Necesidad de una nueva seguridad social

En mi opinión, México sí necesita hacer una reforma fiscal durante el próximo sexenio. No hacerla condenaría al país a la inercia en el mejor de los casos; y bajo escenarios más negativos se presentarían riesgos financieros.

De cualquier forma, existe casi un consenso de que hay rubros como salud, educación, seguridad pública, infraestructura, en los que gastar mejor no es suficiente, es necesario un mayor gasto público. Por ende, se tienen que ampliar los recursos disponibles y generar un espacio fiscal menos restrictivo.

Ojalá que, de ocurrir, México no se quede en una reforma fiscal estrecha, motivada solamente porque a la hacienda pública no le queda alternativa. Existen las circunstancias para buscar un replanteamiento profundo, que se entienda al sistema fiscal como el ancla de un contrato social moderno, a la Minouche Shafik¹. Esta reforma fiscal debe tener varios ejes, uno de los principales es una nueva seguridad social. Aquí presento cinco elementos que deben formar parte de la discusión y algunas consideraciones presupuestarias.      

Un sistema de cuidados. Se trata de un reto enorme para la seguridad social en México. Con la población mexicana envejeciendo aceleradamente, con grandes necesidades en la primera infancia y el olvido de personas con discapacidades, es un tema inevitable. La carga de los cuidados, además, tiene un sesgo de género. Una buena noticia es que el sistema de cuidados puede tener beneficios por una mejor participación de las mujeres en los mercados laborales y, así, contribuir al fisco. 

La Federación no va a tener el dinero para financiar un sistema de cuidados. Además, sus prioridades son otras, al menos en el corto plazo. Quizá los sistemas de cuidados deban ser responsabilidad de las entidades federativas, con algo de flexibilidad para atender las problemáticas locales. Sugiero evaluar un sistema de financiamiento vía modernización de los prediales y el Gobierno Federal apoyando a los estados más necesitados. 

Políticas públicas

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Mayor formalización. Se trata de una problemática antigua. El combate al “outsourcing” ayudó, igualmente el programa emergente para empleadas domésticas. Busquemos que la mayoría de los programas sociales ocurran vía el sistema de renta y con un registro federal de contribuyentes, o algo similar. Ésto traería bondades adicionales como un mayor control del gobierno, neteo de los programas sociales, mayor bancarización e, incluso, ayudaría a la seguridad pública.

Se puede transformar el subsidio al empleo actual en un impuesto negativo vía el sistema de renta. Los beneficiarios recibirían una transferencia directa. Una gran ventaja de estos instrumentos es que permite focalizar la ayuda respecto a segmentos poblacionales en los que hay particular interés en formalizar: jóvenes, madres solteras, adultos mayores, etcétera. Las experiencias de programas como “Earned Income Tax Credit” (Estados Unidos) son muy positivas.

El seguro de desempleo. Sus bondades son claras: Es un estabilizador automático para el sistema económico, ofrece certidumbre ante mercados laborales muy dinámicos, es un buen incentivo para la formalidad, dependiendo el formato puede reducir costos de ajuste para las empresas, genera piso de bienestar, etcétera. Pudiera ser administrado por la Secretaría del Trabajo.

La pregunta obvia brinca inmediatamente, ¿cómo lo pagaríamos? Se debe evitar volver más cara la formalidad. Creo que las cuotas que actualmente se le pagan al Infonavit pudieran emplearse parcial o totalmente para esto. No es la idea desaparecer al Infonavit, sí transformarlo².

Pensiones, enfrentar los dilemas. Es uno de los temas difíciles, con una economía política bien envenenada. Creo que la reforma de 2020 fue buena dadas las restricciones, sólo que se concentra en la contribución definida, lo que conocemos como administradoras de fondos para el retiro (afores). Respecto a la pensión no contributiva, tiene una enorme aceptación entre la población general, y se va consolidando respecto al contrato social que se perfila. La pregunta es qué hacer con el sistema de beneficio definido y la generación de transición.

No hacer nada implicaría presenciar dos sexenios más fiscalmente 'arranados'. Un gasto público en pensiones creciendo muy por arriba de la economía implica perder espacio fiscal, y esto se ha visto reflejado en gasto público en salud, educación, seguridad pública, infraestructura, etcétera. Se deben considerar varias políticas públicas. Desde las sencillas, como quitar la “Modalidad 40” y revisar los tramos exentos de impuestos en la Ley de ISR, hasta unificar todo el sistema³.

Sistema de salud y su financiamiento. Quizá el tema de seguridad social más urgente y complejo. No existe un solo diseño posible, de cualquier forma es importante reconocer las condiciones de partida. El gasto público en salud ronda el 2.8% del PIB en México, ridículamente bajo en comparación con países de un ingreso similar. Un sistema altamente fragmentado y una cobertura real muy baja dificultan aún más la situación.

Probablemente veamos al IMSS como el jugador más importante del sistema de salud mexicano. Los recientes incrementos en la masa salarial le han ayudado a tener mayores recursos vía cuotas. La formalización laboral y la expansión del sistema de renta deben consolidar esta tendencia. ¿Qué sigue? Un IMSS especializado en servicios de salud, que no pierda atención y recursos con problemas de pensiones o el sistema de cuidados.

Otro paso natural es que el ISSSTE se integre al IMSS, lo mismo que los servicios de salud de PEMEX. Tener un sistema de salud público integrado para todas las personas con empleos formales. El IMSS sería responsable con un doble rol: proveedor y financiador en caso de servicios contratados a terceros.

Idealmente el número de familias no cubiertas por el sistema formal debería ir bajando. De cualquier forma es importante tener un sistema robusto que ayude a la transición, lo que en su momento se intentó con el Seguro Popular, después con el INSABI y ahora con el llamado IMSS-Bienestar. Es probable que las entidades federativas tengan que involucrarse con financiamiento y, quizá, la atención de primer nivel. Segundo y tercer nivel de los servicios de salud requerirían financiamiento del Gobierno Federal. Mientras el sistema de pagos esté bien definido, se puede trabajar con proveedores disponibles tanto públicos como privados.

Corolario. Una nueva seguridad social es parte fundamental de la reforma fiscal. Con un buen diseño no solo mejoraría el sistema fiscal, mejoraría el bienestar y la calidad de vida de amplios sectores de la población.