Mejor que falle el mercado

Tras los comicios del pasado 6 de junio, el presidente López Obrador anunció tres reformas constitucionales de las cuales destaca la que busca que la Comisión Federal de Electricidad tenga asegurada una participación del 54% en la generación eléctrica. Y es que, según el Ejecutivo el esquema actual no es del “beneficio del pueblo”, solo favorece a las empresas privadas a través de “subsidios que están fuera de la ley” y se focaliza en generación renovable la cual “es la más cara e intermitente”.

Sobre los dos últimos puntos no existe elemento alguno que lo asista. Con datos de la CRE es verificable que mientras el costo promedio por MWh con el que la CFE genera electricidad es 130% mayor al de los privados que participaron en las subastas de largo plazo, ni se diga más sucia. Además, la variabilidad, término técnico más adecuado que intermitencia, es atendible bajo un proceso de reconversión en la arquitectura del Sistema Eléctrico Nacional, aún sin un avance en la adopción de mecanismos de almacenamiento.

En cuanto a la supuesta ventaja desleal que ejercen los privados, a la fecha no se ha interpuesto recurso legal alguno que dirima la situación. Y en cuanto a las autoridades con facultad de promover un ecosistema de competencia en la industria, la COFECE investiga actualmente prácticas anticompetitivas por parte de la CFE, no de las empresas privadas, mientras que la CRE, cooptada por el Estado, ha hecho todo a su alcance para favorecer a la empresa productiva del Estado.  

Vale la pena, empero, abordar el primer planteamiento de la propuesta oficial. ¿Qué dimensión adquiere el “beneficio del pueblo”? Por supuesto que se trata de una artimaña política más del presidente que ha utilizado por años para hacerse cercano a un gran sector de la población desatendido por la clase política nacional. Pero en estricto sentido ¿será una industria controlada por el Estado más amigable con el medio ambiente? ¿Tendrá un manejo de la red eléctrica que procure la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del suministro eléctrico? ¿Garantiza mejores precios al consumidor final? En suma ¿un sector eléctrico estatizado entrega más beneficios sociales que uno privado?

Sin filias ni fobias, el sector eléctrico en general está plagado de características que los economistas llaman fallos de mercado. Dicho de otro modo, el Estado debe intervenir para asegurarse que el beneficio social se alcance. No existe una receta única para contar con un sector saludable para la sociedad, pero el Banco Mundial advierte que existen patrones marcados.

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Los países más desarrollados por lo general prefieren dejar al sector privado las riendas del sector eléctrico. Esto sucede porque la demanda por el servicio eléctrico es creciente y requiere montos de inversión con un alto costo de oportunidad para los presupuestos públicos, lo cual se recrudece por la necesidad de acelerar la transición energética para cumplir con objetivos ambientales y crear condiciones de adaptación al cambio climático entre la población.

Si bien la calidad del servicio entre empresas públicas o privadas a nivel global no difiere de forma significativa, con frecuencia en países con menor ingreso la existencia de una empresa pública está asociada con mayores niveles de corrupción. Y, por último, los apagones son igualmente frecuentes, así como similares las tarifas eléctricas al consumidor final con independencia de que el servicio eléctrico esté en manos del Estado o los privados.

En un país en el que millón y medio de mexicanos no cuentan con servicio eléctrico y uno de cada tres hogares presenta condiciones de vulnerabilidad energética resulta aventurado interceder por un esquema sin intervención del Estado. Sin embargo, cuando el interés del gobierno no coincide con el de la sociedad la injerencia produce un fallo de gobierno, también con calamitosas consecuencias.

En un esquema de mercado el ejercicio técnico, autónomo e independiente produce instrumentos regulatorios que se implementan para corregir los fallos de mercado bajo rendición de cuentas. Por supuesto, son falibles y por ende perfectibles; esa fue justo la experiencia que observamos desde 2014 en la industria eléctrica de México.

Pero en un esquema de estricto control estatal, solo un soberbio o tartufo puede presuponer que una agenda política personal divisoria, desde la trinchera del desconocimiento de la evolución tecnológica y de interacción entre productores y consumidores en la industria y, más aún, colmada por el desdén hacia las futuras generaciones de mexicanos resultará en beneficios para “el pueblo”.