Por: Alejandro Pulido
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
De acuerdo con el Artículo 113 de la Constitución, las entidades federativas deben homologar el entramado legal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para conformar 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). Es decir, los estados deben contar con leyes e instituciones equivalentes a las que existen a nivel nacional, teniendo como límite para su aprobación en los congresos locales, julio de 2017.
Para lograr SLAs efectivos, es fundamental la presencia de la sociedad civil, tal y como se hizo a nivel nacional, ya sea en el diseño de la legislación, en la conformación de sus instituciones, e incluso en el monitoreo. Ejemplo de ello es que el Comité de Participación Ciudadana, del cual surgirá el Presidente del Sistema, estará conformado por ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes a su vez serán electos por otros 9 ciudadanos.
Tras haber visitado a miembros de 27 organizaciones civiles en cinco entidades de la República (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos), encontramos que seguramente los distintos SLAs no serán una copia exacta del SNA y, en parte, eso será a causa de tres principales factores, como son los contextuales, los de dependencia y los de capacidades de algunas de estas organizaciones.
Los contextos a los que atienden los cinco estados coinciden en cuanto a su complejidad y resaltan la falta de homogeneidad, toda vez que los retos de inseguridad que vive Morelos, son distintos a los políticos en Guerrero, de migración en Chiapas, de magisterio en Michoacán, o de equidad de género en el Estado de México. Es decir, la actividad predominante de los grupos de la sociedad civil se deriva del contexto de cada entidad.
Sobre la dependencia encontramos mayoría de dos tipos, las que dependen del gobierno y trabajan de acuerdo con la temática que el mismo Estado requiera o defina; y las que dependen de los partidos políticos, haciendo campaña de manera permanente contra el gobierno o en la búsqueda de adeptos. Ante estos dos tipos de organizaciones se disminuye la posibilidad de que las asociaciones independientes puedan tener participación de los temas importantes para las entidades o incluso acceso a financiamiento público para el desarrollo de sus actividades. Este problema se agrava si las organizaciones dependientes son las únicas o la violencia y censura se profundizan.
En cuanto al tercer factor, podemos indicar que la falta de capacidades de las organizaciones está relacionada con la misma necesidad de atender los temas de manera ágil, partiendo del conocimiento empírico y desarrollando la experiencia sobre la marcha. Entre los más comunes entre las organizaciones con las que tuvimos contacto son la informalidad, el escaso uso de tecnología, y debilidad de las estrategias de comunicación.
Si bien es cierto que los factores contextuales, la dependencia y la falta de capacidades complican la tarea, también resalta el hecho de que hay algunas organizaciones, aunque muy pocas, que cuentan con todas las capacidades, lo cual es idóneo para su involucramiento y monitoreo de los SLAs.
En este contexto, es fundamental fortalecer a las organizaciones civiles que lo requieran a nivel estatal para que sean actores centrales en la conformación de los SLAs. Para lograr tal fin, en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, nos hemos dado a la tarea de hacer un diagnóstico sobre quiénes son, cómo funcionan y qué debilidades enfrentan 27 organizaciones civiles en los cinco estados antes señalados. Esta información será la base de una estrategia de capacitación en el mediano plazo, que les permita a las organizaciones contar con herramientas de comunicación, análisis presupuestal, desarrollo organizacional, entre otras. Así, al fortalecer las estructuras que representan a la sociedad civil a nivel local, contribuimos al correcto avance del SNA.
