Por Liliana Alvarado Baena (@lilialvaradob)
En noviembre del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo para fortalecer la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Entre estas medidas se incluyó la creación de un Mando Único Policial Estatal.
Lo anterior, debido al escalamiento de la violencia, la desconfianza en las instituciones de seguridad en el país y, principalmente, a la presión generada por los 43 estudiantes desaparecidos del municipio de Ayotzinapa, Guerrero. En este sentido, la iniciativa busca abordar un problema grave que no es nuevo, pero sí urgente, dadas las implicaciones que tiene para la vida económica, política y social del país.
A grandes rasgos, el mando único pretende desaparecer las más de 1,800 corporaciones de policías municipales para dejar únicamente 32. Adicionalmente, se plantea homologar los procedimientos de selección, el equipamiento, los estándares de operación y el sueldo, el cual actualmente varía significativamente de municipio a municipio.
Al respecto, académicos, expertos, funcionarios públicos y demás actores relacionados con el tema han vertido opiniones en varios sentidos.
No obstante, una de las muchas preocupaciones involucra el enfoque que se le pretende dar a la solución del problema. En el ámbito teórico se habla de dos maneras de implementar una política pública, las estrategias Top-Down y Bottom-Up. El primer enfoque implica que las medidas se diseñan y ejecutan “desde arriba”, mientras que en el segundo caso las estrategias involucran de manera más activa a los grupos a los que se pretende atender, con miras a que la política en cuestión se adapte a sus necesidades y, por ende, tenga una mayor probabilidad de éxito.
En América Latina, países como Colombia, Guatemala, Nicaragua y Brasil han adoptado, de acuerdo con las nuevas tendencias en materia de seguridad, modelos de policía de proximidad —comunitaria— de cercanía en donde el ciudadano juega un papel primordial. Conforme al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los casos de mayor éxito presentan las siguientes características:
1) Hay una activa participación de las comunidades y en ocasiones éstas se involucran en el diseño de los planes de seguridad de sus colonias.
2) Autonomía de los oficiales para tomar sus propias decisiones basadas en la percepción de temor de los ciudadanos (y no en órdenes de mandos superiores).
3) Involucra a todo el cuerpo policial de manera que no haya unidades que mantengan un enfoque confrontacional de seguridad pública.
4) Se trabaja en problemas de origen similar que permitan encontrar causas comunes y menos en respuestas a denuncias.
5) Los programas se basan en evidencia de lo que funciona mejor, hay retroalimentación y una evaluación permanente.
Adicionalmente, el organismo internacional menciona que a diferencia de la policía tradicional, la policía de proximidad usa una moto o bici (y no una camioneta), porque ello facilita la comunicación con la ciudadanía. Incluso, el policía viste de colores distintos al tradicional “verde militar” y el énfasis de la formación es en las relaciones con la comunidad y no en el manejo de armas.
En el agregado, los buenos resultados dependen de la colaboración entre los ciudadanos y el Estado. Se trata de un cambio en los valores, servicio, habilidades y actitudes de los policías.
Aun cuando el mando único y la policía de proximidad buscan recuperar la confianza de la ciudadanía, la aproximación al problema es muy distinta.
Por una parte, el modelo de mando único centraliza y otorga mayor poder a la autoridad federal y estatal. Por el contrario, la policía de proximidad se enfoca en una descentralización operativa y en fortalecer las capacidades locales en áreas geográficas reducidas (principalmente colonias). En aras de contextualizar el debate, se debe resaltar que la centralización en otros temas como el pago de la nómina magisterial y la compra de medicamentos, se han llevado a cabo en esta administración.
Los esfuerzos por prevenir el delito mediante la instauración del modelo de policía de proximidad no son nuevos en México. Existen casos en los que el gobierno del estado define lineamientos para la implementación de este tipo de programas en los municipios, tal es el caso de Tuxtla Gutiérrez. Estas iniciativas también se gestan a nivel municipal, donde los gobiernos buscan generar vínculos más estrechos entre policías y ciudadanos para prevenir la delincuencia, tal es el caso de Hermosillo y Chihuahua.
Este artículo no sugiere que la implementación a gran escala de la policía de proximidad pueda sustituir los objetivos que persigue el mando único. Lo que es cierto, es que el enfoque del primer modelo ha probado ser exitoso en más de un país y éste parece ser contrario al del mando único.
Por lo anterior, resulta necesario nutrir el debate en torno a la posibilidad de que ambos esquemas se complementen. Por una parte, al mando único se le podrían adjudicar tareas mayormente relacionadas con crímenes de alto impacto, como los derivados de la delincuencia organizada.
Por su parte, la policía de proximidad podría enfocarse en tareas de prevención que, entre otras cosas, busquen restablecer el tejido social de las comunidades atendidas. Finalmente, el próximo modelo de seguridad a implementarse deberá equilibrar ambos modelos y atender resultados sobre la base de criterios de eficiencia: la necesidad es apremiante.
Liliana es directora del área de Desarrollo Social y Económico en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
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