La política fiscal como espejo del deterioro institucional

Tener un presupuesto aprobado en tiempo y forma no es solo una buena práctica administrativa: es una prueba de que las instituciones funcionan. Cuando ese proceso se interrumpe -por cálculo político, polarización o simple desinterés- no solo se pone en riesgo la disciplina fiscal, sino la idea misma de un Estado capaz de cumplir sus propias reglas.

Y es que el presupuesto de un país es mucho más que una hoja de cálculo: es la traducción en números de su proyecto. De él dependen el crecimiento, la inflación, la inversión pública y la confianza de los mercados. Por eso, su elaboración debería seguir un calendario claro, objetivos definidos y una mirada de mediano plazo.

Instituciones como el FMI y la OCDE lo han dicho con insistencia: un presupuesto oportuno y creíble es una de las herramientas más efectivas para anclar la estabilidad macroeconómica. Muchos países lo entendieron así y adoptaron reglas fiscales para contener el déficit y la deuda. Pero los últimos años -pandemia, crisis energéticas, inflación persistente- pusieron esa disciplina a prueba. Las reglas se relajaron, los procesos se alargaron y los acuerdos políticos se volvieron cada vez más esquivos.

Los ejemplos abundan. En Italia, el presupuesto de 2023 se aprobó a último momento, el 29 de diciembre de 2022, acompañado de medidas fiscales urgentes por decreto. Un año después, en Francia, el intento del primer ministro Michel Barnier de forzar la aprobación del presupuesto terminó con la censura de su gobierno y con el país operando bajo el presupuesto anterior, prorrogado por decreto.

En España, el gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado aprobar un nuevo presupuesto desde 2023. Hoy el país sigue funcionando con cuentas prorrogadas, bajo una legislatura que no ha votado sus propias prioridades fiscales. En Estados Unidos, el gobierno permanece parcialmente cerrado desde el 1º de octubre por falta de acuerdo sobre las doce leyes que financian el gasto discrecional. Desde 1976, ha habido más de veinte shutdowns; el más largo, durante la primera administración de Donald Trump, paralizó al gobierno durante 35 días.

Economía

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Estos retrasos no son meros problemas técnicos: son síntomas visibles de la parálisis política. Cuando un Congreso o Parlamento no logra acordar el gasto público, lo que falla no es la contabilidad, sino la voluntad de ejercer el poder con responsabilidad. En muchos casos, la parálisis no es un accidente: es una estrategia para bloquear al adversario, demostrar fuerza o simplemente desgastar al gobierno de turno.

El presupuesto se convierte en rehén de la política, y la política, en espectáculo. Lo más preocupante no es la falta de acuerdos, sino la pérdida de respeto por las instituciones mismas. Se habla de transparencia y responsabilidad fiscal, pero se ha normalizado que las reglas se estiren o se suspendan cuando conviene políticamente. En democracias fatigadas, el cumplimiento de la ley se volvió negociable, y el presupuesto, un instrumento de poder más que de planeación.

Sin un presupuesto aprobado, los gobiernos pierden capacidad de planear inversiones y programas; los mercados internacionales cuestionan su solvencia fiscal; y los organismos multilaterales dudan de su credibilidad. Pero el costo más grave no es financiero, sino institucional: cada retraso erosiona la confianza ciudadana en la democracia.

Los mercados, por su parte, parecen haberse acostumbrado a la disfunción. No reaccionan porque asumen que el caos es temporal, que alguien -eventualmente- arreglará las cosas. Pero ese cálculo tiene algo de cinismo: apuestan a la resiliencia de las instituciones, justo cuando esas instituciones están dejando de ser resilientes.

El riesgo no es la volatilidad financiera, sino la indiferencia colectiva ante el deterioro institucional. Blindar los procesos presupuestarios, exigir responsabilidad fiscal y defender la previsibilidad no son consignas tecnocráticas; son condiciones mínimas para que el Estado cumpla su promesa.

El llamado, entonces, es claro: recuperar la seriedad del presupuesto, no solo aprobarlo a tiempo, sino hacerlo con objetivos creíbles, con sentido de país y con responsabilidad. Y de ser posible, recuperar la seriedad de las instituciones.

La disciplina fiscal no es una obsesión de economistas ni una exigencia de los mercados: es una forma de proteger el futuro colectivo. Cada crisis financiera del último medio siglo, desde América Latina en los 80's hasta Europa después de 2008, ha recordado el mismo principio: cuando las instituciones dejan de imponer límites, la factura la paga la sociedad entera.

La transparencia, la rendición de cuentas y la previsibilidad no son lujos: son mecanismos de defensa democrática. Porque en última instancia, no se trata solo de tener un presupuesto responsable, sino de contar con instituciones fuertes. La estabilidad económica y democrática depende de reglas que se cumplan, de procesos que se respeten y de gobiernos que rindan cuentas.

Cuando las instituciones se debilitan, el costo no es inmediato, pero es profundo: se pierde confianza, se erosiona la credibilidad y se desdibuja el rumbo. El reto no es volver a hablar de responsabilidad fiscal, sino volver a creer en las instituciones que sostienen al Estado. Porque sin ellas, ningún plan de país -por más ambicioso o bien intencionado que sea- puede sostenerse en el tiempo. Las instituciones no se rompen de golpe; se desgastan lentamente, de tanto que las tratamos como si fueran eternas.