Políticas públicas

Un error que Gobierno se “coordine” con CRE para determinar tarifas, advierten

Definir las tarifas reguladas es una tarea técnica que debería hacer la CRE y que se vería afectada por los intereses políticos del gobierno federal, a través de la Sener.

01-06-2022 13:12 Por : Arena Pública
Para expertos, se expone innecesariamente las decisiones de la CRE en un contexto de hostilidad a los órganos autónomos (Foto: Canal del Congreso)
Para expertos, se expone innecesariamente las decisiones de la CRE en un contexto de hostilidad a los órganos autónomos (Foto: Canal del Congreso)

Dejar a la Secretaría de Energía (Sener) “coordinarse” con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de tarifas, como lo validó la Corte, corre el riesgo de politizar la determinación de las tarifas, advierten algunos expertos del sector energético.

Hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de las impugnaciones a las reformas del 30 de noviembre del 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promovidas por la oposición. La Corte validó seis aspectos que estaban a discusión, prometiendo reanudar la discusión respecto al resto en una sesión posterior.

Entre los puntos que avaló, se encuentra la modificación del Artículo 33, fracción XXI, segundo párrafo del texto legislativo, donde se lee que la “Sener coordinará con la CRE la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)”. En su razonamiento, la SCJN expuso que la dependencia federal debía tener un rol en esta tarea para que la decisión final de la CRE fuera “afín con la política energética del país”.

Para expertos en la materia, la decisión expone innecesariamente las decisiones de la CRE a una agenda política. “Lo que está diciendo la Corte es que el poder Ejecutivo directamente puede influir en este tema […]. Al abrir esa puerta, estas abriéndole irremediablemente la puerta a una agenda de corto plazo, porque todos los gobiernos tienen una agenda política de corto plazo, sin excepción. Y las tarifas eléctricas deben incorporar, entre otras cosas, el costo de las inversiones de largo plazo para que el sistema se mantenga operando de manera confiable”, asegura Rosanety Barrios, analista independiente de energía.

La forma en la que se definen las tarifas reguladas de energía ha sido un tema frecuente en la agenda del actual Gobierno federal. Desde el inicio del sexenio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha incrementado el costo a los usuarios siguiendo el ritmo de la inflación, para mantener la promesa de no subir el precio de la luz “en términos reales” y, al mismo tiempo, fortalecer a la paraestatal con la promesa de, en algún momento, empezar a reducir el costo para las familias.

Sin embargo, el aval de la SCJN a la reforma del artículo 33 de la Ley de Administración Federal podría, en última instancia, afectar tanto a los usuarios como a la misma CFE en futuros ciclos políticos. “Si la política energética es, como ahora, que los costos de generación de la CFE pasen a como dé lugar, pues estás perjudicando al usuario […]. Y si el día de mañana entra al poder federal un partido que considera que las paraestatales son un peso muerto, [su Sener puede definir tarifas injustas para la CFE] y adiós Comisión”, señala Severo López Mestre, especialista en energía.

Rosanety Barrios agrega que la resolución de la Corte, y la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal en primer lugar, son una “señal más de cuál es la opinión de este gobierno de los órganos autónomos […]. Esta administración ha hecho muchísimas cosas para minimizar el poder de los organismos reguladores, no solo en energía. Pero de manera particular en la industria, y específicamente en la CRE, la captura es mucho más evidente”. En este sentido, el fin último de la modificación avalada por la SCJN no sería coordinar mejor la política energética, sino deshacerse de estas dependencias autónomas.

Y es que no solo el mismo AMLO calificó a la CRE (junto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información — IFT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones — IFT) como una dependencia creada para “que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno”. En su ya fallida propuesta de Reforma Eléctrica, incluso planteó desaparecer a este regulador y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y repartir sus tareas entre la Sener y la CFE.

La mayor prueba de que el interés está en minimizar el rol de la CRE y no en trabajar en una mejor política energética estaría en la redacción misma de la ley. “¿Qué significa coordinar? ¿Quién decide? ¿Decide la CRE, hace una propuesta final y luego se la pasa a Sener para que le meta mano y al final los dos deciden? […]. Es muy ambiguo, porque la SCJN reconoce que es facultad de la CRE, pero siempre y cuando vaya en línea con la política energética del país […]. Si el punto es subir o bajar tarifas, vayámonos mejor al tema de los subsidios, donde hay mucho que discutir y que no veo aquí”, asegura López Mestre.

En términos reales, que la SCJN haya avalado esa reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cambia en poco el ecosistema. Ya en varias ocasiones la actual gestión de la CRE ha demostrado una clara alineación con el presente Gobierno federal. En este sentido, señala Rosanety Barrios, la decisión de la Corte deja a la Comisión “en el lugar donde ya estaba, ya estaba completamente capturada […]. Nadie en su sano juicio puede esperar que la CRE decida libremente nada. La CRE no ha revisado tarifas eléctricas desde 2016. Urgiría que las revise. No sé si lo vayan a hacer. En realidad [el Gobierno federal] no necesitaba este cambio ni el criterio de la Corte […]. Si revisaran tarifas, desde antes le iban a dar gusto al poder Ejecutivo”.

Pero de acuerdo con Severo López Mestre, sí puede servir como un caso de estudio para volver a pensar en el diseño institucional de los organismos autónomos como grupo.

“Habría que repensarlos en el sentido de funcionalidad, modernidad administrativa, costos, etcétera. Pero hay que trabajar particularmente en fortalecerlos y blindarlos políticamente. Muy probablemente será necesario en algún momento que les demos una autonomía constitucional, por los antecedentes que hay en México. Nos ha costado mucho tener órganos autónomos, especialmente en el sector energético”, concluye López Mestre.