De cara a la COP 26, México rezagado en América Latina en generación de energías limpias

Las matrices energéticas en América Latina son, en algunos casos, de las más adelantadas en la transición mundial; sin embargo México es uno de los países con menor avance.
31 Octubre, 2021 Actualizado el 31 de Octubre, a las 20:00
Inauguración de la COP 26 en Glasgow, Reino Unido. (Foto: @COP26)
Inauguración de la COP 26 en Glasgow, Reino Unido. (Foto: @COP26)
Arena Pública

América Latina llega a la cumbre sobre el Cambio Climático 2021 (COP 26) con un panorama variopinto, pero México va a la cola.

A finales del año pasado, México hizo públicos sus Compromisos Determinados Nacionalmente (NDC, por sus siglas en inglés) en los que se compromete a reducir 22% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% las de carbono negro para el año 2030, además del objetivo de generar 35% de electricidad con base en energías renovables hacia 2024. 

El caso mexicano es relevante porque tiene una de las participaciones más altas en la emisión de gases de efecto invernadero de la región por el tamaño de su economía y su población, pero a la vez es una de las economías de la región que con mayor lentitud ha llevado a cabo la transición energética. Transición que ha generado una mayor preocupación recientemente debido a la reforma energética enviada por el presidente López Obrador al Congreso.

Si bien para 2021 la matriz de generación de eléctrica mexicana (la combinación de fuentes de energía primaria) es de 31.54% de energías limpias, cerca de la meta de 35% para 2025, el proceso ha sido muy lento en comparación con economías cuyas matrices energéticas desde la década pasada, o incluso antes, ya son mayormente de energías limpias. 

El caso más importante es el de Brasil, la mayor economía regional y una de las mayores del mundo, cuya matriz de energía eléctrica alcanza un 83% de participación de energías limpias muy superior al índice mundial de 28.4 %. Brasil es, además, el tercer país del mundo con mayor capacidad instalada de energías renovables, con un total de 144 GW (hasta 2019), sólo por detrás de China (789 GW) y los Estados Unidos (282 GW).

El gigante sudamericano cuenta con una inigualable ventaja que no ha desaprovechado: el Amazonas, el río más caudaloso del planeta. La potencia del cuerpo fluvial ha permitido que la matriz energética de Brasil tenga una participación de energía Hidroeléctrica del 64.9%, cuatro veces por encima de los dos siguientes tipos de energía prioritarios la Eólica (8.6%) y la Biomasa (8.4%) de la que Brasil es pionera en investigación y desarrollo. 

Por el tamaño de su mercado eléctrico nacional, a México le sigue Argentina cuyo porcentaje de generación eléctrica limpia es de 36.9%, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) -el regulador eléctrico argentino-. Nuevamente es mayor al mexicano, sin embargo, la brecha es relativamente pequeña  e incluso se vuelve menor al caso mexicano si se elimina el 4.51% de energía nuclear -aún polémica por sus potenciales impactos ambientales- que produce Argentina con sus tres plantas.

En este caso, nuevamente la energía hidroeléctrica es la mayoritaria con 27.72% de la capacidad de generación instalada en el Sistema Argentino de Interconexión, aunque con la diferencia al caso de Brasil de que la participación solar, eólica y de otros tecnologías no alcanza para ninguno más del 1%.

Otros países comparables con México -aunque por debajo por el tamaño de su economía- son Colombia, Perú y Chile, cuyos mercados eléctricos también se encuentran muy por encima de la participación de renovables del sistema eléctrico mexicano con una generación limpia de 68.0%, 59.1% y 53.3%, respectivamente. En los tres casos las hidroeléctricas también son las mayoritarias con una participación en la capacidad instalada de 68.3%, 55.0% y 24.0%, respectivamente. 

Pese a ser el país con la menor participación renovable entre los tres, el caso chileno destaca por una mayor diversificación de la matriz energética; pues la solar tiene un 17.8% y la eólica 9.9%. Sin embargo, Chile también es uno de los países latinoamericanos con alto porcentaje de capacidad termoeléctrica en base a carbón, una de las tecnologías más contaminantes, con 17.8%, compartiendo el segundo lugar con la generación de energía solar. 

El caso chileno es especialmente grave debido a que, a pesar que desde 2015 se ha disparado la capacidad instalada de generación de energía solar y eólica, el porcentaje de generación por combustibles fósiles -liderado por el carbón- apenas se ha movido a lo largo de cinco años, mientras que la generación hidroeléctrica sí ha disminuido, por lo que los legisladores chilenos han discutido la posibilidad de apresurar el abandono de las plantas de carbón lo antes posible.  

No obstante, no es el único país con problemas en su transición. Pese a su notorio avance, Perú también busca apresurar el abandono de sus plantas de generación fósiles, principalmente a base de gas natural, algo que junto a Colombia y Bolivia comparte como reto de los países andinos, pues su topografía hace complicada la instalación de energía solar en su territorio y más aún bajo políticas estatales acusadas de priorizar las licitaciones de energías fósiles.

En el caso de Perú apenas el 6% de la generación renovable es solar, eólica o de biomasa, mientras en Colombia y Bolivia no llega al 1%, muy por debajo de la diversificación de la matriz mexicana con 17.5% de energías limpias renovables, sin considerar la hidroeléctrica. 

¿Qué dice la experiencia latinoamericana a México? 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que su propuesta de reformar el sector eléctrico sea antiecológica como ha sido acusado, pues destaca que incluye un fuerte proyecto de renovación de 16 grandes centrales hidroeléctricas con lo que quiere fortalecer a esta tecnología como punta de lanza de la transición energética mexicana. 

La propuesta de López Obrador es, en opinión de los expertos, posible a largo plazo pero no exenta de riesgos. Primero, debido al fuerte financiamiento que deberá darse al proyecto para llevarse a cabo y, segundo, -señalan- porque podría causar una menor diversificación de la matriz energética.

Para los opositores a la iniciativa presidencial estos riesgos se derivan de los nuevos límites impuestos a la participación de la iniciativa privada en la generación eléctrica nacional y la eliminación de incentivos para nuevas inversiones de este tipo; pues más allá de las hidroeléctricas, la mayoría de la generación renovable -principalmente eólica y solar- está en manos de privados. 

No obstante, la participación de privados en la generación de energía eléctrica es un tema polémico a nivel mundial dado que su eficiencia no es, necesariamente, garantía de una mayor velocidad de transición, ni tampoco de una mayor eficiencia para los sistemas eléctricos nacionales. 

El caso de Brasil es nuevamente el ejemplo. El sistema eléctrico brasileño tiene participación mayoritaria, hasta el momento, de la empresa de electricidad estatal Eletrobrás que es dueña de la inmensa mayoría de las centrales hidroeléctricas del país sudamericano. En menor escala, pero con incluso mayor eficiencia y diversificación, está Uruguay, cuya matriz depende en 96% de energías limpias y es generada por las plantas del monopolio estatal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

Del lado de los países que apuestan por mayor participación de privados, están el caso chileno, colombiano, argentino y peruano cuya totalidad de la generación es privada y tienen un desempeño muy diferente, siendo el más propicio el chileno por su diversificación, el peruano el menos diversificado, y el argentino el de menor avance en su transición. En la diversificación participan de manera relevante las empresas privadas, pues Brasil, México y Chile son los países que hasta 2018 lideraban la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector energético y también las que tienen matrices de energía limpia más diversificada, tuvieran o no una empresa estatal de electricidad en el liderazgo del mercado. 

México ha optado por el modelo de liderazgo estatal en la política energética, garantizando en la iniciativa de reforma una participación del 64% -el doble de la participación actual de la brasileña Eletrobras- para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima del 46% permitido a los privados. Algunos expertos advierten que esto podría limitar la velocidad con que se generan nuevas plantas de energía limpias al cortar de tajo una importante fuente de financiamiento.

Para evitarlo, el presidente busca revertir la tendencia de caída en la producción hidroeléctrica con su plan de renovación para lo que, en lugar de recurrir al financiamiento privado, ha optado por un primer préstamo de 200 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que incluye asesoramiento de la empresa estatal Eletricité de France, la más exitosa de su tipo en el mundo. 

Según se ha informado, en la COP 26 el gobierno mexicano a través de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores -en representación del Presidente- hará un nuevo llamado para que los países desarrollados aumenten el financiamiento internacional a fin de que los países en desarrollo puedan cumplir con sus objetivos climáticos, en alusión al fondo por 100 mil millones de dólares ofrecidos en 2015.