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Ahorros por aquí, despilfarros por allá

13-07-2016 12:13

El PGF es una valoración de los montos que el Gobierno dejará de recaudar en 2016 y 2017 por tasas diferenciadas, exenciones, facilidades entre otras. Para los contribuyentes, estos representan un beneficio. Para el gobierno, una merma en su ingreso.

Ethos Presupuesto de Gastos Fiscales 2016
Ethos Presupuesto de Gastos Fiscales 2016

Por: Liliana Alvarado

Directora del Área de Desarrollo Económico y Social

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

 

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2016. Debido a la constante confusión que existe entre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y este último, es pertinente hacer una aclaración sobre su contenido. Concretamente, en el PGF se reportan los tratamientos preferenciales (conocidos técnicamente como gastos fiscales) que otorga el gobierno federal a los individuos y empresas. Algunos de estos tratamientos preferenciales son tasas diferenciadas, exenciones, facilidades administrativas, deducciones, estímulos fiscales, entre otros. Para los contribuyentes, los gastos fiscales representan un beneficio, ya que les permiten disminuir, evitar o diferir el pago de sus impuestos. Para el gobierno, éstos significan una merma en su ingreso.

Dados los recientes anuncios sobre los recortes al gasto, es pertinente analizar la pérdida en la que incurre el gobierno por concepto de los gastos fiscales, y si ésta es mayor o menor al año pasado y en qué medida. Este análisis permitirá conocer si la gestión de los gastos fiscales es consistente con la política de austeridad del gasto directo.

Para 2016, la pérdida recaudatoria será de alrededor de 670,323 mdp, lo que representa 3.5% del PIB. Sin embargo, la pérdida recaudatoria de 2015 se calculó en 532,207 mdp (2.9% del PIB), lo que equivale a 138,116 mdp adicionales. Una mayor pérdida recaudatoria en contextos de austeridad, sólo es justificable en la medida en la que los gastos fiscales resulten más eficientes que otro tipo de acciones para lograr objetivos concretos. Sin embargo, en México esto es difícil de saber, dado que la gran mayoría de los gastos fiscales no se evalúan, lo que promueve la permanencia de incentivos que no cumplen con su objetivo original.

Por ejemplo, en 1987, cuando se introdujo por primera vez la Deducción Inmediata de Activos Fijos (DIIAF), se pensó como un incentivo para promover la inversión. No obstante, con el argumento de que no había sido aprovechada por las empresas pequeñas y medianas, para quienes había sido creado, se derogó en 1998. En el 2002 la DIIAF fue reincorporada al esquema tributario, aunque su aplicación excluyó las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. En el 2013, la Reforma Social y Hacendaria propuso su eliminación, argumentando que no había probado ser una forma eficiente para aumentar la inversión, lo que coincidió con otros estudios como el que elaboró Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. En 2016, por presiones del sector empresarial, la DIIAF fue reinsertada en el esquema tributario, aunque  con algunas modificaciones en su diseño.

Conforme al PGF 2016, la pérdida recaudatoria para dicho año por concepto de la deducción inmediata de la inversión se estima en tan sólo 3,022 mdp (comparada con una pérdida recaudatoria de 27,179 mdp previo a su eliminación). Pudieran hacerse varias interpretaciones de este monto tan reducido. La primera, que una mínima parte de las empresas en México están haciendo uso del incentivo. La segunda, que el incentivo está demasiado acotado. La tercera, que el desconocimiento del tratamiento preferencial ha derivado en un uso limitado del mismo. Lo que es cierto es que la falta de evaluación de este y otros gastos fiscales, ponen en duda su pertinencia.

Algo similar sucede con el estímulo en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a la venta o importación de vehículos con baterías eléctricas. Hasta 2015, la pérdida recaudatoria por dicho estímulo fue menor a 1 mdp, lo que indica la poca popularidad del mismo. Hasta este año es que la pérdida recaudatoria se calcula ascienda a 9 mdp. Sin duda, el mayor uso de dicho estímulo se asocia al Programa Hoy No Circula Ampliado y al endurecimiento en los controles de la verificación vehicular, más no a un mejor diseño del mismo.

Adicionalmente, se debe resaltar que una parte del de la pérdida recaudatoria en 2016 se deben a los estímulos fiscales, las exenciones en el Impuesto al Valor Agregado y los regímenes especiales o sectoriales en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (53,285 mdp, 12,199 mdp y 12,010 mdp, respectivamente). Lo anterior, derivado de un uso más intensivo de algunos tratamientos preferenciales, así como de la creación de nuevos estímulos dirigidos a diversos sectores como el agropecuario.

En este sentido, el PGF 2016 contiene gastos fiscales que no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados. Adicionalmente, se siguen aprobando nuevos tratamientos preferenciales sin que se presente evidencia que los justifique o que demuestre si el objetivo perseguido se pudiera lograr de mejor manera por la vía del gasto directo. Ante este escenario cabe preguntarse ¿por qué los recortes se enfocan en el gasto directo y no contemplan a los gastos fiscales? ¿qué pasó con la firme intención que se tenía en el 2013 por ampliar la base gravable a través de la eliminación de ciertos tratamientos preferenciales? (ej. la consolidación fiscal, la deducción inmediata de activos fijos, entre otros) ¿Qué pruebas hay de que los recortes en el gasto directo sean más eficientes que la eliminación de ciertos gastos fiscales? ¿En verdad tiene sentido apretarnos el cinturón por la vía del gasto directo al tiempo que nos damos rienda suelta por la vía del gasto fiscal? Sospecho que no.

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