Por: Liliana Alvarado
Directora del Área de Desarrollo Social y Económico
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, donde se analizan áreas que se consideran relevantes para la operación gubernamental. Una de éstas es el gasto federalizado, el cual está conformado por todos aquellos recursos federales que se le transfieren a las entidades federativas y municipios para atender diversos fines.
Cabe señalar que, a pesar de que este gasto está condicionado en su mayoría, las irregularidades que se observan son numerosas. Por ejemplo, la ASF muestra en su reporte que algunas entidades federativas continúan realizando desviaciones indebidas de los recursos federales. Adicionalmente, los estados no cuentan con una estrategia para impulsar la participación social en el monitoreo de este gasto. Incluso, el ejercicio de los recursos no se acompaña de la documentación probatoria necesaria y, en consecuencia, la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo las grandes ausentes.
De acuerdo con la ASF, los principales factores que dificultan una correcta aplicación del gasto federalizado son: 1) los bajos niveles de ingresos propios (lo que ocasiona que las presiones financieras se cubran indebidamente con recursos federales); 2) las ambigüedades en la normativa de los fondos y programas del gasto federalizado; 3) la falta de supervisión por parte de las instancias federales a fin de garantizar la correcta aplicación de los recursos; 4) las debilidades en las capacidades institucionales de los municipios y en algunas dependencias estatales; 5) la ausencia de evaluaciones y mediciones de impacto, entre otras.
No obstante, en este tipo de discusiones suelen pagar justos por pecadores, dado que hay estados que sí se han esforzado por mejorar su desempeño. Para poner en perspectiva estos esfuerzos, la ASF formuló el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado que permite resumir, en un solo indicador, los resultados de la gestión del gasto federalizado. Para su cálculo se consideran variables como el ejercicio oportuno de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas, el control interno y la participación social.
Aún cuando el promedio nacional fue de 76.2 puntos, los resultados varían ampliamente entre los estados. Las entidades con mejores calificaciones -de mayor a menor- fueron: Durango, Puebla, Yucatán y Tamaulipas; en contraparte, los que mostraron peores puntajes -de menor a mayor- fueron: Veracruz, Michoacán, Baja California Sur y Jalisco.
Sin duda, este reporte revela la complejidad del tema y que la solución debe darse en distintos frentes. No obstante, una forma de garantizar una mejor aplicación del gasto federalizado sería explorando la aplicación de esquemas innovadores como los Contratos Basados en Resultados o Outcomes-Based Agreements (OBAs por sus siglas en inglés). Conforme a estos contratos, el flujo de las transferencias federales estaría sujeto al cumplimiento de resultados en los distintos fondos y programas.
Lo anterior implicaría dejar a un lado la transferencia de recursos con un mínimo de condiciones, lo que ha generado resultados mediocres en lo que respecta a la reducción de la pobreza, la generación de infraestructura básica y en el mejoramiento de la educación, salud y seguridad pública a nivel subnacional. Este tipo de esquemas ya se aplican entre distintos niveles de gobierno en países como Australia y el Reino Unido.
En México, un área de oportunidad para la implementación experimental de los OBAs son aquellos programas o fondos con pocos recursos, no politizados y poseedores de información suficiente y de calidad para la evaluación de sus resultados. Es importante que empecemos a explorar nuevas alternativas si es que en el corto o mediano plazo queremos actuar frente a los malos resultados que continúa arrojando el gasto federalizado.
