica la eliminación de transacciones entre bancos corresponsales, con un efecto en los pagos transfronterizos. El estudio muestra que para un país, estar en greylisting reduce los pagos que se pueden enviar a otros países. Pero el estudio encuentra que no hay un efecto negativo del greylisting sobre pagos recibidos de otros países que no estén en esa lista.
Por otra parte, no todos los iguales son iguales ante las reglas transfronterizas, la normatividad puede ser asimétrica entre países colindantes: los bancos fronterizos en Estados Unidos tienen relativa laxitud para abrir cuentas, mientras que del lado mexicano no ocurre así. Esa asimetría lleva a poca claridad de las reglas entre ambos países, lo que en parte contribuye a la des-bancarización.
No se trata aquí de criticar a nuestros reguladores y supervisores, que hacen de la mejor manera posible su tarea, principalmente desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV; lo hacen cabalmente. Muchos de ellos estarán de acuerdo conmigo que en esta materia, los resultados no necesariamente son los esperados, y los impactos sobre el sistema financiero no son los deseados. Mi argumento es sobre el diseño y los efectos de este tipo de regulación.
Como señala un reporte de Durner y Sheret, publicado por Oxfam y GCCS, los stakeholders involucrados, principalmente reguladores e intermediarios, suelen (en la mayoría de los casos) hacer su mejor esfuerzo, actuando en su propio interés. Pero esta falta de coordinación, como toda falla de mercado, lleva a consecuencias no esperadas, como las arriba señaladas. A su vez, es difícil para las autoridades seguirle el ritmo a la capacidad que tienen los circuitos financieros ilícitos para darle la vuelta a cada nueva restricción regulatoria.
Como todo problema complejo, hay más disyuntivas que soluciones. Claramente la creciente adopción de innovación tecnológica y la ciencia de datos contribuyen a la capacidad para identificar con mejor precisión y oportunidad el dinero sucio.
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El diálogo y la cooperación entre intermediarios, reguladores y otros stakeholders también es un elemento que contribuye a mejores resultados. Sin embargo, en México el intercambio de información entre intermediarios parece un sueño lejano, esto incluye bancos nacionales y extranjeros que operan en el país; el intercambio efectivo de información debería ser un pilar para la prevención del lavado de dinero.
Los dos puntos anteriores pueden parecer lugares comunes, cuando hay una raíz más profunda del problema: nuestro estado de derecho en un sentido amplio. A fin de cuentas, es nuestro estado de derecho, precario y frágil, el que propicia que el dinero ilícito fluya, dentro y fuera del sistema financiero.
* Agradezco a dos amigos de la industria sus atinadas observaciones a esta nota.
MÁS INFORMACIÓN: CEEY (2017) “El Sistema Financiero Mexicano Diagnóstico y Recomendaciones”, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
MÁS INFORMACIÓN: The great unbanking: The Economist, Julio 2017.
