Retroceso histórico
Desde que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide el acceso a los servicios de salud de la población en México no se había registrado una caída tan grande en este derecho social clave como la ocurrida en los últimos años.
Tras prácticamente dos décadas de continuos avances en la cobertura del sistema de salud ésta se redujo de 83.3% en 2015 a 78.5% el año pasado, lo que significa que en 2020 cerca de 27 millones de personas no contaban con derecho a atención médica, un incremento de más de 6.5 millones respecto a la población sin este servicio cinco años atrás.
El aumento en la carencia de acceso a servicios de salud no es atribuible a la pandemia o a la forma de recabar la información, sino muy posiblemente a la fallida reorganización que extinguió al Seguro Popular sin tener un remplazo sólido de este esquema.
El INEGI, generador de la información que utiliza el CONEVAL, captó la cobertura del sistema de salud en marzo de 2020, justo antes de que éste comenzara a sufrir presiones extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19. En otras palabras, el acceso a los servicios de salud que se registró el año pasado aún no era afectado por la emergencia sanitaria.
Tener acceso a servicios de salud significa que una persona cuenta con la oportunidad de obtenerlos de una institución pública o privada a la que está inscrita o afiliada, o no haber dejado de recibir atención médica por causas atribuibles al sistema de salud. No es un asunto de mera percepción subjetiva.
Para obtener esta información, el INEGI le pregunta a las personas si están afiliadas o tienen derecho a servicios médicos por parte de instituciones como el IMSS, el ISSTE, el Seguro Popular o el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), entre otras. El acceso al INSABI es preguntado explícitamente, de forma que no hay omisión de este organismo al contabilizar el acceso a los servicios de salud.
En 2020, diecinueve estados estaban en transición del Seguro Popular al INSABI y trece entidades federativas funcionaban bajo este último. Para recibir atención del INSABI no se requiere afiliación formal, sino sólo una identificación oficial, de forma que responder que no se tiene derecho a él parece extraño, pero puede significar varias cosas, todas ellas preocupantes en algún grado.
Lo más sencillo es suponer que las personas están al tanto de haber perdido el Seguro Popular, pero no saben que cuentan con el INSABI. Esta idea es algo extraña, pues implícitamente plantea que en el acto de informar que ya no pertenecen a una institución no se les habría mencionado la cobertura de otra. Esto, al menos, es una falla de comunicación social severa.
Otra posibilidad es que hayan existido fallas operativas que impidieron que el simple acto de identificarse ante el INSABI para recibir atención médica se haya erigido en una barrera infranqueable para hacer valer el derecho al acceso a los servicios de salud. Operadores del sistema que desconocen como tratar a sus usuarios, o derechohabientes que no tienen los medios para obtener su CURP, INE o acta de nacimiento, serían ejemplos de esta situación, los cuales parecen plausibles en áreas de extrema pobreza.
Finalmente, una explicación que habría que explorar particularmente es que el sistema de salud no recibió los recursos necesarios para brindar la atención a la que las personas saben tienen derecho, en particular lo que permanece del Seguro Popular así como lo que ha nacido del INSABI.
En 2019 el gasto en salud sufrió una reducción real de cerca de 10 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad fueron al esquema Seguro Popular/INSABI, de acuerdo al análisis de México Evalúa. Por otro lado, en el primer trimestre de 2020, el IMSS y el ISSTE subejercieron su presupuesto, compensando el sobreejercicio de la Secretaría de Salud. De esta forma, ni el presupuesto, ni el ejercicio del gasto, favorecieron al sector.
En justicia, cabe mencionar que el deterioro en la cobertura del sistema de salud comenzó antes de la actual administración. De 2016 a 2018 ésta había disminuído 0.7%, Sin embargo, la caída en 2019 y hasta el primer trimestre de 2020 fue casi seis veces mayor.
Sin duda, en materia de salud el presente gobierno está haciendo historia, de la que quisieramos no ocurriera.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
