Por: Dalia Toledo y Jonathan Jiménez
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017, el cual contempla un gasto de 4 billones 888 mil mdp. De los cuales, de acuerdo con el diputado Alfredo del Mazo Maza (Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública), 5,500 mdp serán destinados a la implementación del SNA.
En los meses previos a la aprobación del PEF, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señaló que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tenía tres principales problemas presupuestarios: 1) que los recursos de las dependencias que ya existían correspondieran con las nuevas atribuciones que adquirieron con la creación del SNA, 2) que los procesos y tiempos de asignación del presupuesto para las nuevas dependencias fueran claros y 3) que existiera un mecanismo para monitorear la eficiencia de este gasto, particularmente un Anexo Transversal. Con la aprobación del PEF 2017, la pregunta obligada es ¿se atendieron estos problemas con respecto al SNA?
En relación al primer problema, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, elaboró un documento denominado “impacto presupuestario”, en el cual se estimó que se requerían 1,500 mdp para la operación del SNA. Dos de los seis órganos que contemplaba la estimación del CEFP son instituciones que ya existían y que adquieren nuevas atribuciones, las cuatro restantes son dependencias nuevas. Así, De acuerdo con el CEFP, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa necesitaban 1,152 y 155.9 mdp adicionales a lo recibido en el 2016 para cumplir con sus atribuciones. Sin embargo, el PEF 2017 sólo les otorgó 85.4 y 26.3 mdp más. Este ejemplo sugiere que no hay correspondencia entre los recursos asignados y sus nuevas atribuciones. No obstante, la pertinencia de la asignación presupuestal se hará visible una vez que dichas instancias cumplan con sus obligaciones en torno al SNA.
Respecto del proceso de asignación de recursos para las nuevas instituciones, Ethos señaló que la correcta implementación del SNA requería especificar tiempos y procesos para dotar de recursos a estas dependencias. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) sólo incluyó un artículo transitorio genérico. Con la aprobación del PEF sí se retoma esta idea, al detallarse en el Artículo Séptimo Transitorio la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asignar recursos a la Secretaría Ejecutiva, la cual tiene tiempos definidos para su instauración, conforme a lo establecido en la Ley General del SNA. A pesar de este avance, en este momento no es posible evaluar la suficiencia de los recursos destinados a la creación y funcionamiento de las nuevas instituciones.
Finalmente, para monitorear la eficiencia del gasto anticorrupción se requiere información suficiente y pertinente sobre cuánto, quién y en qué se gasta, así como indicadores de resultados. Sin embargo, hoy en día el presupuesto total que se destina al combate a la corrupción es irrastreable y los indicadores de las dependencias que conforman el SNA no miden adecuadamente el avance en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
En este contexto, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas analizó las ventajas y desventajas de los principales mecanismos de rastreo del gasto y señaló que la creación de un Anexo Transversal daría mayor transparencia y visibilidad a los recursos destinados al combate de la corrupción. Así, durante el periodo de discusión del PPEF, la Diputada Minerva Hernández, con quien Ethos se reunió en numerosas ocasiones para impulsar la propuesta, presentó una reserva que contempla la creación de un Anexo Transversal para que cualquier ciudadano pueda conocer qué instancias y cuántos recursos públicos serán destinados al combate de la corrupción.
Sin duda, a partir de los diversos esfuerzos realizados por Ethos en la materia (que incluyen desde el cálculo del presupuesto anticorrupción; reuniones con tomadores de decisión, legisladores y sociedad civil; la elaboración de un documento técnico que detalla los principales problemas presupuestarios del SNA, hasta el desarrollo de una importante estrategia de comunicación), sería acertado afirmar que se ha logrado posicionar el tema dentro de la agenda pública. Si bien esto representa un avance para lograr un gasto anticorrupción eficiente y transparente, la batalla no ha sido ganada. Es nuestra responsabilidad como sociedad civil seguir con los esfuerzos para contar con los mecanismos de monitoreo idóneos que nos permitan medir los avances en el combate de la corrupción.
