En México grupo Vitro, que dirige Adrián Sada Cueva; el Grupo Durango, de Miguel Rincón, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como Pappel y, por supuesto, Mexicana de Aviación, son ejemplos típicos de la aplicación del derecho concursal en México. Sin embargo, son sólo 500 casos -en más de 13 años- los que se tienen documentados en los tribunales. Corrupción, desconocimiento de la ley, asimetrías frente a los poderosos equipos de abogados con los que cuenta la banca, son sólo algunas de las razones que mantienen a las empresas mexicanas muy lejos del derecho concursal.
A pesar de ello, en el marco de la reforma financiera, la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Javier Arrigunaga, así como un nutrido grupo de corredurías extranjeras, presionaron al gobierno de Enrique Peña Nieto para que la reforma financiera -a cambio de más crédito para la economía- modificara sustancialmente el espíritu de la Ley de Concursos Mercantiles. Hoy, después de que esos cambios se aprobaron el pasado 11 de febrero, los abogados, litigantes y hasta los pasantes que buscan especializarse en esta rama del derecho mercantil están convencidos que la balanza de la Ley de Concursos Mercantiles hoy, lamentablemente, quedó a favor de los acreedores y no precisamente de los trabajadores que se ven afectados por un demanda de concurso mercantil.
Un ejemplo es el proceso de negociación que se sigue en la Ciudad de México en el tribunal de la juez Edith Alarcón en el caso de Mexicana de Aviación. La información sobre el convenio de capitalización de pasivos simplemente se da a cuentagotas para los trabajadores sindicalizados de tierra, para los sobrecargos y para los pilotos. No es la misma situación para los acreedores bancarios y para el gobierno federal. Es cierto, sin embargo, que el caso Mexicana ha sido atípico. Sin embargo, es una pequeña muestra de lo que sucede con el derecho concursal en el país y en los tribunales en donde se imparte justicia.
La historia, sin embargo, resulta más compleja porque en las reformas a la Ley de Concursos Mercantiles se ignoraron las recomendaciones de Uncitral que, por cierto, están disponibles para cualquier funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray.
Los cambios
Parecería ocioso indagar sobre las causas y las motivaciones que impulsaron los cambios a la Ley de Concursos Mercantiles, sin embargo, abogados que siguen esta legislación, así como empresarios que confían en este recurso, reportan las escasas consultas del Poder Ejecutivo para presentar la propuesta de modificaciones al Poder Legislativo. Por ejemplo, un par de reuniones con la Barra Mexicana de Abogados fueron el único preámbulo que se registró con el sector de abogados que conocen de este tema. Después, los participantes en esas reuniones simplemente confirmaron que sus propuestas para el texto final presentado a los legisladores no fueron tomadas en cuenta.
Un tema controversial fue, por ejemplo, el de las empresas que aparecen en el juicio de concurso mercantil, como acreedores relacionados y que ahora, con la nueva legislación, tendrán un voto subordinado. Esa, en específico, fue una queja de los acreedores y tenedores de bonos del Grupo Vitro durante las negociaciones para llegar a una quita y reestructura de deuda. Cartas fueron y vinieron entre las representaciones consulares del gobierno de México y Estados Unidos y la queja fue clara: Vitro estaba desviando los posibles convenios gracias al voto de sus filiales, que también eran acreedores. La paradoja es que ahora México perdió este recurso, mientras en Estados Unidos y Canadá se permite la igualdad para acreedores relacionados.
