La instrucción de reducción de 75% en gasto operativo a centros públicos de investigación, así como recortes a otras instituciones científicas y académicas públicas (y a todo el gobierno federal), ha creado una fuerte preocupación en la comunidad académica y científica.
Como expresó el Director del CIDE, nos pone en una economía de guerra en tiempos de una crisis global. Aquí pretendo una reflexión, con miras al futuro. Mi punto es que los recursos son indispensables, igualmente relevante o más, es la certidumbre institucional.
Sin duda, todos debemos ser sensibles a las presiones que enfrenta el gobierno federal ante la situación que afecta al país por distintos flancos. Habrá que apretar cinturones y a la par buscar soluciones. En este trance, es importante que el gobierno sea parte de la solución, no del problema.
No pienso poner el grito en el cielo. Pero cuales sean las motivaciones últimas de los responsables de la política pública, es necesario hacer ver, expresar, los costos de las decisiones. Aquí me refiero al sistema de centros públicos de investigación (CPI), 27 organizaciones de excelencia bajo la tutela de Conacyt dedicadas a distintas áreas del conocimiento, por ejemplo: química aplicada, electroquímica, medio ambiente, ciencias materiales, biotecnología, astronomía, ciencias sociales y humanidades.
Si tienes dudas del impacto y rendimiento social de este sistema, busca las redes donde publican sus principales investigadores y donde se colocan los egresados. La misma directora de Conacyt señaló que son la columna en el desarrollo de la ciencia del país. A este sistema hay que sumar otros centros de excelencia, que no son parte de éste pero funcionan de forma similar, como el Cinvestav y el Colegio de México. Son además, canales probados de movilidad social.
Del grupo, el CIDE se ha dado a ver en prensa. Hasta parece que el problema sólo se refiere al CIDE. De lo publicado por propios y generosamente por amigos de la institución, mis colegas Guillermo Cejudo, Sandra Ley y Javier Martín Reyes de forma elocuente y sucinta explican ¿Por qué importa el CIDE? Yo no tengo nada que añadir a lo que han escrito. La institución ha caminado bien por mucho tiempo; nunca ha sido fácil, a veces a contracorriente.
Otro centro especializado en ciencias sociales es el Colegio de la Frontera Norte, un referente en los estudios de migración, relaciones transfronterizas y políticas públicas en el norte del país. Los ajustes implicarán reducciones drásticas para la movilidad de su personal en sus ocho sedes, tendrán dificultades para solventar los gastos de agua y luz, y las condiciones para la emergencia sanitaria se verán afectadas. Ellos esperan impacto en la investigación, la formación de recursos humanos y actividades de la vinculación con la comunidad académica y con los sectores sociales de la frontera.
El Instituto Mora, especializado en ciencias sociales y humanidades, es relativamente pequeño; con 70 investigadores ha hecho (me consta) un trabajo de alta calidad en investigación y formación de especialistas. En los últimos años lograron un crecimiento sano y eficiente. Las afectaciones en becas, presupuesto de publicaciones, contratos para servicios de cómputo, biblioteca, licencias de software se dejan sentir.
El CIESAS es un centro principalmente de antropología, cuya investigación se enfoca en grupos vulnerables, violencia, desapariciones forzadas, abusos y corrupción local, por mencionar algunos temas. Ahora atraviesa una situación “al borde de la parálisis”. Por ejemplo, las restricciones a recursos destinados a viáticos, significa parar el trabajo de campo, el cual es indispensable en su área. En el último año, se han dedicado a buscar alternativas, pero la misma incertidumbre las ha mermado. Su Director ya renunció.
Una muy reconocida institución de abolengo en ciencias sociales es el Colmex, no es parte de los CPIs, pero es similar. A pesar de su condición autónoma, los recortes están afectando drásticamente gasto corriente y becas. En su área de historia, los académicos crearon fondo solidario para sus becarios, de sus bolsillos. No obstante, la autonomía le ha permitido sobrellevar algunas disposiciones administrativas.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, es un organismo público descentralizado, en el ámbito del IPN, especializado en ciencia y tecnología. Tiene más de 600 investigadores. Ellos contemplan que el recorte retrasaría el desarrollo del posgrado de los más de 3,000 estudiantes. También comprometería el cumplimiento de compromisos de investigación adquiridos, algunos con financiamiento internacional. Por ejemplo, pruebas de detección del SARS-CoV-2 para personal médico de hospitales públicos y dependencias federales; ensamblaje y distribución de más de 60 mil reactivos de purificación de ARN viral (para la detección del virus) al InDRE y diferentes hospitales públicos del país; desarrollo de un dispositivo portátil para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en suero, y otros proyectos dirigidos a combatir el COVID19.
No me extiendo a otros centros, como el Instituto Nacional de Ecología que está enfrentando una situación crítica para mantener sus áreas experimentales. Las grandes universidades públicas no se quedarán atrás, como reflejan los recortes a la UAM.
Problemas saltan al paso. Además de que haya menos recursos para investigación y se afecte el funcionamiento de las instituciones, desde el año pasado se están perdiendo empleos de personal de apoyo. Ahora están en juego becas y caerá el gasto en consumibles básicos. Es una porción minúscula del presupuesto público, con efectos regresivos graves sobre muchas personas.
Asimismo, hay dudas generalizadas que ese poco dinero ayude a solventar los problemas nacionales. Hay una percepción de que los recursos tendrán un destino político clientelar, en el mejor de los casos. No me extraña que esta idea se propague, de buena fe esperamos que esté errada.
En esta situación, las instituciones académicas públicas tienen un reto para salir adelante. Por ejemplo, muchas ya financian con fondos externos, nacionales e internacionales, parte de su investigación y enseñanza altamente especializada. A este paso, ampliar esos fondos será necesario, pero esto no ocurre de forma inmediata, ni en el corto plazo.
La opción de aumentar la participación privada es posible y viable, estamos preparados para ello, pero no es trivial. Los proyectos de investigación tienen maduración de largo plazo, a diferencia de los proyectos privados. También requieren de altos costos hundidos y capital semilla. Más aún, esto será difícil si el gobierno impone un marco normativo barroco y cambiante.
En estos momentos de sequía de recursos, es importante que el gobierno pueda garantizar certidumbre legal y normativa a las instituciones, así como flexibilidad para resolver. Desde que inició esta administración todo el sector público ha vivido una contradanza de desaguisados administrativos y legales. No es un secreto (francamente yo no entiendo por qué ha sido así). Sumemos ocurrencias kafkianas, como pedir declaración patrimonial a docentes que no manejan un centavo de recursos públicos. Nada ayuda el insólito discurso anti-ciencia, que oscila entre la agresión y lo pintoresco.
La certidumbre institucional es indispensable para el funcionamiento de cualquier organización pública o privada. Más allá de qué tan escasos sean los recursos, la investigación necesita certeza para administrarse en horizontes de tiempo razonables, así como flexibilidad para resolver los problemas. El mismo Conacyt la requiere para gestionar becas y proyectos en el mediano plazo. Esto no es pedir, es trabajar por México.
* Este texto es la opinión del autor y no refleja ninguna discusión ni postura institucional.
