Los problemas de todos no son prioridad de nadie
Según datos de INEGI, en el segundo trimestre de 2026, apenas 45.9% de las mujeres en edad de trabajar participaba en el mercado laboral mexicano, frente a 74.1% de los hombres, una brecha de 28.3% que casi no se ha movido en el tiempo. No es por falta de información: la cifra se publica, se discute y se cita. México lleva años discutiendo también otros muchos problemas: su baja recaudación (18.3% del PIB en 2024, frente a 34.1% en promedio en la OCDE), la insuficiencia del ahorro para el retiro, las carencias de su infraestructura o su sector energético. Los diagnósticos se acumulan y las decisiones avanzan despacio.
Hay dos explicaciones distintas. La primera es de horizonte: las decisiones de largo plazo cargan sus costos al inicio y reparten sus beneficios después de un ciclo político o de negocios, de modo que quien decide rara vez es quien cosecha. La segunda es de acción colectiva. Mancur Olson explicó en 1965 que, cuando los beneficios son compartidos, cada participante prefiere esperar a que otro asuma el costo (el problema del polizón, o free-rider). El análisis independiente es uno de esos bienes compartidos: beneficia incluso a quien no lo financió, y por eso tiende a producirse menos de lo conveniente.
Eso importa para una economía de mercado, que descansa en reglas claras, información confiable y compromisos creíbles. Quien decide cuánto invertir o cuánto ahorrar para el retiro necesita saber si las metas públicas se cumplirán y a qué costo. Cuando los datos escasean y las metas no se verifican, ese riesgo recae en quienes toman las decisiones.
Entrar a la agenda depende de qué se mide y de quién pregunta. La brecha del principio lo ilustra. La tasa de desocupación fue de 2.9% en junio de 2026, una cifra que, leída de manera aislada, sugiere un mercado laboral relativamente sólido. Sin embargo, alrededor de 1.9 millones de mujeres manifestaron interés en trabajar, pero enfrentaban impedimentos para hacerlo, muchos vinculados a responsabilidades de cuidado. Estas mujeres no aparecen en la estadística de desocupación porque no cumplen los criterios con los que la ENOE define a la población desocupada, particularmente los requisitos de disponibilidad y vinculación efectiva con el mercado de trabajo.
Que ese dato aparezca depende de que alguien pregunte quién queda fuera de la estadística. Ahí está el valor de Las Economistas (www.laseconomistas.org) red de mujeres de la academia, el sector público, el privado y la sociedad civil, de la que formo parte y que nació para contribuir a la discusión pública con puntos de vista propios. Su aportación debe medirse por las preguntas distintas que formule y las discusiones que sostenga, no por el número de voces.
Esa medición tiene exigencias propias. Reunir especialistas de trayectorias distintas enriquece el análisis, pero no garantiza credibilidad. Esta se construye con transparencia, rigor metodológico y disposición a someter las conclusiones al escrutinio de quien piensa distinto, condiciones que cualquier grupo debe cumplir ante el público.
El reto es pasar del diagnóstico al seguimiento. Las metas de largo plazo necesitan línea base (el valor de partida contra el cual se mide el avance), responsable, costo estimado, plazo e indicadores verificables, además de evaluaciones independientes y rendición de cuentas pública. Cuando esa información es abierta y cualquiera puede consultarla y replicarla, abandonar un compromiso sin explicar por qué se vuelve más costoso. La voz sin medición se disuelve, y la medición sin voz se vuelve trámite.
Los grupos independientes no sustituyen a las instituciones ni imponen decisiones. Su influencia depende de la calidad de sus argumentos y de su capacidad para sostenerlos en la discusión. El problema de los proyectos de largo plazo no es que sus beneficios sean invisibles, sino que sus costos tienen nombre y apellido, mientras muchos de sus beneficiarios todavía no tienen voz. Cambiar esa asimetría exige algo más que diagnósticos: exige mantener la evidencia sobre la mesa, sobre todo cuando resulta políticamente inconveniente.