Al pie de la letra, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) que encabeza Gabriel Contreras, sigue el guión marcado por las reformas constitucionales en ese sector.
Los legisladores tendrán que hacer lo propio. Hasta ahora, los integrantes del IFETEL han comenzado por lo más complejo pero también por lo más sencillo porque en las últimas décadas la preponderancia de algunas empresas no ha podido ocultarse aunque sí evitarse en tribunales. Así, el IFETEL declara en medio de aplausos la preponderancia de Televisa que preside Emilio Azcárraga así como de Telmex y América Móvil que encabeza Carlos Slim. El IFETEL fijará tarifas de interconexión en telefonía y condiciones comerciales del servicio para evitar restricciones técnicas anticompetitivas mientras que para la televisión abierta exigirá que se abran los precios de la publicidad. Es en esta etapa, sin embargo, en donde se necesitará una reglamentación secundaria precisa y directa para alcanzar estos objetivos, en beneficio del consumidor, a partir de las disposiciones constitucionales con las que se pretende evitar juicios de amparos. Esa fue la clave al llevar al plano constitucional la reforma al sector de las telecomunicaciones.
En materia de publicidad, sin embargo, el IFETEL ingresa a un terreno muy complejo en donde la industria también debería ajustarse porque en función de las tarifas publicitarias también se fijan comisiones de grandes centrales de medios, agencias de publicidad y creativos porque, al final, los anunciantes obtienen grandes beneficios que no reportan en precios al consumidor final. Quienes conocen el negocio de la televisión también reconocen que la distribución de campañas de publicidad a través de estas plataformas garantiza, como en ningún otro medio, el posicionamiento de marcas y el envío de mensajes generando grandes ganancias para los anunciantes del sector automotriz, financiero, de alimentos y bebidas, por sólo mencionar algunos. Que decir de la propaganda política que sigue encontrando en las pantallas su principal herramienta para enviar mensajes y ganar votos. El propio presidente de América Móvil y del Grupo Carso, Carlos Slim, mantiene la publicidad de sus empresas en la televisión abierta, a pesar de que hace varios años declaró que no se anunciaría en este sector por considerar muy altas las tarifas de Televisa y TV Azteca. Sin embargo, las empresas del Grupo Carso pagan anuncios en la televisión abierta a través de la compra de espacios publicitarios en partidos de futbol. Es la estrategia para mantener su rechazo a la televisión abierta pero aprovechar su impacto en tanto se decide a invertir en este sector, del cual – por cierto – ya se publicaron más detalles para la licitación de al menos dos nuevas cadenas.
Entonces, ¿cómo se generará una efecto en cadena para no beneficiar a algunos sectores sobre otros? ¿Entonces también las armadoras bajarán el precio de sus autos? ¿También las compañías de jugos y bebidas carbonatadas transferirán su reducción en costos en mejores precios para los consumidores? ¿Bimbo ajustará el precio de su Gansito en donde prácticamente tampoco enfrenta competencia? Son preguntas para el IFETEL y, por supuesto, para la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que encabeza Alejandra Palacios que, junto con el Pleno, espera la reglamentación de la legislación con la cual se buscaría un organismo anti monopolios más fuerte y con poder – incluso – para ordenar desinversiones en activos.
Es cierto, después de que Televisa y América Móvil – la joya de la corona de Carlos Slim – fueron notificadas de que el IFETEL las declaró jugadores preponderantes – los beneficios tendrían que ser para los consumidores; sin embargo, el trabajo del IFETEL apenas comienza y debe estar acompañado de un trabajo de seguimiento y de investigaciones de oficio por parte de la COFECE.
En México, una economía en donde los precios siempre suben, nunca bajan – con excepción de esta época de rebajas y oferta obligadas ante el escaso consumo – las reformas en materia de telecomunicaciones tendrían que reflejarse ya en ajustes al gasto familiar en todos los segmentos porque las telecomunicaciones son así de relevantes. No obstante, faltan reglamentaciones para ello y más jugadores para obligar a este cambio en los precios.
Las nuevas medidas ordenadas por el IFETEL – que, por cierto cuenta con una Unidad de Competencia en su organigrama – entrarán en vigor en un plazo de 30 días y se prevé, sin embargo, alguna estrategia jurídica que impugne ciertas decisiones del Pleno de este instituto o la interpretación de las modificaciones constitucionales. Así, por ejemplo, sería en la reforma secundaria en donde los jugadores de este sector busquen dar otra interpretación a las nuevas reglas en materia de telecomunicaciones. No todo está dicho.
