Además, frente al todavía débil capital español y estadounidense para proyectos inmobiliarios, los inversionistas asiáticos también se hacen presentes en ese sector. Un ejemplo de este interés es el proyecto Cabo Dorado en Baja California Sur, el estado a cargo de Marco Covarrubias Villaseñor y que también forma parte del municipio de Los Cabos en esa región. El alcalde José Antonio Agúndez Montaño enfrenta una gran responsabilidad porque la presencia de los inversionistas de Beijing Sansong International Trade Group no ha sido muy bien recibida por la opinión pública de la zona. Junto con el grupo estadounidense Glorious Earth Group, los empresarios chinos formaron la empresa La Rivera Desarrollos BCS, con el objetivo de aprovechar la posición estratégica de ese destino turístico. La inversión programada para este proyecto supera los $3,500 millones de dólares y busca revivir el antiguo proyecto de Cabo Cortés, también conocido como Cabo Pulmo, y que simplemente fue cancelado en 2012 porque no se cumplían con las disposiciones ambientales mínimas. Ahora los empresarios chinos, en asociación con capital estadounidense, prometen que el impacto ambiental está controlado: que no rebasarán la densidad permitida y que no construirán infraestructura que ponga en riesgo a la población que vive en una región con severos problemas para el abasto de agua potable.
Desplegados pagados en la prensa y una campaña de relaciones públicas en marcha forman parte de la estrategia con la que se busca zanjar la oposición de la opinión pública a un proyecto que ya ha sido rechazado en varias ocasiones.
Cabo Pulmo, en riesgo
Aquí le reportamos la historia de este proyecto y sus implicaciones financieras para empresas españolas. También le documentamos el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto de conservar esa zona, considerada un santuario ambiental.
Hasta ahora, la firma española Sabadell no había regresado a México a reclamar la propiedad de los terrenos en Baja California, en la zona de Cabo Pulmo, porque se encontraba muy ocupada en Europa resolviendo los problemas financieros más urgentes que garanticen su permanencia en el mercado. Ahora sabemos que esa propiedad, que incluye una reserva ecológica, fue vendida.
La oferta de que otra firma ibérica: OHL –favorecida con grandes contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México– se hiciera cargo del proyecto no le desagradaba al presidente Peña Nieto, ya que estaba de por medio el compromiso hecho a los habitantes de la región de no permitir un desarrollo turístico que no contemple las regulaciones ambientales y, sobre todo, los estudios de impacto en el arrecife de coral ubicado en la región, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.
La historia de Cabo Pulmo se remonta al gobierno de Felipe Calderón y a los proyectos que desde la gestión de Vicente Fox se desarrollaron en el fallido proyecto de la Escalera Náutica, impulsado por el entonces director general de Fonatur, John McCarthy, un exdirectivo de Bancomer que impulsó con inversionistas extranjeros la adquisición de predios, inmuebles y hasta concesiones para operar estaciones de servicio para embarcaciones.
El momento, sin embargo, no fue el propicio y la crisis económica en Estados Unidos puso en jaque el modelo.
Cabo Pulmo surgió de la compra de predios a pequeños propietarios que no conocían el proyecto de desarrollo inmobiliario que los españoles querían llevar a cabo. Sin embargo, la organización ambientalista Costa Brava, con operaciones en México y EUA, se encargó de documentar a la población sobre el impacto que tendría la construcción de miles de cuartos de hotel, desarrollos habitacionales y, por supuesto, hoteles que necesitarían agua y servicios municipales sin tomar en cuenta el impacto que se generaría con la destrucción del arrecife.
