¿Calumniadores?

Cuando la prensa exhibe un ostensible acto de corrupción en el gobierno, o tan sólo indicios, el primer paso que suelen dar los funcionarios públicos, como manda el librito, es negarlo. Luego, descalificar al autor de la investigación y la empresa que lo emplea, y después, con cinismo, buscan la forma de contrarrestarlo agregando una capa de opacidad a lo denunciado, bajando declaraciones en redes sociales, aumentando los bots que atacan al mensajero y, en todo caso, callando, enmudeciendo. 

"Ya saben que no doy entrevistas", responde el senador de Morena cuando se le pregunta sobre su involucramiento en la operación de un grupo criminal al que llamaron, de forma intimidante, "La Barredora".

Por eso es importante el papel del periodismo que no está al servicio del poder público. Porque no hace preguntas a modo y, en cambio, dirige sus cuestionamientos a eso que está siendo denunciado en las primeras planas de diarios (por dar un ejemplo, El Universal, que ha perseguido los hilos judiciales de varios escándalos de corrupción), como el asunto de contrabando de combustible, donde se incluye a uno de los López Beltrán, el segundo hijo del ex presidente.

Pero no. Precisamente el exmandatario reapareció para soltar de nuevo agresiones verbales contra la prensa y, en su clásico afán provocador, llamar calumniadores a empresas de medios y periodistas. Cuando citó a Aristegui como vocera de la derecha, agregó el calificativo de neofascista. ¿Se vale?

¿Por qué es importante?

Porque el poder público -desde quien manda en Palacio Nacional hasta el alcalde del más modesto ayuntamiento- está obligado a la transparencia, a quitar la secrecía y a perseguir los casos donde se presuman prácticas corruptas a su sombra.

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De eso va la democracia: de que el poder conviva con los cuestionamientos fundados y responda sin evasivas, no con el estilo de la presidenta cuando dice que "la Fiscalía tiene que informar", o cuando asegura, por lo que le reporta la Fiscalía, que fulano o sutano no están siendo investigados ni tienen denuncias en su contra, aunque la prensa insista en que forman parte de una organización que, digamos, presuntamente contrabandea combustible o ha recibido sobornos de contratistas.

Para Sheinbaum, un señalamiento de la prensa no debe dar lugar a investigaciones de oficio (aunque tibiamente diga que la FGR puede abrir una carpeta) y se cura en salud: "pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas". Pero es la investigación la que debe hallar o desechar esas pruebas, no al revés. Si los indicios los publica una televisora o un diario, lo que obliga al poder es investigar. Pero no.

¿Cuánto sabe la presidenta?

¿La presidenta de México no sabe –pero su Fiscal sí– qué tan implicados están en casos de corrupción un hijo del expresidente, un gobernador cuya cabeza pidió Washington u otros gobernadores en Baja California o Tamaulipas, por ejemplo? La prensa ha hecho su trabajo, investigando y publicando los indicios. Si ella no sabe, la República anda mal. Si ella sí sabe, la República debe romper el secreto y juzgar con sus propias leyes.

En Democracia y secreto, Norberto Bobbio (1909-2004) disertó sobre cómo los secretos son consustanciales al ejercicio del poder y estableció un par de conceptos que acá y ahora -si la Mañanera no fuera una puesta en escena- tendrían sentido. En una democracia republicana, escribe Bobbio, las cosas públicas tienen un sentido doble: gobierno del público y gobierno en público. Dos citas suyas iluminan el embrollo en que el poder quiere meter a la prensa:

"El gobierno del público señala el gobierno del pueblo, no de una persona o de pocos; y gobierno en público significa que los actos de poder son ejercidos directamente frente al pueblo, o que son comunicados de diferentes maneras a sus destinatarios naturales, de modo que no tienen validez oficial hasta el momento en que reciben la debida publicidad.

"No hay democracia sin opinión pública, sin formación de un público que reivindica el derecho de ser informado sobre las decisiones que se toman en favor del interés colectivo y de expresar sobre ellas su libre crítica".

De modo que quienes llaman calumniadores a la prensa confunden la libre crítica con la difamación, y el silencio con el cinismo. El senador diciendo "ya saben que no doy entrevistas", el expresidente que acusa a Aristegui de neofascista, la presidenta que exige pruebas antes de permitir que se investigue lo que la prensa ya documentó. Son tres salidas retóricas que practican, a su modo, el gobierno en secreto que Bobbio identificó como el enemigo natural de la democracia.

Porque rehuir la crítica no es defenderse de la calumnia. Es negar al público el derecho que, según Bobbio, es consustancial a la democracia misma: el de ser informado y el de opinar con libertad sobre lo que le pertenece.