Los incentivos fiscales a la inversión: hacia un entorno de negocios más competitivo

Por: Junior Alfredo Martínez (@get_junior)

El paquete de reformas estructurales, planteado por el Ejecutivo Federal, es ambicioso en su diseño y propósitos, puesto que sostiene altas expectativas en torno al posible efecto de las reformas sobre el crecimiento económico del país. La estrategia planteada es clara, es un paquete reformador que apuesta por generar un ambiente de negocios más competitivo y con ello fomentar la inversión y el crecimiento. Queda claro que el éxito de las reformas dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para implementarlas con eficacia. En este sentido, los alcances de las reformas planteadas,  podrían sintetizarse de la siguiente forma:

- Sobre la Reforma Laboral, se espera que flexibilice el mercado, generando una mayor movilidad del factor trabajo y abaratando la inversión necesaria que tiene que llevar a cabo un empresario para generar un empleo formal. Un mercado laboral flexible y sin rigideces institucionales es claramente un factor que atrae mayor inversión.

- La Reforma Financiera, al modificar sustancialmente diversos aspectos del mandato del sistema financiero, se espera que incremente el flujo de crédito formal hacia las empresas. Esto es relevante, debido a que México es uno de los países de América Latina con los niveles más bajos de crédito interno al sector empresarial. Medido como proporción del PIB, México apenas alcanza el 28 por ciento, a diferencia de otros países de desarrollo similar: Chile (99.8 %), Brasil (68.4 %) y Colombia (52.2%).¹ 

- Por su parte, se prevé que la Reforma en Telecomunicaciones actualizará el marco regulatorio del sector para fomentar una mayor competencia entre las empresas oferentes y así abaratar la provisión de estos servicios. Es claro que servicios de telefonía móvil e internet más baratos repercuten inmediatamente sobre los costos operativos de las empresas volviéndolas más competitivas.

- Finalmente, sobre la Reforma Energética, considerada como la joya de la corona del proceso reformador, se espera que a través de la participación privada en el sector incremente la producción de hidrocarburos y gas en el país. Por ejemplo, el incrementar la oferta de gas natural doméstico reduciría nuestra dependencia de las onerosas importaciones², lo que permitiría que el sector industrial y manufacturero sea más competitivo en el corto plazo y reduciría el costo de generar energía eléctrica.

El común denominador de las reformas ya mencionadas es que, de prosperar en sus objetivos, tendrían un efecto significativo sobre los niveles de competitividad de las empresas mexicanas y por ende en la inversión que éstas llevan a cabo.

Dentro del paquete de reformas planteado, quizá la única reforma que rompe con este espíritu es la Reforma Social y Hacendaria, pues está generando una gran preocupación entre los empresarios por los efectos que podría tener sobre sus decisiones de inversión.

Es normal que una reforma fiscal sea impopular, puesto que constituye una transferencia forzosa de recursos de los hogares y empresas mexicanas hacia el sector público. En su primer de año de implementación, se espera que la reforma genere una recaudación adicional cercana al 1.4% del PIB, para que a lo largo del sexenio este monto alcance 3% del PIB. Se podría pensar que estos recursos serán utilizados por el gobierno mexicano para detonar la inversión en infraestructura y promover el crecimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se han dejado sentir en la economía los efectos multiplicadores de un mayor gasto público. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de anunciar un severo ajuste en su expectativa de crecimiento para este año.³ En el contexto de una reforma fiscal que ha incrementado los impuestos a los contribuyentes cautivos (grandes, medianas y pequeñas empresas, además de profesionistas formales), es necesario que el gobierno brinde alternativas a los empresarios para fomentar la inversión.

En un entorno en donde la promoción de la productividad y la competitividad es clave, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, está por presentar los resultados del proyecto “Los Incentivos Fiscales a la Inversión y su Impacto en la Competitividad de México”, financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). En esta investigación se analiza el papel de los incentivos fiscales a la inversión como un factor para detonar la inversión, la productividad y la competitividad de las empresas.

En particular, se analiza el desempeño de uno de los incentivos fiscales a la inversión más importantes en México, la Deducción Inmediata de las Inversiones en Activos Fijos (DIIAF), el cual fue derogado con motivo de la Reforma Social y Hacendaria 2014. Una de las conclusiones más relevantes del proyecto es que la DIIAF era un incentivo oneroso, poco rentable e ineficaz para promover la inversión productiva de las empresas. En un entorno de expectativas económicas frágiles, caracterizado por el lento crecimiento económico y la incertidumbre sobre el impacto futuro de las reformas, se percibe como poco responsable dejar al entorno empresarial en México sin incentivos puntuales que promuevan la inversión, la productividad y la competitividad.

Ante esta situación, Ethos plantea, como recomendación central, la implementación de un incentivo fiscal a la inversión basado en un diseño inteligente: de aplicación nacional, que promueva a los sectores estratégicos, que permita la inversión en activos productivos y que sea evaluado de forma periódica. Los incentivos fiscales a la inversión, correctamente diseñados, son una alternativa más que ha demostrado ser, en una gran variedad de países, un mecanismo vigente de los empresarios para invertir, ser más productivos y competitivos.