Privatización de la salud
En los últimos años el derecho al acceso a los servicios de salud ha sufrido el más fuerte deterioro del que se tenga registro. La publicación de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) aclara algunas de las razones de tal deterioro, pero sobre todo muestra una de sus consecuencias más notables, un aumento nunca antes visto de la de atención de los problemas de salud por el sector privado.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó el año pasado que entre 2018 y 2020 aumentó del número de personas sin derecho al acceso a servicios de salud, ya sea públicos o privados, de 20.1 a 35.7 millones. Si bien el incremento en esta carencia comenzó desde 2016, ésta se acentuó poco antes de que se presentaran las secuelas de la pandemia y se profundizó con ellas.
La transición del Seguro Popular al INSABI y los problemas derivados de la atención al COVID-19 están asociados al deterioro del derecho al acceso a los servicios de salud. Por una parte, es posible que la población desconociera cómo acceder al nuevo esquema o que este fallara al momento de demandársele los servicios. Por otra, es factible que el sistema de salud estuviera de tal manera concentrado en la pandemia que tuvo que dejar sin atención otros padecimientos.
La ENSANUT que registra lo ocurrido en 2020 muestra que un porcentaje muy reducido de personas que no buscaron atención a sus problemas de salud procedieron de esta forma por considerar que no había donde atenderse (4%). Así, no parece haber sido el desconocimiento de cómo acceder a los servicios de salud lo que la llevó a declarar que no se contaba con tal derecho.
De entre quienes buscaron atención a sus problemas de salud y no la recibieron, la mayoría (30%) estuvo asociada a que las unidades médicas no podían proveer el servicio solicitado. A otro 20% se le pospuso el servicio o se le dijo que este no era urgente. Quienes no tuvieron acceso al servicio porque sus unidades médicas sólo atendían COVID-19 representó el 20%. De esta forma, al menos la mitad de la falta de atención a los problemas de salud no estuvo directamente relacionada con la pandemia.
La falta de respuesta de los servicios públicos de salud empuja a la población a recurrir al sector privado. Esto ya ha ocurrido de forma significativa anteriormente. Entre el año 2000 y 2006, en el arranque del Seguro Popular, la población que recurría preferentemente a los servicios privados para atender sus problemas de salud aumentó de 27.4% a 37.6%. Este incremento se moderó notablementa una vez que el Seguro Popular cuadruplicó el número de sus afiliados entre 2006 y 20012. De esta forma, el uso de los servicios privados de salud se contuvo en 38.9% en este último año.
Sin embargo, entre 2012 y 2019, el Seguro Popular redujo fuertemente su expansión en comparación con los años anteriores, y en este último año se anunció su desaparición. Esto estuvo asociado a que la población preferentemente usuaria de los servicios privados de salud llegara al 43.2%. Sin embargo, el mayor incremento en esta proporción estaría aún por venir.
Entre 2019 y 2021, el uso de servicios privados de salud pasó de 43.2% a 54% de la población, el mayor incremento registrado desde que se levanta la ENSANUT. En algunas regiones del país, como la que conforman los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, el uso preferente de los servicios privados llega a casi dos tercios de la población.
Por diseño o por descuido, en los últimos nueve años, el deterioro en el sistema público de salud, con la pérdida de derechos que eso conlleva, ha empujado a la mayoría de la población a tener que pagar directamente por la atención de sus padecimientos al sector privado. Por esta vía, no falta mucho para consumar una de las privatizaciones más “exitosas” de la historia.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
