Enrique Díaz-Infante
Un espacio de análisis sobre temas de inclusión financiera, seguridad social y de finanzas públicas con un enfoque de movilidad social y político-electoral.

Autocracia

26-04-2021 19:16

Quedó claro que, en este momento, nuestra forma de gobierno es autocrática y no una democracia constitucional.

El presidente López Obrador, en conferencia matutina el día 26 de abril de 2021. (Foto: Gobierno federal)
El presidente López Obrador, en conferencia matutina el día 26 de abril de 2021. (Foto: Gobierno federal)

“Votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión: la anticonstitucionalidad. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución” Diego Valadez en mensaje de Twitter (22/04/21).
 

 

El pasado viernes 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 262 votos a favor y 167 en contra, el dictamen que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la Ley de la Carrera Judicial de la Federación y otras leyes que conforman la llamada "Reforma Judicial" que ha sido impulsada conjuntamente por los titulares del Poder Ejecutivo y del Judicial.

 

Lo anterior, pese a que los Diputados que votaron a favor, tenían pleno conocimiento de que el artículo décimo tercero de la LOPJF -propuesto en la Cámara de origen, de última hora, por el Senador Bolaños del Partido Verde Ecologista- era inconstitucional. Pero la instrucción desde Presidencia de la República era aprobarlo sin moverle una coma.

 

Este atropello al Estado de Derecho muy probablemente se operó con la complicidad del Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien es beneficiario de la reforma. Así, si la intención del cambio institucional era fortalecer la autonomía del Poder Judicial, por la inconstitucionalidad de la ampliación del encargo del Presidente del Consejo de la Judicatura y por la forma en que se operó el mismo, se logró justo lo contrario. Quedó claro que, en este momento, nuestra forma de gobierno es autocrática y no una democracia constitucional.

 

La autocracia, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el “régimen autoritario, normalmente con la concentración de todo el poder en un dictador o déspota”. De acuerdo con el diccionario Léxico, elaborado con el apoyo de Oxford, la autocracia es un “régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad”.

 

La aprobación consciente del Legislativo, por instrucción del Ejecutivo y con la complicidad del presidente del Poder Judicial, de una norma anti-constitucional, demuestra la absoluta concentración de poderes en la persona de López Obrador, quien no respeta los límites constitucionales, y ordena modificaciones y promulgación de leyes a su antojo. En ese sentido, su gobierno cumple con todos los atributos de un sistema de gobierno autocrático. Por eso, como bien apunta Diego Valadez, hemos pasado a otra dimensión la cual, María Amparo Casar, califica como autocracia y Jesús Silva-Herzog Márquez, como dictadura. Lo ocurrido, sin duda, significa un punto de inflexión, en cuanto a cambio de régimen hacia uno contrario a la democracia. Me explico.

 

El artículo décimo tercero de la LOPJF señala que “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.”

 

Este artículo transitorio se contrapone a los dispuesto en el párrafo Cuarto del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.” La constitución es clara y no admite interpretación al respecto: i) cada cuatro años se debe elegir al Presidente de la Corte; ii) el Pleno de la Corte es quien lo elige; iii) no puede haber reelección para periodo posterior.

 

Zaldívar fue nombrado como ministro por 15 años, es decir de 2009 a 2024 y como Presidente de la Corte del 2 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022. A través del mencionado artículo transitorio de la LOPJF, el Congreso de la Unión extiende dos años su encargo al frente del Consejo de la Judicatura. Al hacerlo, viola varios artículos constitucionales. Invade atribuciones que son competencia del Pleno de la Suprema Corte (Art 97). Se arroga facultades que son propias de otro Poder, con lo que pasa por encima de la División de poderes (art 49). Todo esto lo hace a través de una ley secundaria, lo que es contrario a la Carta Magna, pues contraviene la Supremacía Constitucional (art. 133) y, por lo mismo, atenta contra el índice de validez del sistema legal del país. 

 

Los Diputados que votaron a favor de la iniciativa que les turnó el Senado estaban plenamente conscientes de estas violaciones al orden constitucional no sólo por los medios de comunicación, sino porque diputados de su propia bancada, como Muñoz Ledo, lo hicieron ver con toda claridad durante el debate legislativo. Tan es así que el Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Baja, el diputado Ignacio Mier Velazco, en su intervención en la sesión en que se aprobó la Reforma Judicial, y en respuesta a Muñoz Ledo, textualmente señaló: “entre derecho y justicia el transformador opta por la justicia, el Conservador por el Derecho.” Gravísimo que un legislador, que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, declare desde la tribuna del Congreso, su voluntad consciente y su plena disposición para violarla, supuestamente en aras de la justicia. Esto es propio de los sistemas autoritarios, no de los democráticos. 

 

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido cómplice de esta violación al Estado de Derecho. Primero, so-pretexto de respetar el proceso legislativo, no manifestó su oposición a la inclusión del artículo décimo tercero transitorio en los términos planteados. Luego, con su ambivalencia para manifestarse clara y contundentemente en contra del mismo, una vez que concluyó el proceso legislativo. Y es que el pasado viernes 23 de abril, fijó posición sobre este asunto en un comunicado de redacción confusa sin señalar que el mencionado artículo era anticonstitucional.

 

 

 

 

El Ministro-Presidente señaló textualmente lo siguiente: “el artículo transitorio con el que se amplía dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte… no extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte (por lo que ejerceré) el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión”. Pregunta ¿Qué pasa si se actualiza el supuesto remoto de que el artículo no sea controvertido y que por lo mismo no haya ocasión de que se pronuncie la Corte? ¿Se quedaría Zaldívar en forma inconstitucional al frente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal por el plazo que va de enero de 2022 a diciembre de 2024? 

 

La mayoría del 33 por ciento de los diputados o senadores requeridos por el artículo 105 fracción II de la Constitución, para interponer la acción de inconstitucionalidad, suponemos existe. Esto considerando el número de diputados que votaron en contra de la LOPJF. Para que sea declarada inválida una norma controvertida, ocho ministros tendrían que votarla en ese sentido, en la sentencia que resuelva una acción de inconstitucionalidad. El ministro Zaldívar –con independencia de que ha señalado que se excusará de conocer del asunto- estaría impedido de conocerlo por evidente conflicto de intereses. 

 

Es lamentable que Zaldívar, habiendo sido un férreo crítico y opositor de los intentos del Gobernador de Baja California Norte, Jaime Bonilla, para ampliar su mandato en el juicio en el que los ministros resolvieron que era inconstitucional de una modificación a la Constitución local de ese Estado, no se hubiera manifestado durante el proceso legislativo en contra de la eventual reforma a la Ley Orgánica.

 

Eso hubiera ayudado mucho a fortalecer su autoridad como juzgador imparcial, sin que necesariamente hubiera actuado en contra de lo dispuesto en el artículo 131 fracc. X de la LOPJF, que prohíbe al juzgador, prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. El artículo aún no era materia de controversia alguna, por lo que no era asunto judicial sobre el que no pudiera haberse pronunciado. Por lo mismo, válidamente podría haber emitido opinión durante el proceso legislativo que estaba en curso. El argumento que esgrimió para no haberse manifestado antes, es que quiso ser respetuoso del proceso legislativo. ¿Usted le cree? Yo tampoco. Más bien pareciera que fue omiso por ambición o por sumisión. ¡Fatal!

 

Por lo que toca al resto de los diez ministros, siete no le deben nada al Presidente López Obrador. Uno pudiera pensar que los tres ministros nombrados en este sexenio a propuesta del actual Titular del Ejecutivo, por lealtad a quien los propuso para el cargo, votarán en contra la resolución de la acción de inconstitucionalidad.

 

Ellos son: Yazmín Esquivel, esposa de Rioboo, el contratista que ha apoyado a AMLO en la construcción del Segundo Piso del Periférico cuando era Jefe de Gobierno del DF y en la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Margarita Ríos Farjat, quien en 2018 estaba en el ejercicio profesional desde su propio despacho y en diciembre de 2018 paso a ocupar la Presidencia del SAT con AMLO, para de ahí ser nombrada Ministra al año siguiente; y Juan Luis González Alcántara, quien fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando él era Jefe de Gobierno del DF, y quien pasó de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Sin embargo, los ministros cuentan con las garantías legales para ejercer con autonomía su encargo y desvincularse de AMLO. Más aún, en el caso de González Alcántara, quien como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se opuso a beneficiarse de una reforma similar a ésta. Por congruencia, esperaríamos que aquí vote por que se declare la nulidad del artículo transitorio en cuestión. En razón de lo anterior, es que el Presidente López Obrador, en su papel de autócrata, está ahora amenazando a los Ministros de la Corte diciéndoles que, de no aprobar el nombramiento de Zaldívar, serán cómplices de la corrupción (Ver conferencia mañanera de hoy, 26 de abril). 

 

Con independencia del curso judicial que tome la controversia sobre el Décimo Tercero Transitorio de la LOPJF, por la evidente inconstitucionalidad de la ampliación de mandato de Zaldívar, por la forma desaseada como se operó la prórroga de su encargo y por la forma ofensiva y amenazante con que se le está tratando de imponer desde el Ejecutivo como Presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el 2024, esta buena y positiva reforma al Poder Judicial nace muerta. Pretender que un Presidente de la Corte, que es cuestionado en la legitimidad de su nombramiento y en la imparcialidad de su actuar, sea el encargado de implementarla, luce a burla. Zaldívar va a carecer de la legitimidad moral para ejecutar una reforma cuyos objetivos son el combate a la “corrupción, al nepotismo y al influyentismo”. 

 

Por lo pronto, esperemos que, en lo inmediato, la votación del 6 de junio, ayude a restablecer los contrapesos de la Democracia en México en el Legislativo. Y de aquí a final de año, hagamos votos por que se resuelva en la Suprema Corte la eventual acción de inconstitucionalidad, y que se determine la nulidad del Décimo Tercero Transitorio de la LOPJF. De lo contrario, pareciera ser que nuestro destino como país será vivir, al menos hasta el 2024, en autocracia, cortesía de López Obrador y su partido Morena.


* Investigador del CEEY
Twitter: @ediazinfante
enrique.diazinfante@ceey.org.mx
 

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el periódico Reforma y en Arena Pública.
ÚLTIMAS ENTRADAS
ARCHIVO HISTÓRICO
<< Abril 2021 >>
D L M M J V S
    
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Autocracia
27
28
29
30