La mediocridad como optimismo
Dos cuestiones sorprenden de la recuperación en curso de la economía mexicana tras haberse contraído. Primero, el vigor de este rebote. Segundo, que se tome con optimismo el retorno a un crecimiento mediocre.
Es de esperar que el PIB tienda gradualmente a una expansión promedio menor a la de antes de 2018. Este magro crecimiento arriesga los logros distributivos derivados de mayores salarios y pensiones. La mayor porción del PIB para trabajadores en activo y retirados no reduce considerablemente la desigualdad del ingreso, pero su modesta contribución podría estancarse por completo si no se acompaña de reformas económicas.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del INEGI creció 1.7% anual de enero a agosto de 2026, tras una caída del PIB de 0.3% en el primer trimestre del año. Si bien se espera que se acelere al cierre del año, las expectativas generales anticipan un crecimiento final del PIB de entre 1.4% y 1.5%. Esto supera la tasa promedio de 1.3% de 2018 a 2025 (eliminando el efecto de la pandemia), pero es inferior al 1.9% de 2012 a 2018. Dicho de otra forma, cuando el rebote de la economía se estabilice y se recobre el ritmo habitual de los últimos años, volveremos a la mediocridad del crecimiento reciente. Poco que celebrar.
El escaso crecimiento del pastel coincide con un cambio notable en su reparto. Según las cuentas nacionales, las remuneraciones a los asalariados (descontadas las contribuciones a la seguridad social) aumentaron 4.7 puntos del PIB entre 2018 y 2025, mientras que el gasto público en pensiones aumentó 2.6 puntos. En total, trabajadores en activo y retirados ganaron 7.3 puntos del PIB. Esta notable redistribución proviene, en lo fundamental, de los aumentos a los salarios mínimos, a los apoyos a los adultos mayores y a las pensiones para el trabajo formal.
Más que duplicar el salario mínimo en términos reales parece una forma muy efectiva de reducir la desigualdad, pero no lo es tanto. El mínimo se cumple, ante todo, en el empleo formal. Y entre el 10% de hogares más pobres, apenas uno de cada veinte ocupados tiene seguridad social, el grupo al que el salario mínimo llega con certeza. Entre el 10% más rico son siete de cada diez. Hay cierta derrama hacia los informales, pero es pequeña. México ¿cómo vamos? muestra que entre 2019 y 2024 el ingreso informal creció en proporción similar al formal, pero en pesos la mitad, y la brecha se amplió. De esta forma, la desigualdad salarial apenas se modera.
Con las pensiones el sesgo es mayor. Tres de cada cuatro pesos del gasto en pensiones son contributivos. Hacienda estima que el 30% de los hogares con mayores ingresos recibe más de 70% del gasto en pensiones del IMSS y más de 80% del ISSSTE. México Evalúa calcula que, con estas pensiones, el 10% más rico se queda con más de un tercio de las transferencias gubernamentales y el 10% más pobre con menos de 1%. La pensión universal no corrige el sesgo por no estar focalizada y por el menor apoyo relativo que da a los más pobres respecto a programas anteriores, según el Instituto de Estudios sobre Desigualdad.
La redistribución vía salario mínimo está cerca de su límite y las pensiones presionan de forma extraordinaria las finanzas públicas. El mínimo ya supera 60% del salario mediano, el umbral en que la OCDE recomienda cautela, y la productividad laboral sigue por debajo de la de 2018. Por otra parte, según el Paquete Económico 2027, el gasto en pensiones absorberá uno de cada tres pesos del gasto programable, dejando poco espacio para seguridad, salud, educación, infraestructura económica y otras necesidades en el futuro inmediato.
Si se quiere seguir aumentando el salario mínimo y las pensiones sin efectos contraproducentes, hacen falta reformas que eleven la productividad y la recaudación, y que hagan sostenibles el crecimiento y el Estado de bienestar. Sin ellas, el optimismo oficial seguirá celebrando las migajas que se agregan al pastel.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
