Distribución factorial del ingreso
La proporción que representan las remuneraciones a los asalariados en el PIB se ha incrementado notablemente en los últimos años, lo que parece mostrar el fortalecimiento del poder de negociación del factor trabajo respecto al capital.
Esta situación, que sin duda tiene aspectos positivos para procurar una menor desigualdad en la economía, sin embargo, tiene importantes limitaciones al no estar sustentada en una mayor productividad laboral y una mayor competencia en los mercados.
Entre 2018 y 2021 la proporción que representan las remuneraciones a los asalariados en el PIB aumentó de 26.3% a 28%, de acuerdo a cifras preliminares del INEGI. Esto significa que, aún estando de por medio una severa crisis económica, las remuneraciones medias reales en los sectores no agropecuarios aumentaron 3%, si bien el personal ocupado se redujo 4.5%.
Pese a que el aumento en las remuneraciones medias no han compensado la pérdidad de empleo, la disminución relativa de las ganancias de las empresas, medidas bajo el concepto de excedente bruto de operación, contrasta con lo ocurrido con la participación de los salarios en el PIB. Estas ganancias pasaron de representar el 48% del PIB en 2018 a 45.7% en 2021.
Aunque la proporción que representan los salarios en el PIB en México se haya incrementado, ésta se encuentra lejos de lo que alguna vez alcanzó hace más de cuatro décadas (cerca de 40%) y de lo que ocurre en el promedio de los países desarrollados (60%). Incluso en algunos países de América Latina, como Chile, la proporción de los salarios llega a superar el 40%.
Las remuneraciones a los asalariados representan el principal ingreso de la mayor parte de los hogares en México, por lo que su aumento relativo es una buena noticia para cimentar una economía con una menor desigualdad en los ingresos, si bien el mero aumento de la proporción de los salarios en el PIB no es garantía de alcanzarla.
Al menos hay dos posibles explicaciones para el mayor peso de las remuneraciones a los asalariados dentro del PIB. La primera, correspondería a un aumento en la productividad del trabajo dentro de una economía con mayor competencia en los mercados. Esto último permitiría que la mayor productividad se trasladara a mayores remuneraciones a los trabajadores, en vez de quedarse en manos de empresas con poder de manipulación de precios.
Esta explicación, sin embargo, no parece factible. Por una parte, no hay señales de que exista algún cambio notorio en las condiciones de competencia de las empresas en los mercados, ni internamente, ni con el exterior. Por otra, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía del INEGI registra una reducción en la productividad del trabajo de 7.5% de 2018 a 2021.
La segunda explicación consiste en que la política laboral, en particular la de aumentar significativamente los salarios mínimos reales y de imponer severas limitaciones a la subcontratación (outsourcing), han aumentado el poder de negociación de parte de la fuerza de trabajo, evitando que las pérdidas en los ingresos laborales sean tan fuertes como las de las ganancias empresariales.
Esta política laboral se ha combinado con la percepción empresarial de que el nivel de inseguridad pública, la incertidumbre política interna y la falta de cumplimiento de las leyes no son propicias para el crecimiento de la actividad económica, de acuerdo a la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado levantada por el Banco de México.
En suma, la adversidad para invertir y la política laboral han mejorado el poder de negociación del trabajo frente al capital. Desafortunadamente, esta es una fórmula que da magros dividendos a los trabajadores, pues la forma sostenible de aumentar su participación en el ingreso nacional requiere de más inversión que aumente su productividad y de una mayor competencia que limite el poder de mercado de las grandes empresas.
Nos encontramos, entonces, ante una economía con pocas posibilidades de sostener una profunda y duradera redistribución del ingreso.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
