El fisco frente a la inteligencia artificial
Esta semana, ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales se reunieron en Bangkok para las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Entre deuda elevada, escaso espacio fiscal y mayores costos de financiamiento, surgió una pregunta: ¿qué efecto tendrá la inteligencia artificial (IA) sobre las cuentas públicas? El Monitor Fiscal examinó cómo recaudar mejor; el Reporte Global de Estabilidad Financiera advirtió sobre los riesgos financieros asociados con la IA y un posible repunte desordenado de los rendimientos soberanos; y Kristalina Georgieva alertó sobre su potencial disrupción de los mercados laborales y los sistemas tributarios.
El problema encierra una paradoja. Los gobiernos gravan el trabajo, ofrecen incentivos a la inversión y promueven una tecnología capaz de sustituir parte del primero por capital. Una proporción importante de los ingresos públicos procede de impuestos y contribuciones vinculados al empleo. Si la IA reduce la participación de los salarios en el ingreso y eleva la del capital, la composición de la base tributaria podría cambiar sin modificar una sola tasa.
La demografía añade presión. Según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, México tenía 130.9 millones de habitantes y creció 0.7% anual entre 2020 y 2025, frente a 1% en el quinquenio anterior. La edad mediana pasó de 29 a 32 años. Menor crecimiento poblacional y envejecimiento anticipan, con el tiempo, una fuerza laboral menos dinámica y mayores obligaciones de gasto.
La magnitud del choque tecnológico es incierta. Un modelo preliminar de Ioana Marinescu, de la Universidad de Pensilvania, calibrado para Estados Unidos, considera un escenario extremo en el que el capital de IA se duplica cada año. Después de siete años, el desempleo aumenta 4.6 puntos porcentuales y la participación del trabajo en el ingreso cae 13 puntos, aunque posteriormente parte de estos efectos se revierte. No es un pronóstico, sino un ejercicio útil para evaluar riesgos.
Para el fisco, importa tanto el trayecto como el destino. Una recuperación posterior de la productividad, el empleo y los salarios no paga las pensiones, los servicios de salud ni los intereses de la deuda durante el ajuste. Hacienda debe atender sus obligaciones con la recaudación disponible en cada momento. Incluso un cambio tecnológico favorable para el crecimiento a largo plazo podría deteriorar temporalmente las finanzas públicas.
México afronta esa posibilidad con una base tributaria formal estrecha. De unos 60 millones de ocupados, 33.1 millones trabajan en la informalidad. La exposición a la IA varía entre ocupaciones y no se limita a la manufactura: también alcanza tareas administrativas y profesionales. Pero el problema fiscal es transversal. Más de la mitad de los trabajadores queda fuera de varios mecanismos de recaudación asociados al empleo formal.
La coyuntura ofrece una señal de fragilidad, aunque no prueba un cambio estructural. Hasta agosto de 2026, la recaudación del impuesto sobre la renta disminuyó 5.9% real por menores pagos empresariales, parcialmente compensados por ingresos provenientes de sueldos y salarios, según Hacienda. Precisamente esa fuente de recaudación podría quedar bajo presión si cambia la distribución del ingreso.
Al mismo tiempo, México incentiva el capital tecnológico. El Plan México contempla deducciones inmediatas de hasta 88% para computadoras y servidores. En septiembre de 2025, CloudHQ anunció una inversión de 4,800 millones de dólares en seis centros de datos en Querétaro. Atraer inversiones que elevan la productividad tiene sentido; medirlas exclusivamente por el monto anunciado, no.
La evaluación debería considerar empleos creados y desplazados, recaudación futura y costos de infraestructura. CloudHQ prevé una demanda eléctrica de 900 megawatts, de los cuales 200 estarían asegurados mediante CFE y Cenace, y afirma que utilizará refrigeración sin agua. Más allá de ese proyecto, la pregunta fiscal es quién paga la infraestructura que permite operar estas inversiones y cuánto del costo termina en el sector público. Los beneficios de la inversión privada no deberían evaluarse al margen de sus posibles costos públicos.
La respuesta no consiste necesariamente en crear impuestos a robots o algoritmos: hacerlo precipitadamente podría frenar la inversión y la productividad. México necesita, primero, una prueba de estrés de los ingresos ligados a ocupaciones expuestas a la IA; segundo, evaluar el saldo fiscal y económico de los incentivos; y tercero, ampliar la base mediante mejor administración tributaria y mayor formalización. Son medidas necesarias, aunque difícilmente suficientes para enfrentar una transformación de la estructura productiva.
Sin embargo, esas medidas no resuelven la pregunta de largo plazo. Si el trabajo pierde peso y gravar el capital se vuelve difícil por la movilidad de inversiones y utilidades, los gobiernos podrían recurrir más al consumo, una base relativamente fácil de gravar, pero políticamente sensible y potencialmente regresiva. Aumentar su carga también plantearía problemas distributivos, especialmente para los hogares de menores ingresos. La paradoja es que esta decisión llegará en un entorno de envejecimiento y mayores gastos en pensiones y seguridad social. La IA puede transformar la creación de riqueza, pero también obligará a replantear cómo se grava. El desafío será adaptar el sistema tributario a una nueva distribución del ingreso, precisamente cuando las obligaciones del Estado serán cada vez mayores.
Delia Paredes Mier
Delia Paredes apoya la toma de decisiones a inversionistas internacionales, líderes empresariales y gestores de activos a través del análisis económico desde hace casi 20 años. Es consultora independiente y docente en la Universidad Anáhuac y en el Tec de Monterrey. Miembro del Comité de Estudios Económicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Delia Paredes es Maestra en Economía por la London School of Economics (LSE).
