“El diablo está en los detalles”, dice el refrán que ha sido varias veces citado para hablar de las llamadas “reformas” impulsadas por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Los detalles son, por supuesto, las leyes secundarias y reglamentarias que regularían y darían vida efectiva a los cambios y ajustes constitucionales. Es allí donde verdaderamente podremos ver el alcance y los efectos reales de las “reformas” aprobadas en los últimos meses.
La preocupación de este tema no está solo en sectores importantes de la sociedad mexicana, sino también en los inversionistas y analistas extranjeros como demuestra fácilmente la búsqueda en Google de la frase “The devil is in the details”, acompañada de términos como “oil”, “reform” y “Mexico”, que arroja decenas de resultados en los últimos meses.
La Constitución puede, en muchos sentidos, decir misa: que la educación es gratuita y laica, que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, etc., pero son las leyes y reglamentos los que permiten aterrizar un lineamiento en una normativa práctica y de efectos reales.
En las leyes secundarias se puede, si se quiere, impulsar también con mayor fuerza un tema, como el sitio de noticias de negocios Quartz preveía en agosto pasado que Peña Nieto lo haría con la “Reforma Energética”.
“El Presidente de México podría calladamente estar planeando dar más de lo que sus conciudadanos piensan” titulaba Quartz su nota que decía “Peña Nieto al parecer dijo una cosa, pero escribió otra” (refiriéndose a que, aunque se negaba que fuera la intención, la propuesta de cambio constitucional sí abría la puerta para que en leyes secundarias hubiera contratos de producción compartida. Al final, desde la propia redacción constitucional, incluso, se abrió la posibilidad a estos contratos mucho más claramente que en la propuesta original del gobierno).
Por otra parte, también en leyes secundarias se puede hacer lo contrario y tratar de dejar un tema sin efecto, como en estos días se ha denunciado que se podría hacer con facultades clave del IFETEL que se irían al Ejecutivo Federal, sí se aprobara la legislación de Telecomunicaciones tal como viene en los presuntos borradores que han circulado entre medios y legisladores.
Por lo demás, sin restar valor a diversos cambios relevantes de nuestra Constitución, hay que decir que realmente no ha habido “reformas estructurales”, lo que se dice “estructurales” en nuestro país, adjetivo del que se ha abusado para magnificar los logros.
“Estructural”, como su nombre lo dice, es relativo a la estructura, al esqueleto, armadura que sostiene internamente las partes de una obra, edificio o proyecto.
Si hay algo estructural en México, en nuestro sistema político, es la corrupción institucionalizada o el centralismo, aspectos que ninguno de estos cambios legislativos cambiará de fondo.
La reforma política, por ejemplo, no cambiará sustancialmente la estructura de nuestro sistema político. Si acaso, incluye varias mejoras notables. La reforma energética, a su vez, en realidad es principalmente una reforma del modelo de negocio en la explotación de hidrocarburos y electricidad. Fue una reforma petrolera.
Una verdadera reforma energética será (algún día) cuando se tomen verdaderas medidas (y no sólo en nuestro país) para eliminar nuestra dependencia a los hidrocarburos (y el negocio que conlleva) por energías limpias y renovables, pero no lo que tuvimos.
Y así podríamos seguir con la educativa, que fue más bien una reforma laboral para la docencia (pero ni de chiste se metió con los contenidos o el proceso educativo), la fiscal, que no fue más que una nueva miscelánea parcial, o las demás “reformas”.
Eso sí, en varios casos, hay ganadores claros, como las petroleras extranjeras que podrán hacer mayor negocio con el Estado mexicano en la mal llamada reforma energética, o el propio gobierno mexicano en reformas como la educativa y fiscal.
No en todos los casos, es claro que habrá en efecto beneficios concretos, reales para la ciudadanía mexicana, aunque es innegable que en varias de las reformas (en algunas más, en otras menos) hay avances importantes o ajustes que la propia sociedad civil había demandado.
No obstante, en efecto, mucho de que éstos cambios se concreten de manera adecuada depende de los “detalles” en las legislaciones secundarias. Por eso, el verdadero alcance de las reformas impulsadas apenas está por verse y concretarse. Habrá que estar atentos.
