Ciencia, ética y políticas públicas

09-02-2022 10:26

El señalamiento de que funcionarios de la Ciudad de México difundieron información falsa, que dio un aura de rigor a acciones de salud del gobierno capitalino, y con un evidente conflicto de interés, ha puesto en la mira una de las más cuestionables políticas públicas locales: el reparto masivo de medicamentos no pensados para atender COVID-19, pero planteados como un posible tratamiento para la enfermedad, entre 2020 y 2022.

El señalamiento lo hace el repositorio de documentos de investigación SocArxiv donde un estudio de los funcionarios fue colocado. La falsedad que detecta es que la ivermectina, medicamento antiparásitos, mitiga las hospitalizaciones en los contagiados. Señala, además, que el documento justifica un programa de gobierno carente de ética que no solicitó el consentimiento informado de los participantes. Finalmente, enfatiza el conflicto de interés de quien es juez y parte al evaluar una política pública (por ejemplo, la Secretaria de Salud de la ciudad es responsable del reparto del medicamento y coautora del trabajo).

Los funcionarios, como autores de un estudio que pretende rigurosidad científica, tienen a su alcance un respuesta contundente para acallar a sus críticos: publicar su documento en una revista especializada, tras el debido dictamen de los expertos en la materia.  El gobierno de la ciudad no la tiene tan fácil ¿Cómo es posible que una política pública, que involucra delicadas acciones de salud,  haya procedido con escasa evidencia sobre sus posible efectos y sin el consentimiento expreso de los involucrados?

Un factor a considerar en las acciones emprendidas es el clima de emergencia que privaba en 2020 al tomarse la decisión de incluir la ivermectina, junto con azitromicina (antibiótico), en los kits entregados a pacientes ambulatorios. La Secretaría de Salud de la ciudad, en una nota informativa tras el descalabro del estudio, afirma que procedió con la información disponible ponderando el riesgo y el beneficio de su actuar ante la ausencia de vacunas y tratamientos probados.

Sin duda, en condiciones extraordinarias hay que tomar medidas fuera de lo común, pero lo dicho por la Secretaría de Salud al menos debería abrir un intenso debate sobre si la evidencia que se consideró era adecuada, y si ponderaron debidamente los riesgos de entregar los medicamentos (desde aumentar la resistencia de infecciones por el uso de antimicrobianos hasta posibles dosis dañinas) respecto a los inciertos beneficios.

Lo que es menos propenso a la discusión es que al dar medicamentos con alguna probabilidad de efectos adversos, y que no están diseñados para atender el padecimiento en cuestión, quien debe expresamente aceptar el riesgo de tomarlos es el paciente. Para ello es indispensable que conozca sus posibles beneficio y efectos secundarios. Esta aceptación es rutinaria en una consulta médica, pero no ocurrió  en el reparto de kits.

La Secretaría de Salud afirma que los medicamentos en cuestión fueron entregados por personal de salud con instrucciones médicas, pero no establece que hubo aceptación expresa de los receptores con información completa de lo que la intervención significaba. En la documentación del contenido de los kits sólo se incluía el nombre de los medicamentos y las dosis a tomar. El reparto debía haber incluido  información por escrito de la siguiente naturaleza:

“El gobierno de la Ciudad de México le está proporcionando medicamentos sin efectos probados contra el COVID-19, pero que considera es posible le sean de ayuda.  Le recomendamos consultar a su médico para que evalúe los riesgos de su administración. La decisión y responsabilidad final de tomarlos es suya.”

Esto representa un mínimo de ética, y, por supuesto, que el interesado firmara el reconocimiento de tal información.