Miopía económica
Los exsecretarios de Hacienda entre 1988 y 1997 han cuestionado la solidez de la economía que percibe la administración actual, a lo que los defensores del gobierno responden que hay logros reales que no deben demeritarse. Ambos aciertan a medias y ambos yerran el diagnóstico. La palabra “espejismo” ha salido en la discusión en torno al proyecto económico, pero el problema real no es si se ve algo que no existe, sino la miopía con que se miran las cosas: ver con nitidez lo cercano y no distinguir lo lejano. Hay avances inmediatos que reconocer, pero también que criticar: las bases que podrían hacerlos perdurar están fuera de foco.
Pedro Aspe (Nexos) y Guillermo Ortiz (Letras Libres) coinciden en que los indicadores oficiales, aunque correctos, esconden fragilidades clave. En particular muestran la debilidad de la inversión, el deterioro de las finanzas públicas y el riesgo de una deuda mal encaminada. Señalan que el modelo de gasto corriente y transferencias, sin retorno productivo y agravado por las finanzas de Pemex, es insostenible. Ambos advierten que sin corrección fiscal ni reorientación hacia la inversión, México se encamina al estancamiento. Esta visión resulta incómoda para el optimismo oficialista porque es incontestable en sus propios términos.
El análisis de los exsecretarios, sin embargo, excluye logros clave. El más notable es el aumento de 5 puntos en la participación de las remuneraciones a los asalariados en el PIB, acompañado de un aumento del ingreso disponible per cápita de los hogares de 5.8%, según las Cuentas Nacionales del INEGI entre 2018 y 2024. Esto condujo a una clara reducción de la pobreza, probablemente sobreestimada por el instituto, aunque el problema aquí no es el relato, sino la precisión del dato. Estos avances son de destacar porque ocurrieron con un PIB per cápita prácticamente sin cambio, con un “estancamiento incluyente”.
La omisión de Aspe y Ortiz importa, además, porque les impide profundizar su crítica y precisarla. Aun concediendo que el INEGI ha medido sin sesgo la pobreza, los logros sociales descansan sobre dos pilares reversibles: el aumento en el salario mínimo real y las transferencias. Ninguno es una conquista anclada en la economía; ambos dependen de decisiones de política, y lo que un gobierno decreta, otro lo puede deshacer, aunque no sin cierta dificultad. Un avance ligado a la voluntad política en turno no es un cimiento: es un apoyo movedizo que otro gobierno puede rebajar.
La sostenibilidad de cualquier logro social exige invertir en capital humano y aumentar la productividad laboral. El gasto público hizo lo contrario. Entre 2018 y 2025, el gasto educativo cayó a 3.2% del PIB, su nivel más bajo desde 2013; el de salud siguió estancado en torno a 2.5%, y en 2025 sufrió un recorte de 4.1%, el mayor en siete años según Hacienda. Lo que se expandió fueron las transferencias, no el gasto dedicado a las capacidades institucionales. El resultado, según el INEGI, fue que la productividad laboral cerró en 2024 cerca de 4% por debajo de 2018.
La implicación de reconocer los logros presentes y su fragilidad para el futuro no es la de estar frente a un espejismo, sino la de estar ante una visión económica miope. Por ello la insistencia de los defensores del gobierno en resaltar los logros inmediatos lleva a un ánimo celebratorio poco disimulado. Parece que para ellos no existieran los niños que hoy aprenden menos y se enferman más, que tendrán menos capacidades para sostenerse ganando más que el salario mínimo y sin depender de las transferencias públicas. Las próximas generaciones serán las que pagarán la cuenta de una inclusión financiada contra su propio futuro.